El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla quedó en libertad por vencimiento de términos, en medio de la investigación que se adelanta en su contra por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada este 7 de abril por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, al resolver una solicitud presentada por la defensa del exfuncionario. Bonilla había sido imputado en diciembre por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
El Tribunal avaló la solicitud de libertad al considerar que, desde la imputación realizada el 1 de diciembre, habían transcurrido más de 120 días sin que se presentara oportunamente el escrito de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Este hecho, según el análisis judicial, configuró el vencimiento de términos dentro del proceso.
Durante la audiencia, se estableció que la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco en paralelo al desarrollo de la diligencia en la que se discutía la solicitud de libertad, y no antes de su inicio. El documento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia como parte de la investigación que involucra a ambos exfuncionarios.
La magistrada explicó que el análisis jurídico habría sido distinto si el escrito de acusación se hubiera radicado antes de la instalación formal de la audiencia. En ese sentido, indicó que no se cumplió con ese requisito en el caso concreto, lo que llevó a conceder la libertad.
Asimismo, el Tribunal dejó constancia de que durante la diligencia no se acreditaron circunstancias que justificaran la demora en la presentación del documento. Según lo expuesto, no se evidenciaron situaciones de fuerza mayor, caso fortuito ni maniobras dilatorias por parte de la defensa que pudieran explicar el retraso.
Por su parte, la Fiscalía, junto con las víctimas, la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Vías (Invías), apeló la decisión. El ente investigador argumentó que, al tratarse de delitos contra la administración pública, cuenta con un plazo ampliado de hasta 240 días para presentar el escrito de acusación, el cual, según su interpretación, vencía el próximo 16 de abril.
Además, la Fiscalía sostuvo que el documento fue radicado en la mañana del mismo día en que se tomó la decisión judicial, por lo que consideró que el vencimiento de términos no procedía, al tratarse de un hecho superado.
Con la apelación en curso, será una instancia superior la que determine si se mantiene o revoca la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, mientras continúa el proceso judicial relacionado con el caso de la UNGRD.
