La lucha de los indígenas Kamentsá e Inga
El valle de Sibundoy, Putumayo, es una rica zona geográfica con montañas, ríos y un valle deslumbrante. Es una región muy verde donde empieza la Amazonía colombiana.
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Su complejidad no es solo geográfica. Su población está compuesta por colonos, indígenas y afros. Desde el punto de vista económico vivió un punto de giro en 2011 cuando el gobierno nacional nombró al departamento distrito minero.
Hernán Tabares, concejal de Puerto Asís, le resumió a Semana la situación con una frase lapidaria: "Éramos un departamento amazónico pero en el 2011 lo declararon distrito minero y hasta ahí llegó el Putumayo."
La presencia de empresas minero-energéticas ha sido vista con inconformismo por un importante número de la población, que incluso desde 2010 ha hecho labores de resistencia al trabajo extractivo en el departamento.
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En general, los líderes sociales del Putumayo no quieren renunciar a su vocación amazónica para aprovechar el potencial minero-energético del departamento, así se desprende de los puntos de vista expuestos en el Encuentro Regional de Paz (ERP) celebrado en Sibundoy el 27 y 28 de agosto pasado.
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Una de las voces más firmes en contra de la minería y la industria petrolera es la de los indígenas Inga y Kamentsá, habitantes del valle de Sibundoy.
Para resistirse a la explotación de hidrocarburos comenzaron un proceso de titulación de los seis cabildos indígenas de la región con el propósito de defender el territorio, que consideran sagrado y ancestral.
El proceso no fue fácil pues se dieron cuenta que las autoridades locales (la alcaldía de Sibundoy, la gobernación y la regional del Incoder) no tenían la disposición suficiente para ayudarlos, según denuncias hechas a KienyKe.com. Prefirieron manejar el proceso directamente en Bogotá.
En 2010, cuando era gobernador de su cabildo, el taita Arturo Jacanamijoy comenzó a trabajar en la titulación de los seis cabildos del valle de Sibundoy: San Pedro, Colón, Santiago, San Andrés (terrenos Inga), San Francisco (Kamentsá e Inga) y Sibundoy (Kamentsá).
El taita Arturo Jacanamijoy.
Cuando comenzó la explotación, relata en Taita Jacanamijoy, las extractivas “pensaron que el territorio no tenía dueño, pero es territorio ancestral indígena”.
Jacanamijoy resalta la importancia de la zona no sólo en el hecho de que es un territorio indígena, sino en que además contiene afluentes de los ríos Putumayo, Caquetá y Mocoa, que alimentan de agua al resto del Putumayo.
El taita recibió críticas por su gestión. “Al principio me tildaron de enemigo del desarrollo”, dice.
Sin embargo no renunció a la iniciativa porque los primeros trabajos de las mineras estaban causando daños. Denuncia que se han presentado deslizamientos y derrumbes. Además, el plan de construir una variante en la zona, para sacar el producto de la explotación, “sería un genocidio” para el valle de Sibundoy.
La resistencia indígena logró que a través de una acción de nulidad se detuviera la construcción de la variante.
La titulación de los cabildos avanza satisfactoriamente, según el Taita Jacanamijoy y fuentes del Incoder, consultadas por KienyKe.com. De los seis procesos de legalización, cinco ya están aprobados. Uno, Santiago, espera respuesta para octubre.
Sin embargo, la titulación no garantiza que los cabildos sean inmunes a la explotación de hidrocarburos. La herramienta que fortalecería a los indígenas, la consulta previa, está en entredicho.
Jacanamijoy y otros líderes Kamentsá dicen que esta herramienta puede ser manipulada por los funcionarios que viajan hasta el territorio y no transmiten con fidelidad las inquietudes de los indígenas a las más altas esferas del Estado.
"Aquí hacen reuniones, convocan a la Procuraduría, al Ministerio del Interior, se llegan a acuerdos y terminan resolviendo otra cosa”, dijo un líder del valle de Sibundoy a KienyKe.com. Otro inconveniente, según Jacanamijoy, es que el Ministerio del Interior, responsable de la consulta previa, envía a un asesor diferente a cada reunión, lo cual no da continuidad al proceso.
La consulta previa está tan desprestigiada en la zona que los líderes prefieren sustituirla por una consulta popular con carácter vinculante.
Plaza central de Sibundoy, Putumayo.
La respuesta se llama Pladia
Después de que el gobierno nacional designara al Putumayo como zona minera, las organizaciones sociales propusieron el Plan de Desarrollo Integral Amazónico (Pladia), una respuesta al Estado que busca convencer a las entidades que hay alternativas de desarrollo diferentes a la explotación minera y de petróleo.
Pladia, según los líderes sociales, es un conjunto de propuestas que buscan cambiar el modelo de desarrollo, tener en cuenta al campesino, al medio ambiente y al conjunto social del departamento: indígenas, afros y colonos.
Su autoría cuenta con organizaciones sociales de Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos de Nariño. Tiene cuatro ejes: economía productiva, social, ambiental y el de organizaciones y derechos humanos. Es una propuesta que busca convertirse en política pública.
Entre sus propuestas se cuentan el que haya una sustitución gradual de los cultivos de coca. Según un líder social que apoya el Pladia, la erradicación gradual no es bien vista por el gobierno, pero los campesinos la necesitan porque no pueden, de un momento a otro, quedarse sin ingresos en medio de unas zonas que no tienen asistencia social del Estado ni una estructura de mercado sólida que les permita vivir de otra cosa mientras comienzan un nuevo cultivo.
El Pladia propone que el Estado subsidie la sustitución de cultivos y estimule el mercado para que productos como coca, plátano y yuca se hagan parte de la canasta familiar, además de otros como hinche y sacha inchi, típicos de la región y que representan, dice el líder local, una fuente nutricional importante. Son materia prima de galletas, coladas y remedios.
Frente a las extractivas, el Pladia también ofrece una propuesta. En primera instancia rechaza que la Amazonía colombiana cambie su orientación hacia la explotación de hidrocarburos. Proponen organizar el terrero, determinar qué puede cultivarse en él, cómo la gente puede organizarse y, después de que eso esté resuelto, sí puede definirse dónde cabría un proyecto extractivo.
Los líderes locales insisten en que los paramilitares aún operan en la zona y hacen denuncias preocupantes. “A la gente le ofrecen comprarle la finca porque ahí hay petróleo, el campesino se niega. Le ofrecen más plata, dos, tres ofertas. La negativa sigue. A la cuarta llegan los paras a sacarlos de la finca”, relata un líder local a KienyKe.com para explicar que ya han hecho denuncias sobre estas amenazas ante la fiscalía de Colombia y Naciones Unidas.
Una calle de Sibundoy, Putumayo.
Preocupaciones, un logro y la paz
A los líderes de esta parte de la Amazonía colombiana les preocupa que si el proceso de paz entre el gobierno y las Farc se firma, ellos queden con la peor parte: las bandas criminales. Conocedores de los hechos posteriores a la desmovilización paramilitar, saben que si la paz no se consolida en sus territorios la violencia seguirá.
El impacto del conflicto en Putumayo es alto. En su momento, El Espectador, citando cifras del Departamento Nacional de Planeación, recordó que entre 2011 y 2014 el 60% de las acciones armadas ocurrieron en seis departamentos, entre ellos Putumayo. El resto son Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Cauca.
Los líderes locales dicen que el respeto por el territorio, es decir que en él se atiendan las propuestas de sus habitantes, es fundamental para la paz. La presencia irregular o ventajosa de las empresas extractivas puede ser, dicen, un inconveniente para la reconciliación que se busca en La Habana.
El Encuentro Regional por la Paz realizado en Sibundoy, según las conclusiones del evento, dejó ver que la comunidad tiene interés en articular las agendas de trabajo de Putumayo y Nariño para impulsar acciones que reconozcan la heterogeneidad que los caracteriza y la búsqueda de la paz territorial.
En cuanto a las elecciones del próximo octubre los líderes sociales de Putumayo esperan que los candidatos que simpatizan con sus proyectos alcancen posiciones importantes. Como ocurre en toda Colombia, desconfían de los políticos tradicionales.
Varios líderes locales, comprometidos con el Pladia, se reconocen como una estructura política organizada y dicen haber conseguido logros importantes. Por ejemplo, después de que se autorizara la explotación de 30 pozos petroleros en la región, recibieron denuncias de que los recursos hídricos de Montañita, Buenos Aires y Los Ángeles habían sido impactados por la explotación petrolera de Teteyé.
Al principio una sequía agravó la situación. Para paliar el problema se construyeron varios pozos. Pero al sacar agua de ellos, según el relato de un líder local a KienyKe.com, encontraron que el agua estaba contaminada.
En ese momento estaba en curso la Resolución 1930 del Ministerio de Medio Ambiente que iba a autorizar la explotación de 100 pozos más. La comunidad acordó con las autoridades que la aprobación de la resolución dependiera de un estudio que certificara el daño ambiental causado en Teteyé. El estudio demostró que el impacto negativo sobre los recursos hídricos había existido y la resolución 1930 tuvo que ser archivada.
El taita Arturo Jacanamijoy.
Cuando comenzó la explotación, relata en Taita Jacanamijoy, las extractivas “pensaron que el territorio no tenía dueño, pero es territorio ancestral indígena”.
Jacanamijoy resalta la importancia de la zona no sólo en el hecho de que es un territorio indígena, sino en que además contiene afluentes de los ríos Putumayo, Caquetá y Mocoa, que alimentan de agua al resto del Putumayo.
El taita recibió críticas por su gestión. “Al principio me tildaron de enemigo del desarrollo”, dice.
Sin embargo no renunció a la iniciativa porque los primeros trabajos de las mineras estaban causando daños. Denuncia que se han presentado deslizamientos y derrumbes. Además, el plan de construir una variante en la zona, para sacar el producto de la explotación, “sería un genocidio” para el valle de Sibundoy.
La resistencia indígena logró que a través de una acción de nulidad se detuviera la construcción de la variante.
La titulación de los cabildos avanza satisfactoriamente, según el Taita Jacanamijoy y fuentes del Incoder, consultadas por KienyKe.com. De los seis procesos de legalización, cinco ya están aprobados. Uno, Santiago, espera respuesta para octubre.
Sin embargo, la titulación no garantiza que los cabildos sean inmunes a la explotación de hidrocarburos. La herramienta que fortalecería a los indígenas, la consulta previa, está en entredicho.
Jacanamijoy y otros líderes Kamentsá dicen que esta herramienta puede ser manipulada por los funcionarios que viajan hasta el territorio y no transmiten con fidelidad las inquietudes de los indígenas a las más altas esferas del Estado.
"Aquí hacen reuniones, convocan a la Procuraduría, al Ministerio del Interior, se llegan a acuerdos y terminan resolviendo otra cosa”, dijo un líder del valle de Sibundoy a KienyKe.com. Otro inconveniente, según Jacanamijoy, es que el Ministerio del Interior, responsable de la consulta previa, envía a un asesor diferente a cada reunión, lo cual no da continuidad al proceso.
La consulta previa está tan desprestigiada en la zona que los líderes prefieren sustituirla por una consulta popular con carácter vinculante.
Plaza central de Sibundoy, Putumayo.
La respuesta se llama Pladia
Después de que el gobierno nacional designara al Putumayo como zona minera, las organizaciones sociales propusieron el Plan de Desarrollo Integral Amazónico (Pladia), una respuesta al Estado que busca convencer a las entidades que hay alternativas de desarrollo diferentes a la explotación minera y de petróleo.
Pladia, según los líderes sociales, es un conjunto de propuestas que buscan cambiar el modelo de desarrollo, tener en cuenta al campesino, al medio ambiente y al conjunto social del departamento: indígenas, afros y colonos.
Su autoría cuenta con organizaciones sociales de Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos de Nariño. Tiene cuatro ejes: economía productiva, social, ambiental y el de organizaciones y derechos humanos. Es una propuesta que busca convertirse en política pública.
Entre sus propuestas se cuentan el que haya una sustitución gradual de los cultivos de coca. Según un líder social que apoya el Pladia, la erradicación gradual no es bien vista por el gobierno, pero los campesinos la necesitan porque no pueden, de un momento a otro, quedarse sin ingresos en medio de unas zonas que no tienen asistencia social del Estado ni una estructura de mercado sólida que les permita vivir de otra cosa mientras comienzan un nuevo cultivo.
El Pladia propone que el Estado subsidie la sustitución de cultivos y estimule el mercado para que productos como coca, plátano y yuca se hagan parte de la canasta familiar, además de otros como hinche y sacha inchi, típicos de la región y que representan, dice el líder local, una fuente nutricional importante. Son materia prima de galletas, coladas y remedios.
Frente a las extractivas, el Pladia también ofrece una propuesta. En primera instancia rechaza que la Amazonía colombiana cambie su orientación hacia la explotación de hidrocarburos. Proponen organizar el terrero, determinar qué puede cultivarse en él, cómo la gente puede organizarse y, después de que eso esté resuelto, sí puede definirse dónde cabría un proyecto extractivo.
Los líderes locales insisten en que los paramilitares aún operan en la zona y hacen denuncias preocupantes. “A la gente le ofrecen comprarle la finca porque ahí hay petróleo, el campesino se niega. Le ofrecen más plata, dos, tres ofertas. La negativa sigue. A la cuarta llegan los paras a sacarlos de la finca”, relata un líder local a KienyKe.com para explicar que ya han hecho denuncias sobre estas amenazas ante la fiscalía de Colombia y Naciones Unidas.
Una calle de Sibundoy, Putumayo.
Preocupaciones, un logro y la paz
A los líderes de esta parte de la Amazonía colombiana les preocupa que si el proceso de paz entre el gobierno y las Farc se firma, ellos queden con la peor parte: las bandas criminales. Conocedores de los hechos posteriores a la desmovilización paramilitar, saben que si la paz no se consolida en sus territorios la violencia seguirá.
El impacto del conflicto en Putumayo es alto. En su momento, El Espectador, citando cifras del Departamento Nacional de Planeación, recordó que entre 2011 y 2014 el 60% de las acciones armadas ocurrieron en seis departamentos, entre ellos Putumayo. El resto son Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Cauca.
Los líderes locales dicen que el respeto por el territorio, es decir que en él se atiendan las propuestas de sus habitantes, es fundamental para la paz. La presencia irregular o ventajosa de las empresas extractivas puede ser, dicen, un inconveniente para la reconciliación que se busca en La Habana.
El Encuentro Regional por la Paz realizado en Sibundoy, según las conclusiones del evento, dejó ver que la comunidad tiene interés en articular las agendas de trabajo de Putumayo y Nariño para impulsar acciones que reconozcan la heterogeneidad que los caracteriza y la búsqueda de la paz territorial.
En cuanto a las elecciones del próximo octubre los líderes sociales de Putumayo esperan que los candidatos que simpatizan con sus proyectos alcancen posiciones importantes. Como ocurre en toda Colombia, desconfían de los políticos tradicionales.
Varios líderes locales, comprometidos con el Pladia, se reconocen como una estructura política organizada y dicen haber conseguido logros importantes. Por ejemplo, después de que se autorizara la explotación de 30 pozos petroleros en la región, recibieron denuncias de que los recursos hídricos de Montañita, Buenos Aires y Los Ángeles habían sido impactados por la explotación petrolera de Teteyé.
Al principio una sequía agravó la situación. Para paliar el problema se construyeron varios pozos. Pero al sacar agua de ellos, según el relato de un líder local a KienyKe.com, encontraron que el agua estaba contaminada.
En ese momento estaba en curso la Resolución 1930 del Ministerio de Medio Ambiente que iba a autorizar la explotación de 100 pozos más. La comunidad acordó con las autoridades que la aprobación de la resolución dependiera de un estudio que certificara el daño ambiental causado en Teteyé. El estudio demostró que el impacto negativo sobre los recursos hídricos había existido y la resolución 1930 tuvo que ser archivada.
