El expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá continuar en detención domiciliaria, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara la solicitud de medida provisional presentada por su defensa, como parte de una acción de tutela que busca revocar el fallo condenatorio en su contra.
La decisión fue tomada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, de la Sala Penal del Tribunal, quien concluyó que no hay motivos suficientes para suspender la orden de detención dictada por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. En su fallo, el togado recalcó que las decisiones judiciales tienen presunción de legalidad mientras no sean modificadas por una instancia superior.
“No decretar la medida provisional solicitada por el apoderado del ciudadano Álvaro Uribe Vélez”, resolvió el magistrado, aclarando que contra esta decisión no procede ningún recurso.
El tribunal subrayó que la solicitud se basa en argumentos jurídicos que aún deben ser evaluados en profundidad dentro del trámite de la tutela, y que no se ha evidenciado, por ahora, una vulneración inmediata de derechos fundamentales que justifique una suspensión provisional del fallo.
La acción de tutela fue presentada por el abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario, quien alegó que la sentencia emitida el pasado 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia vulnera derechos como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal de su defendido. Como medida cautelar, solicitó frenar de inmediato la ejecución de la orden de detención, incluyendo el traslado de Uribe a su residencia.
El caso judicial de Uribe se originó en 2012, cuando él mismo denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. No obstante, la Corte Suprema abrió una investigación contra Uribe en 2018 por presunta presión a exparamilitares para cambiar sus declaraciones. Tras su renuncia al Senado en 2020, el caso pasó a la Fiscalía, que intentó cerrar el proceso en dos ocasiones, sin éxito.
En 2024, la Fiscalía presentó una acusación formal y, finalmente, el 1 de agosto de 2025, la jueza Heredia condenó a Uribe a 12 años de prisión por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El expresidente ha rechazado las acusaciones y sostiene que ha sido víctima de una persecución judicial.
La acción de tutela continuará su curso mientras se reúnen las pruebas necesarias y se emite una decisión de fondo que podría confirmar o revocar la detención domiciliaria impuesta.
