La demanda más reciente es la de Armando Acuña, ex concejal de Garzón (Huila), el mismo a quien las Farc vistieron de saco y corbata para liberarlo el 11 de febrero de 2011. Acuña espera que el Estado le pague 3.035 millones de pesos por perjuicios morales y materiales que le ocasionaron los 22 meses que estuvo secuestrado. “Mi familia estuvo desamparada”, dice.
Acuña fue sacado a empellones en plena sesión de la corporación de Garzón, de la que su esposa Nubia Segura hoy forma parte. Los guerrilleros irrumpieron armados y sacaron a tiros a Acuña. Luego lo trasladaron por el pueblo en una camioneta doble cabina rumbo a la selva del Caquetá, sin que las autoridades hubieran reaccionado. “Los daños causados por el secuestro son suficientes para demandar. Siempre pedí seguridad y nunca me la brindaron”, expresa a Kienyke al insistir que el Estado lo abandonó. La acción de reparación administrativa fue presentada ante el Tribunal Administrativo del Huila y la demanda es contra el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía, Fuerzas Militares, Gobernación del Huila y Alcaldía de Garzón.
Gloria Polanco, quien estuvo secuestrado durante 7 años, demandó al Estado por 12.530 millones de pesos.
La ex parlamentaria Gloria Polanco de Losada es quien más lejos ha ido. Pide 12.530 millones de pesos a través de una acción de reparación directa que presentó el 10 de junio de 2010 ante el mismo Tribunal del Huila, que ya admitió la demanda. El proceso es instruido por el magistrado Gerardo Iván Muñoz.
El 26 de julio de 2001 Gloria Polanco fue a sacada de su apartamento, en el Edificio Torres de Miraflores, junto a sus hijos Jaime Felipe y Juan Sebastián Losada. Ese día, guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo Forero, vestidos con prendas del Gaula del Ejército, estacionaron el camión frente al edificio Miraflores en Neiva. Engañaron al vigilante y gritaron: "¡somos del Gaula! ¡Salgan, salgan!" Los doce terroristas se llevaron a quince personas que dormían en sus apartamentos. Aprovecharon la euforia de un partido de fútbol donde la Selección Colombia ganaba 2-0 a Honduras para armar una escena de telenovela que terminó con el múltiple secuestro.
El hijo menor se salvó porque estaba dormido en su cuarto y no lo encontraron los guerrilleros que entraron al apartamento con complicidad de la empleada del servicio. incluso están demandadas las mismas instituciones gubernamentales.
Los hermanos de Gloria Polanco, Gustavo, Héctor, Erney, Dagoberto, Carlos Hernando, José Hugo, Alba Luz, Aurora y Lely, también demandaron al Estado porque se sienten víctimas. Hablan del daño moral que sufrieron mientras su pariente estuvo en la selva.
La ex parlamentaria, electa sin su consentimiento mientras estuvo plagiada, alega los dineros que dejó de recibir mientras estuvo raptada y que servían para el sustento de la familia, lo mismo que sus hijos, quienes pasaron parte de su adolescencia en poder de las Farc. Gloria Polanco suma además el dolor por el asesinato de su esposo, Jaime Losada, ex gobernador del Huila, que sucedió mientras ella permanecía en cautiverio. Daniel Julián, su hijo menor, tuvo que soportar la ausencia la de madre y de sus hermanos y la muerte de su padre.
Gloria Polanco insiste en su demanda que los organismos de seguridad fallaron.¿Dónde estaba la vigilancia? La Policía y el Ejército tardaron en llegar y después se desató una balacera que no condujo a nada porque la guerrilla logró su cometido.
Después del secuestro, Jorge Eduardo Gechem recuperó y fortaleció su poder político. Además de ser elegido Senador, los candidatos de su cuerda ganaron la Alcaldía de Neiva y la Gobernación de Huila.
El protagonista de la tercera demanda es Jorge Eduardo Géchem, senador de la República. Exige 7.380 millones en un extenso documento que presentó su abogado, Demetrio González Avendaño, el 25 de mayo de 2010 al Tribunal Administrativo del Huila.
Pide 3.090 millones por daños morales, perjuicios a la vida de relación otros 3.090 millones y daños materiales 1.200 millones. Y se los reclama al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía, DAS, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Aeronáutica Civil.
Alega decenas de razones, según la demanda que conoció Kien&Ke: una carta que envío al entonces presidente Andrés Pastrana donde le pedía audiencia para explicarle todos sus problemas de seguridad. Hizo una exposición de su situación personal y familiar, le explicó los informes de inteligencia que hablaban de su riesgo como Presidente de la Comisión de Paz del Senado durante plena zona de distensión y solicitó garantías de seguridad. La cita con el ex mandatario nunca se dio, no se le redobló el esquema de escolta y, al contrario, fue secuestrado en un avión de Aires el 20 de febrero de 2002.
Destaca que cuando ingresó al Aeropuerto Benito Salas de Neiva, el detector de metales no servía. por lo cual los cuatro guerrilleros lograron camuflar armamento e ingresarlo hasta el avión HK3951 de Aires, que secuestraron en pleno vuelo
“Es deber de las Fuerzas Militares, de la Presidencia de la República garantizar el orden público en el territorio colombiano”, dice la demanda. Los demandantes son: Jorge Eduardo Gechem; Carlos Eduardo y Marcía Claudia Gechem Sarmiento, sus hijos y Clara Cecilia Gechem, su hermana. Todos alegan como uno de los daños morales, la muerte de Silvia Gechem de Nieto, madre de Jorge Eduardo durante su secuestro.
Gechem también pide que le devuelvan parte de los dineros que invirtió en su campaña política y perdió porque las elecciones para Senado se registraron durante los días en que fue secuestrado. El magistrado huilense Jorge Augusto Corredor Rodríguez tendrá la última palabra.
Consuelo González, quien regresó al Congreso, pide 800 millones de pesos.
Consuelo González de Perdomo, ex secuestrada y hoy parlamentaria huilense, fue la cuarta en demandar. Lo hizo en abril de 2010 con su hija María Fernanda Perdomo y su hermano Ramiro González, quienes reclaman 800 millones de pesos por los daños morales que padecieron durante el plagio de la política. Su hija Patricia Perdomo interpuso una demanda independiente.
Según ella, los organismos de inteligencia no sólo no le advirtieron sobre sus riesgos de seguridad sino que le dijeron que no corría peligro. La secuestraron en la carretera entre Pitalito y Neiva. A su conductor lo dejaron libre, mientras a ella la internaron selva adentro.
“Estoy en mi derecho de reclamar porque está consignado en la norma. Yo pedí más de dos veces estudios de seguridad y salieron con riesgo bajo. El último llegó cuando estaba secuestrada”, expresa.
A Orlando Beltrán no le alcanzaron los votos para regresar al Congreso.
El ex representante a la Cámara Orlando Beltrán Cuéllar se convirtió en el quinto ex secuestrado en demandar al Estado. Junto a su esposa, Deyanira Ortíz, notaria cuarta de Neiva, sus dos hijos y sus hermanos, interpusieron ante el Tribunal Administrativo del Huila una acción judicial el 25 de mayo de 2010 y exigen 1.200 millones de pesos.
Los motivos que alega el dirigente, quien perdió su curul en la más reciente campaña política al Congreso de la República y ahora pertenece al partido de La U, son daños materiales y morales como consecuencia de un secuestro que empezó el 28 de agosto de 2001, cuando la guerrilla interceptó su camioneta en una carretera de Gigante (Huila), y que terminó el 27 de febrero de 2008.
Todos los políticos huilenses gozan de buena salud y aunque le mayoría tienen ingresos económicos para sobrevivir, insisten en que el Estado está en deuda con ellos y el secuestro tiene un precio moral muy alto. El Tribunal Administrativo del Huila tiene la última palabra.



