La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 16 años al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro. Encontró que Arias utilizó la modalidad de contratación directa para celebrar los convenios Nos. 003 de 2007, 055 de 2008, 052 de 2009 y 037 de 2009, con el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), prescindiendo del proceso licitatorio.
El ministerio público también consideró que Arias excedió lo topes para gastos de administración y operación para el Programa Agro Ingreso Seguro. En 2009 desbordó el porcentaje establecido para ese programa en la suma de 6.696.millones.
La Procuraduría destituyó a otros exfuncionarios, entre los que se cuenta el exministro Andrés Fernández, a quien se le halló responsable de exceder los topes para gastos de administración y operación de Agro Ingreso Seguro.
Otro comprometido es Juan Camilo Salazar, exviceministro de Agricultura, que fue sancionado durante once meses por no realizar a tiempo las funciones de revisión, análisis, dirección, supervisión y ejecución del convenio de Agro Ingreso Seguro.
Valerie Domínguez y su novio Juan Manuel Dávila recibieron subsidios de manera irregular del programa AIS.
Por su parte, Camila Reyes, Directora de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura, fue inhabilitada por trece años por intervenir en la etapa previa a la celebración del convenio 003 de 2007, suscrito con el IICA, omitiendo estudios previos serios y completos.
Rodolfo Campo Soto, exdirector del Incoder, fue suspendido por once meses por intervenir en la celebración de los convenios especiales de cooperación científica y tecnológica 055 de 2008. Campo Soto omitió estudios previos y aprobó los términos de referencia de la convocatoria pública de riego y drenaje, sin que dichos términos de referencia fueran evaluados con precisión, desconociendo así los principios de transparencia.
Una de las declaraciones que pudo haber comprometido a los acusados es la del abogado Julián Alfredo Gómez Díaz, exdirector del programa Agro Ingreso Seguro, quien en su declaración a la Procuraduría dejó entrever que los altos funcionarios del Ministerio sí estaban enterados de las presuntas irregularidades de ese programa. “De lo que recuerdo en dichas verificaciones, se advirtió que algunos proyectos que estaban en ejecución beneficiaban a un mismo predio, y en algunos casos la forma en que dichos proyectos habían sido diseñados podía llevar a pensar que se trataba de una misma infraestructura”, dijo Gómez.
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Una de las declaraciones que pudo haber comprometido a los acusados es la del abogado Julián Alfredo Gómez Díaz, exdirector del programa Agro Ingreso Seguro, quien en su declaración a la Procuraduría dejó entrever que los altos funcionarios del Ministerio sí estaban enterados de las presuntas irregularidades de ese programa. “De lo que recuerdo en dichas verificaciones, se advirtió que algunos proyectos que estaban en ejecución beneficiaban a un mismo predio, y en algunos casos la forma en que dichos proyectos habían sido diseñados podía llevar a pensar que se trataba de una misma infraestructura”, dijo Gómez.
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