El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra nueve entidades cubanas y tres dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), como parte de la estrategia de la Administración Trump para aumentar la presión sobre el Gobierno de Cuba.
Las medidas fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, que permite sancionar a personas y entidades relacionadas con la represión en Cuba y con otras amenazas que, según Washington, afectan la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
El Departamento de Estado indicó que las nuevas designaciones hacen parte de una iniciativa para frenar lo que considera actividades perjudiciales del régimen cubano, tanto dentro de la isla como en otros países del hemisferio.
¿Quiénes fueron sancionados?
Entre los nuevos sancionados están tres integrantes de la dirección del ICAP, organización que ya había sido incluida por Estados Unidos en su régimen de sanciones.
Se trata de Fernando González Llort, presidente del instituto; Noemí Ramona Rabaza Fernández, vicepresidenta primera, y Leima Martínez Freire, directora para América del Norte.
González Llort fue además integrante de los llamados “Cuban Five”, un grupo de funcionarios cubanos de inteligencia que fueron arrestados en Estados Unidos en 1998. Regresó a Cuba en 2014.
Washington sostiene que el ICAP ha utilizado durante décadas brigadas para promover los intereses del Gobierno cubano en el exterior.
Sanciones alcanzan a empresas mineras y metalúrgicas
La nueva lista también incluye cuatro entidades estatales vinculadas con los sectores minero y metalúrgico de Cuba.
Entre ellas está la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, dedicada a la extracción y procesamiento de níquel y cobalto.
También fueron sancionadas METALCUBA, que facilita la importación de productos industriales y componentes metalúrgicos; GEOMINSAL, dedicada al desarrollo y comercialización de recursos minerales y sal, y ACINOX Comercial, que participa en la importación y exportación de productos metalúrgicos y equipos industriales.
El Gobierno estadounidense argumenta que estas empresas contribuyen al funcionamiento económico del régimen cubano.
Otras entidades estatales también fueron designadas
La lista incluye al Ministerio de Construcción de Cuba, señalado por Estados Unidos como un instrumento del Gobierno cubano para implementar su política de construcción.
También aparece ACOREC, S.A., compañía encargada de suministrar trabajadores cubanos a entidades extranjeras que operan en la isla. De acuerdo con el Departamento de Estado, la empresa habría recaudado más del 90 % de los salarios pagados por compañías extranjeras por el trabajo cubano.
A estas se suman CORATUR S.A., TRANSIMPORT y CONSUMIMPORT, entidades vinculadas al Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX).
Estas compañías participan en actividades que van desde el comercio internacional y la importación de vehículos y equipos industriales hasta la comercialización de materiales de construcción.
¿Qué efectos tienen las sanciones?
Las nuevas designaciones implican el bloqueo de las propiedades e intereses en propiedades de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses.
Además, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones o negocios relacionados con los bienes de los sancionados, salvo que cuenten con una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Estados Unidos también advierte que ciudadanos o empresas extranjeras que realicen determinadas operaciones con las personas o entidades sancionadas podrían quedar expuestos a nuevas medidas.
El Departamento de Estado defendió las sanciones como una herramienta para presionar al Gobierno cubano y aseguró que su propósito final es generar cambios en su comportamiento, más que castigar por sí mismas a las personas designadas.
