Hace varios años los habitantes y turistas de Puerto Salgar, Cundinamarca, podían nadar en la Laguna de Coco sin ninguna restricción. En 2009 la Corporación Autónoma Regional (CAR) la declaró reserva ambiental y bien público. Sin embargo, la dicha se les acabó cuando fue vendida a un particular, pese a que constitucionalmente pertenecía a la Nación.
Esperanza Nieto, habitante del municipio, intentó reversar la venta en la contraloría y la procuraduría, pero no tuvo éxito. Los entes de control archivaron el caso. “De todos los organismos de control fue la fiscalía quien nos puso cuidado, para el resto eso fue negocio transparente como el agua”, dice Nieto.
En este momento en la fiscalía existe una investigación por presunto peculado por apropiación, aunque Nieto recalca que en menos de un año y medio han cambiado tres veces de fiscal y el proceso se ha estancado.
La historia se remonta a 1977 cuando el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) le cedió, sin mayores explicaciones, un predio con la laguna incluida al zar de las esmeraldas de esa época Gilberto Molina, asesinado en 1989.
Antes de morir, Molina vendió (como si fuera suya) la Hacienda La Esperanza, con laguna incluida. Su cliente fue Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El Mexicano’, quien fue su mejor sicario.
En 1999 la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio a las propiedades del Mexicano, entre ellas, la Laguna del Coco, que pasa a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Después la DNE la cedió al municipio de Puerto Salgar hasta el año 2003. A partir de ahí la reserva acuífera pasó de mano en mano, incluidos familiares de reconocidos políticos de la zona. En 2010 fue vendida en $2.540 millones a Adolfo Charry Martínez, desconocido empresario y representante legal de Casta Agroindustrial Ganadera S.A, según la escritura pública del 30 de abril de 2010 y conocida por KienyKe.com
Para el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, “la Laguna de Coco es vendida por la Dirección de Estupefacientes como si fuera un local comercial, un hotel o un apartamento. Es decir, no hace referencia alguna a su condición de zona de protección ambiental y de una reserva forestal”. Además, Bustos destacó que ahora la reserva es de explotación privada, cuando por varios años fue de uso público.
En la escritura pública se hace una escueta descripción de la hacienda y la Laguna del Coco, sin aclarar que es un bien público, mientras la Corporación Autónoma Regional (CAR) fue clara en decir: la “Laguna del Coco forma parte de la estructura ecológica principal regional del municipio de Puerto Salgar y forma parte del corredor biológico del río Magdalena”.
La escritura tampoco condiciona al comprador en ningún parágrafo para que cuide y proteja todas las especies de fauna y flora silvestre, así como los demás recursos naturales existentes en las áreas declaradas.
En el acuerdo de la CAR de 2009 se considera “que la laguna El Coco, el peñón de la Barrigona y la ribera del río Magdalena deben considerarse como patrimonio ambiental del municipio de Puerto Salgar y del país por su extraordinaria belleza natural y valores paisajísticos únicos, en especial por la laguna que es considerada como un verdadero tesoro de la naturaleza para este sector del territorio”.
¿Quién se quedará con la laguna?
Otro de los habitantes del municipio manifestó que dentro de los terrenos que supuestamente debían ser protegidos, “se están haciendo reparaciones para convertirlo en un sitio turístico”.
Como si fuera poco, en el certificado de tradición aparece que desde mayo de este año la empresa Cenit y logística de Hidrocarburos S.A.S. tiene una “sesión de servidumbre de oleoducto y tránsito con ocupación permanente petrolera”.
La venta irregular de la laguna se hizo cuando Ómar Adolfo Figueroa estaba al frente de la DNE. Actualmente paga una condena de siete años de cárcel por un caso de ventas fraudulentas de predios decomisados a la mafia.
Antes de la venta, la laguna sufrió toda clase de maltratos. Se loteó los terrenos y además se donó al municipio un lote para los damnificados del invierno sin consideración de la presencia del humedal.
En 2011 el Ministerio de Medio Ambiente le respondió a Noticias UNO que “en el caso especifico de la Laguna del Coco, esta debería ser de la nación colombiana a menos que alguien pudiera demostrar propiedad sobre la misma con títulos de dominio anteriores a 1887”. Sin embargo, la Contraloría, dos años después, indicó que “no encontró que se hubiesen invertido recursos para reforestación en el predio referido en la denuncia, por lo tanto, se da por terminada la presente actuación y se archiva la denuncia”, de acuerdo con la respuesta que recibió Esperanza Nieto.
Ahora la comunidad espera volver a disfrutar de la fauna y flora, así como de todos los recursos de La laguna del Coco, tal y como lo habían hecho hace unos años. “Eso es un bien público que nadie puede hacerse dueño de eso y estoy de acuerdo para que lo explote la comunidad de Puerto Salgar”, contó Genaro Lópéz, otro vecino del lugar.
¿Quién se quedará con la laguna?
Otro de los habitantes del municipio manifestó que dentro de los terrenos que supuestamente debían ser protegidos, “se están haciendo reparaciones para convertirlo en un sitio turístico”.
Como si fuera poco, en el certificado de tradición aparece que desde mayo de este año la empresa Cenit y logística de Hidrocarburos S.A.S. tiene una “sesión de servidumbre de oleoducto y tránsito con ocupación permanente petrolera”.
La venta irregular de la laguna se hizo cuando Ómar Adolfo Figueroa estaba al frente de la DNE. Actualmente paga una condena de siete años de cárcel por un caso de ventas fraudulentas de predios decomisados a la mafia.
Antes de la venta, la laguna sufrió toda clase de maltratos. Se loteó los terrenos y además se donó al municipio un lote para los damnificados del invierno sin consideración de la presencia del humedal.
En 2011 el Ministerio de Medio Ambiente le respondió a Noticias UNO que “en el caso especifico de la Laguna del Coco, esta debería ser de la nación colombiana a menos que alguien pudiera demostrar propiedad sobre la misma con títulos de dominio anteriores a 1887”. Sin embargo, la Contraloría, dos años después, indicó que “no encontró que se hubiesen invertido recursos para reforestación en el predio referido en la denuncia, por lo tanto, se da por terminada la presente actuación y se archiva la denuncia”, de acuerdo con la respuesta que recibió Esperanza Nieto.
Ahora la comunidad espera volver a disfrutar de la fauna y flora, así como de todos los recursos de La laguna del Coco, tal y como lo habían hecho hace unos años. “Eso es un bien público que nadie puede hacerse dueño de eso y estoy de acuerdo para que lo explote la comunidad de Puerto Salgar”, contó Genaro Lópéz, otro vecino del lugar.
