En medio de las investigaciones por los presuntos vínculos entre funcionarios del Estado y el disidente conocido como alias ‘Calarcá’, se confirmó la renuncia de Wilmar Mejía a la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El exdirectivo explicó que su dimisión se produjo el mismo día en que fue levantada la suspensión que pesaba en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación, el pasado 3 de marzo. Según detalló, regresó formalmente a su cargo, pero en cuestión de 15 minutos decidió apartarse definitivamente.
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“No tengo ningún vínculo”: la defensa de Mejía
Frente a los señalamientos, Mejía negó de manera tajante cualquier relación con el cabecilla disidente. Aseguró que no conoce personalmente a alias ‘Calarcá’ y sostuvo que no existen pruebas que respalden las acusaciones.
También cuestionó los procedimientos de la Fiscalía General de la Nación y anunció que entregará voluntariamente su pasaporte, celular y equipos de cómputo para facilitar las verificaciones judiciales.
Durante sus declaraciones, el exfuncionario se refirió al general Juan Miguel Huertas, otro de los nombres que aparece en el expediente. Según Mejía, la salida del oficial del Ejército estuvo relacionada con la incautación de droga en el Meta que, afirmó, comprometía a otros uniformados.
Además, denunció un presunto intento de la Fiscalía de obtener testimonios en su contra. Indicó que a un disidente identificado como alias ‘Leo’, condenado a 15 años de prisión, se le habría ofrecido un principio de oportunidad a cambio de declarar contra Huertas y contra él.
El origen: evidencia incautada en Antioquia
El caso se remonta a un operativo militar realizado en julio de 2024 en Anorí (Antioquia), donde fueron decomisados dispositivos electrónicos que pertenecían a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, líder de una disidencia de las FARC.
En esos equipos, actualmente bajo análisis de la Fiscalía, se hallaron correos, chats y documentos que mencionarían a varios funcionarios del Estado, incluidos Mejía y el general Huertas.
De acuerdo con la información revelada, los archivos apuntarían a posibles filtraciones de información sensible que habrían beneficiado a la estructura armada, facilitando movimientos y operaciones en zonas como Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar.
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Estas evidencias encendieron las alertas sobre un eventual nivel de infiltración en instituciones del Estado, lo que motivó la apertura de investigaciones por parte de la Procuraduría, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa.
Debido a la gravedad de los hechos, el proceso fue asumido por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán determinar si existieron responsabilidades disciplinarias o penales.
Entre tanto, los funcionarios señalados mantienen su postura de inocencia y reiteran que será la justicia la que defina el alcance real de uno de los escándalos más sensibles en materia de seguridad nacional en los últimos meses.
