La reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha generado un intenso debate político, jurídico y ciudadano en Colombia. A poco más de un año del fin de su mandato, la iniciativa reabre viejas discusiones sobre la rigidez o flexibilidad de la Constitución de 1991, pero también despierta alertas sobre sus verdaderas motivaciones y los posibles impactos en la institucionalidad democrática del país.
¿Cómo se convocaría la Constituyente?
Según el artículo 374 de la Constitución de 1991, una Asamblea Nacional Constituyente puede ser convocada por el Congreso, por el presidente de la República, por el pueblo mediante referendo, o por una iniciativa ciudadana. Sin embargo, para ser legítima, el proceso debe pasar por el Congreso, que debe aprobar una ley que convoque el referendo, el cual debe ser aprobado por el pueblo para elegir a los miembros de la Constituyente.
Es un proceso complejo que requiere mayorías políticas y respaldo popular, y además está sujeto a revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Por tanto, no es una decisión unilateral del Ejecutivo.
¿Por qué quiere hacerlo?
El presidente Petro ha justificado su propuesta en lo que él denomina una "resistencia del régimen" a los cambios que su gobierno busca implementar, especialmente en temas de salud, pensiones, educación y el modelo económico. Según Petro, el Congreso, los organismos de control y la rama judicial están bloqueando reformas necesarias, por lo que propone una nueva Constituyente como vía para “profundizar la democracia” y permitir transformaciones estructurales.
Para él, se trataría de un “poder constituyente popular” que refleje la voluntad directa del pueblo ante lo que considera un sistema político capturado por intereses que no benefician a la ciudadanía.
¿Es una estrategia política de cara a las elecciones del 2026?
Aunque el presidente ha negado que su propuesta tenga fines electorales, e incluso dijo que la Asamblea se haría después de su gobierno, analistas y opositores consideran que sí podría ser una estrategia política para movilizar su base, mantener la agenda pública centrada en su discurso transformador, y prolongar su influencia más allá del fin de su mandato en agosto de 2026.
Una Constituyente podría, incluso, abrir la puerta a una reelección presidencial si así lo decidiera la mayoría de sus delegados, algo que en la actualidad está prohibido por la Constitución. Aunque Petro ha dicho que no busca reelegirse, el precedente de otros líderes en América Latina que usaron Constituyentes para mantenerse en el poder alimenta la suspicacia.
¿Es peligroso para la democracia?
Depende del enfoque y las garantías que se den en el proceso. Una Constituyente sin reglas claras, sin participación plural y sin límites definidos puede erosionar el equilibrio de poderes y concentrar aún más el poder político. En ese sentido, sí puede representar un riesgo para la democracia.
Además, en un contexto de polarización política y baja confianza en las instituciones, el llamado a una Constituyente puede aumentar la inestabilidad y generar incertidumbre jurídica y económica. Sin embargo, si se convoca con amplia participación ciudadana, con reglas previamente acordadas y respetando los principios democráticos, podría convertirse en una oportunidad para renovar el pacto social.
¿Sería beneficioso hacerla?
Colombia enfrenta desafíos estructurales en desigualdad, justicia social, representación política y desarrollo territorial. Una Asamblea Constituyente podría ser una vía para repensar aspectos del modelo de Estado, actualizar derechos y mecanismos de participación, y ajustar instituciones que han mostrado fatiga.
No obstante, también existe el riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad. El beneficio potencial de una Constituyente depende de quién la convoque, con qué objetivos y bajo qué garantías. Si el proceso se usa como un instrumento de poder más que como un ejercicio de deliberación colectiva, sus efectos podrían ser contraproducentes.
La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente es un movimiento de alto calibre político que puede redefinir el rumbo del país, para bien o para mal. Mientras para algunos representa una salida legítima para superar bloqueos institucionales y abrir paso a reformas sociales de fondo, para otros es una jugada riesgosa, con tintes autoritarios, que puede socavar la democracia. Lo cierto es que, más allá de los discursos, cualquier cambio de esta magnitud debe pasar por el juicio soberano del pueblo colombiano y respetar el marco constitucional vigente.
