Durante el pasado fin de semana, Colombia y Ecuador vivieron momentos de alta tensión diplomática tras la reciente deportación de más de 1.000 presos colombianos que se encontraban recluidos en cárceles del país vecino.
La medida provocó un cruce de declaraciones entre los presidentes de ambos estados a través de redes sociales. Ante lo ocurrido, el presidente Gustavo Petro manifestó su rechazo a la decisión del gobierno ecuatoriano y aseguró que esta se llevó a cabo sin respetar los protocolos bilaterales establecidos para este tipo de procedimientos.
“Ecuador nos responde con desdén”, escribió Petro en su cuenta oficial, subrayando que la cooperación entre países debe fundamentarse en el respeto por los derechos humanos de los connacionales deportados.
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Siendo así, el presidente de Ecuador Daniel Noba salió al paso en medio de una entrevista. La medida, que ha sido calificada por el presidente Gustavo Petro como un acto “fascista” y una “violación de los derechos humanos”, fue defendida por Noboa como una acción legal y necesaria para la seguridad del país.
“Seguimos los procedimientos legales. Las deportaciones se realizaron mediante resoluciones judiciales individuales y boletas de excarcelación. No se trató de una expulsión masiva ni arbitraria”, aseguró Noboa a medios nacionales.
Según el mandatario, el proceso de repatriación inició el 8 de julio y fue notificado al consulado colombiano en Quito. Rechazó así la versión del Gobierno de Colombia, que denunció una “falta de protocolo” y calificó la medida como un “gesto inamistoso”.
“No podemos seguir manteniendo a más de mil presos extranjeros en nuestras cárceles. Muchos de ellos reciben prioridad en temas de salud y otros servicios. Ecuador tiene una política clara de tolerancia cero con el crimen organizado”, agregó Noboa, quien también anunció que los deportados no podrán regresar al país durante los próximos 40 años.
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Las declaraciones se producen luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia elevara una nota diplomática formal de protesta, acusando a Ecuador de realizar deportaciones sin coordinación ni garantía del debido proceso. Petro, por su parte, advirtió que muchos de los deportados podrían estar siendo convertidos en “objetivos militares”, lo que, a su juicio, vulnera el derecho internacional.
Noboa evitó referirse directamente a las palabras de Petro, pero reiteró que su gobierno actúa dentro del marco legal: “Aquí se respeta la ley y se hace justicia. Esta no es una medida contra una nacionalidad, es una acción frente al crimen”, concluyó.
