Colombia se encamina hacia las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en un clima marcado por la desconfianza y la violencia. Así lo advirtió Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), en entrevista con Kienyke.com, donde alertó sobre los riesgos que amenazan la legitimidad del proceso democrático en el país.
Barrios explicó que la carrera electoral comenzó de manera prematura y en medio de una preocupante crisis de los partidos políticos. Actualmente, existen 31 colectividades con personería jurídica, pero muchas no logran consolidarse como opciones sólidas de poder. A esto se suma un fenómeno que refleja la fragmentación política: ya hay más de 70 precandidaturas presidenciales en marcha, lo que evidencia el desgaste de las estructuras tradicionales y el creciente uso de firmas para lanzar aspiraciones.
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Uno de los puntos más críticos es la violencia contra líderes políticos y sociales. Según cifras de la MOE, solo entre enero y agosto de 2024 se han registrado 106 hechos violentos, de los cuales 28 corresponden a atentados o asesinatos. Departamentos como Huila, Antioquia, Cesar, Córdoba, Quindío y Valle del Cauca concentran el 43% de los casos, lo que muestra que la violencia no es un fenómeno aislado, sino una amenaza real y extendida en el territorio.
En este contexto, Barrios resaltó la urgencia de fortalecer el Plan Democracia, mecanismo encargado de brindar garantías de seguridad a los candidatos, así como reactivar de manera efectiva la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, donde se articulen las acciones de los partidos, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las entidades de control.
“Si no se articulan la política de paz, la estrategia de seguridad y el proceso electoral, el 2026 puede convertirse en una elección de alto riesgo”, señaló la directora de la MOE.
Otro reto clave está en el rol de los grupos armados ilegales, que en muchas regiones buscan incidir en la definición de quién puede o no hacer campaña. Zonas como Cauca, Chocó, Bajo Cauca antioqueño y Guainía se perfilan como territorios críticos por la presencia de actores armados y economías ilegales que presionan a candidatos y comunidades.
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Finalmente, Barrios insistió en que la confianza ciudadana en el sistema electoral no depende únicamente del escrutinio o de la Registraduría, sino de que haya garantías reales en todo el proceso. “La gente no solo necesita saber que su voto cuenta, sino también que puede escuchar propuestas, ver a los candidatos y elegir en libertad”, concluyó.
Con este panorama, la MOE hizo un llamado al Gobierno, a los partidos políticos y a la sociedad civil a anticiparse a los riesgos y garantizar que las elecciones del 2026 se desarrollen con seguridad, transparencia y verdadera participación democrática.
