La Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA) ha iniciado un trámite para denunciar las malas prácticas de algunos despachos de abogados, que cobran cientos de euros a estudiantes a punto de terminar la carrera por trabajar en su bufete.
Sara López, residente en Madrid y graduada en Derecho, se encontraba en la etapa final de su máster de Abogacía y para superarlo, necesitaba realizar prácticas obligatorias. Comenzó a buscarlas muy pronto, ya que la universidad no se encarga de facilitar contactos de bufetes a sus alumnos, "se tienen que buscar la vida", relata.
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Después de haber mandado decenas de emails con su candidatura, a mediados de abril recibió una respuesta de una empresa que estaba interesada en su perfil para hacer prácticas en un despacho. A cambio, debía aceptar una condición: "Me ofrecieron hacer prácticas si abonaba 500 euros", sostiene. "Ellos sabían que yo necesitaba esas prácticas obligatoriamente por el máster, por eso me lo ofrecieron".
La apariencia de su página web de primeras le hizo sospechar: "Más bien parecía una empresa que se encarga del intercambio de Erasmus o de buscarte trabajo en el extranjero", describe.
"Me parece totalmente irregular y abusivo que un despacho se aproveche de la situación que vivimos los estudiantes". afirma Sara López, graduada en Derecho.
La situación es tan dura para encontrar prácticas, que Sara incluso se planteó pagar ese importe. "Encontré otro despacho, pero sí llegué a pensar en aceptar pagarlo si no encontraba otras prácticas", confiesa. "Antes que volver a pagar 3.000 euros en una nueva matrícula por no haber superado ese módulo, casi que prefiero pagar los 500 y ahorrarme el resto".
Lo denunció a través de LinkedIn y llegó hasta el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Alberto Cabello, presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA) cree que el deber del Colegio es velar por las buenas prácticas en la abogacía y luchar contra ese tipo de abusos profesionales. Aunque AJA pertenece al ICAM, Cabello mantiene una postura crítica hacia la institución por tener una inacción en este asunto que "afecta a todos", señala.
"El ICAM dice que no puede hacer nada porque aún no son abogados", dice el presidente de la agrupación. Cabe explicar que, aunque se haya aprobado la carrera de Derecho en su totalidad, en España se necesita cursar un máster habilitante y aprobar un examen ante el Estado para poder ejercer como tal. "Si no se puede hacer nada, busquemos la solución para que se pueda", exige Cabello. "Se debería redactar una normativa de manera urgente para solucionar estos asuntos de los que no nos hemos dado cuenta en los últimos 425 años de historia que tenemos como corporación".
"No es un caso aislado"
En lo que llevamos de año (2021), la agrupación ha recibido en torno a 150 denuncias y quejas. La gran parte de ellas se producen en Madrid y en algunos casos los nombres de los bufetes se repiten, es decir, suelen ser denuncias recurrentes. "No es un caso aislado, hay muchos casos así", confirma Cabello. "Podemos llegar a instruir o valorar unas 40 porque muchos se quejan de cosas que no se pueden demostrar o no tienen intención de hacerlo. De ellas, en torno unas 15 o 20 sí que hemos podido tener constancia de los hechos".
"Lo que más me preocupa es la diferencia competitiva que hay entre unos despachos y otros porque claro, si unos despachos tienen esclavos y otros no, obviamente van a poder generar más ingresos y van a poder competir en una diferencia abismal con aquellos que sí cumplan con la legalidad vigente", sostiene. "Que un Colegio de Abogados no se siente a valorarlo me parece gravísimo", advierte Alberto Cabello, Presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA).
Desde la Asociación de Jóvenes Abogados están denunciando este hecho a través de todas las vías posibles. "Hemos presentado esta denuncia en el Colegio de Abogados y el Consejo General de la Abogacía para ver si hay algún tipo de sanción deontológica. También estamos valorando presentarlo en la Fiscalía para que sean ellos quienes lo investiguen", asegura Cabello. "Creen que por ser estudiante ya se les puede explotar como becario. Pero lo que no es normal en ningún lado es que tú tengas que pagar para trabajar".
Hay quien pueda preguntarse cómo un despacho de abogados puede hacerle eso a alguien que conoce tan bien la justicia española. La respuesta a esa cuestión para López depende de un factor clave: los despachos saben cuál es el límite de la ley. "Es muy difícil demostrar que estás haciendo muchísimas horas extra o el trato vejatorio. Al final es una relación de poder en la que tú debes saber cómo poner los límites", afirma Sara.
"Hay veces en las que en el último despacho me gritaban y me hablaban con palabrotas. Me quería ir de ahí, pero cuando lo pensaba, me decía a mí misma que no podía, porque no tenía el suficiente dinero para volver a pagar la matrícula si suspendía las prácticas", agrega.
El testimonio de Sara es al fin y al cabo tan solo uno de los miles de jóvenes españoles que intentan labrarse un futuro profesional en España. Sara lleva un año de prácticas y sigue de becaria. Ha pasado por tres sitios distintos. "La entrevista que me hicieron en el sitio en el que estoy ahora era para hacerme un contrato junior, pero al ver que todavía podía hacer el convenio con la universidad, decidieron contratarme como becaria".
La universidad "se lava las manos"
Así las cosas, se podría decir que los becarios de derecho se encuentran en el limbo. Ni el Colegio de Abogados hace nada, ni tampoco la universidad, que es la que exige que se hagan prácticas para poder superar el máster habilitante. Cuando a Sara le ofrecieron realizar prácticas a cambio de pagar 500 euros, prefirió no comunicárselo a la universidad (UNED) por las mala experiencia que había tenido con anterioridad. "Estoy completamente segura de que no hubieran hecho absolutamente nada", lamenta. "Cualquier tipo de asunto que he intentado solucionar con ellos, solo han sido problemas y burocracia".
"Hay mucha desprotección por parte de las universidades, al final ellas cobran y venden al estudiante como ganado para hacer dudosas prácticas en las que no conocen cuáles serán las condiciones. "Las facultades tienen que hacer un ejercicio muy fuerte de reflexión", sostiene Sara López.
"Es la propia universidad la que les obliga a hacerlas, pero cuando los alumnos les narran su experiencia al centro universitario, se lavan las manos", sentencia Cabello. "Las universidades dicen que ellos lo único que hacen es informar a las empresas sobre los convenios. Y el Colegio de Abogados dice que ellos no tienen la responsabilidad porque no son abogados todavía. Para mí sí lo van a ser y además están colaborando con un abogado que en teoría les va a contratar". Alberto Cabello.
"Es una especie de bella mentira, de sueño americano: 'Si trabajas tendrás resultados', pero creo que eso no es cierto y que la única solución es poner límites y exigir formación y saber cuándo finaliza tu jornada", asegura Sara.
Por desgracia esta situación no solo afecta a abogados y colegiados. Seis de cada diez jóvenes creen que la universidad no les prepara lo suficiente para enfrentarse con éxito al mundo laboral tal y como confirma una encuesta de Adecco. Además, el 14,84% de los parados en España al finalizar el segundo trimestre de 2021 son personas con titulaciones universitarias, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Cabello exige a los organismos, desde el Consejo General de la Abogacía hasta el Ministerio de Trabajo, que empiecen a preocuparse por aquellas personas que están iniciándose en su futuro profesional, "porque la mayor frustración aparece aquí", confiesa.
De momento Sara sigue estudiando para presentarse en abril al examen de abogacía. Su sueño es seguir profundizando en mercantil, de una forma mucho más internacional y más relacionada con la consultoría legal, eso sí, olvidando el mundo de los despachos. "Derecho es una carrera preciosa, pero ejercer la abogacía es un horror porque es una profesión que se resiste a modernizarse y adaptarse a dinámicas más avanzadas como la conciliación o el teletrabajo", concluye.
