En un nuevo capítulo del proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado oficialmente que se emita una sentencia absolutoria. El delegado del Ministerio Público, Bladimir Cuadro, aseguró durante su intervención ante el juzgado que no existen pruebas concluyentes para dictar una condena en contra del líder del partido Centro Democrático.
Esta solicitud marca un giro significativo en el proceso que ha tenido en vilo a la opinión pública colombiana desde que Uribe renunció a su curul en el Senado en 2020, para afrontar el caso en la justicia ordinaria. Cuadro argumentó que existe una “imposibilidad de emitir sentencia condenatoria” debido a la debilidad de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía.
¿Qué dijo la Procuraduría?
Durante la audiencia, Cuadro puso en duda la solidez de los testimonios presentados por la Fiscalía, en especial los del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos clave del caso. Según el procurador delegado, las declaraciones de Monsalve anteriores a febrero de 2018 no cumplen con los criterios de corroboración necesarios para una condena.
“Nos encontramos ante una probabilidad que supera lo que la doctrina ha llamado probabilidad lógica prevaleciente, por lo que existiría una imposibilidad de emitir sentencia condenatoria”, afirmó Cuadro.
Además, el funcionario insistió en que las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su círculo cercano han sido interpretadas de forma errónea por el despacho judicial. A juicio de la Procuraduría, no hay base suficiente para concluir que esas conversaciones implicaban una intención ilícita.
“Si se aceptara que las conversaciones buscaban revelar licitud y no encubrir una conducta ilícita, entonces otro debió ser el momento fáctico en que se habría dado la supuesta determinación criminal. Pero ese momento no aparece en la práctica probatoria”, indicó.
Contradicciones en la valoración de pruebas
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento de Cuadro se centró en lo que denominó errores de juicio por parte del juzgado. Advirtió sobre la posibilidad de incurrir en un “falso raciocinio” y una “violación a las reglas de la lógica”, al interpretar las pruebas presentadas por la Fiscalía de forma contradictoria.
En concreto, cuestionó que las mismas conversaciones interceptadas hayan sido consideradas, en distintos momentos, como espontáneas y no espontáneas al mismo tiempo. Esto, según Cuadro, va en contra del principio lógico de no contradicción, debilitando aún más la acusación.
La solicitud de la Procuraduría representa un fuerte respaldo a la defensa de Álvaro Uribe, quien ha sostenido de manera constante que no manipuló testigos y que el caso en su contra carece de sustento jurídico. Esta postura contrasta de manera directa con la de la Fiscalía General de la Nación, que ha insistido en pedir una condena para el expresidente.
El contraste entre las dos entidades del Estado pone en evidencia la complejidad del caso y anticipa una decisión judicial que tendrá repercusiones tanto jurídicas como políticas. Mientras sectores afines al uribismo celebran la solicitud de absolución, organizaciones de derechos humanos y críticos del expresidente temen que se siente un precedente negativo en la lucha contra la impunidad.
¿Qué sigue ahora?
Corresponde a la jueza del caso analizar los argumentos presentados por la Procuraduría, la Fiscalía y la defensa para determinar si Uribe debe ser absuelto o condenado. La decisión, que se espera en las próximas semanas, podría marcar el desenlace de uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la historia reciente en Colombia.
Sea cual sea el veredicto, lo cierto es que el caso de Álvaro Uribe seguirá siendo un tema de intenso debate público, donde se cruzan cuestiones de justicia, poder y legitimidad en una Colombia aún polarizada.
