Aunque la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro fue aprobada recientemente por el Congreso, la implementación de su componente más ambicioso —el bono pensional de $230.000 mensuales para adultos mayores sin pensión, se encuentra en entredicho. El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, fue claro al respecto: “No hay plata”.
Este bono, conocido como el Pilar Solidario, es uno de los ejes de la reforma pensional, diseñada para beneficiar a más de 3 millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Su objetivo es reducir la pobreza extrema entre la población de la tercera edad que no logró acceder a una pensión formal. Sin embargo, los recursos para financiarlo aún no están asegurados.
¿Qué es el bono solidario?
Se trata de una transferencia mensual de $230.000 destinada a adultos mayores sin pensión, que recibirían este auxilio directamente del Estado. En campaña, el presidente Petro había prometido una cifra incluso mayor: $500.000 mensuales. Aunque esa promesa no se cumplió en su totalidad, el valor actual aprobado representa un esfuerzo fiscal significativo.
La reforma establece que estos pagos saldrán del Presupuesto General de la Nación y del Fondo de Solidaridad Pensional. Pero, en la práctica, el presupuesto de 2025 no incluye un rubro específico para cubrir ese gasto.
¿Por qué no hay recursos disponibles?
El panorama fiscal del país está cada vez más apretado. Para 2025, se asignaron $5,7 billones a programas sociales, de los cuales más de $4,5 billones se destinaron a Renta Ciudadana, otro programa de subsidios gestionado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Esto deja muy poco margen para el financiamiento del nuevo bono solidario.
Carolina Hoyos, directora (e) del DPS, reconoció recientemente en una entrevista con Noticias Caracol que el rubro para el Pilar Solidario no aparece porque el Congreso no debatió ni aprobó el proyecto de presupuesto de 2025 en detalle. Sin esa aprobación, no hay asignación específica para este nuevo programa.
El Gobierno busca soluciones improvisadas
Ante la ausencia de una fuente clara de financiación, el Gobierno está buscando alternativas para cumplir con lo aprobado por la Corte Constitucional y el Congreso. Según Hoyos, para el segundo semestre de 2025 el programa costaría unos $2,2 billones. De esa suma, parte ya estaría contemplada dentro del rubro general de transferencias, mientras que el resto sería trasladado por el Ministerio de Hacienda desde el Ministerio de Trabajo.
El Ministerio de Hacienda confirmó que trasladará $1,4 billones para cubrir parte del costo del bono este año. Para 2026, se espera que los recursos sean incluidos formalmente en el Presupuesto General de la Nación, pero no hay garantía de que esto suceda sin tensiones políticas y fiscales.
Promesas incumplidas y tensiones internas
El presidente Petro ha insistido públicamente en que este bono es uno de los pilares de su mandato. “Con eso me voy tranquilo de esta presidencia”, declaró en un consejo de ministros, subrayando su compromiso con los adultos mayores. No obstante, la falta de una estructura clara de financiación contradice esa promesa.
Esta situación también ha expuesto tensiones internas en el Ejecutivo, con el Ministerio de Hacienda y el DPS intercambiando responsabilidades sobre quién debe garantizar los recursos. El resultado es un escenario incierto para millones de adultos mayores que esperan recibir el bono a partir de noviembre.
Capacidad operativa de Colpensiones en duda
Más allá de los problemas presupuestales, hay preocupación sobre la capacidad de Colpensiones para ejecutar este programa de manera efectiva. La entidad, que actualmente administra 6,9 millones de afiliados, tendría que multiplicar por 3,5 veces su tamaño actual para incorporar a 24,4 millones de colombianos.
Este crecimiento exponencial en su base de usuarios implicaría enormes desafíos logísticos, tecnológicos y administrativos que no parecen resueltos. Todo esto ocurre en un contexto en el que Colpensiones ya enfrenta críticas por su eficiencia operativa y capacidad de respuesta.
La reforma pensional fue aprobada, pero su implementación está lejos de estar garantizada. Con una promesa presidencial en juego, millones de adultos mayores esperando un alivio económico, y un Estado sin los recursos necesarios a corto plazo, el bono solidario enfrenta un futuro incierto. Si el Gobierno no logra consolidar su financiación antes de noviembre, podría enfrentarse a una grave crisis política y social, y a una nueva frustración para los sectores más vulnerables del país.
