Más del 90% de los campesinos, desplazados o en abandono de tierras, que han sido beneficiados con el subsidio de vivienda rural no han recibido el aporte, a pesar de los fallos judiciales y de ser población priorizada.
“De 1.489 órdenes de vivienda priorizadas durante las vigencias 2018 y 2019, se evidenció que Fiduagraria, entidad ejecutora de los subsidios de vivienda rural, presenta un rezago de 1.392 peticiones, lo que equivale a un incumplimiento del 93% a las órdenes judiciales en esta materia”, aseguró la Procuraduría General de la Nación.
El Ministerio Público hizo solicitó a María Cristina Zamora Castillo, presidenta de Fiduagraria, entidad ejecutora del contrato y encargada de la entrega de los subsidios, para informar del avance del programa. También solicitó al Banco Agrario y al Ministerio de Agricultura aclarar las razones del rezago.
La Procuraduría solicitó cambios en la política de vivienda rural y restitución de tierras para que se pueda ejecutar con mayor efectividad el programa. Así mismo, aseguró que es necesario dar cumplimiento a los fallos de los jueces de restitución de tierras que “en 19.455 casos han ordenado proteger y cobijar con ese beneficio a familias de campesinos víctimas de abandono y/o despojo de tierras”.
La Corte Constitucional ya había solicitado al Gobierno en la sentencia C-588/19, para que creara un nuevo régimen, extendido hasta el 2030, con un andamiaje que permitiera la restitución de los derechos a las víctimas del conflicto, en armonía con el Acuerdo de Paz. Antes de la expiración de la ley en 2021.
Por eso es preocupante que al acercarse la fecha de expiración de la ley 1448 de 2011, que busca la protección y restitución de derechos a las víctimas del conflicto, haya un atraso de más del 90% en la entrega de subsidios.
