El Consejo de Estado condenó a la Nación por los tratos crueles, inhumanos y degradantes a las mujeres recluidas en la cárcel El Cunduy, ubicada en Florencia, Caquetá.
La Subsección B de la Sección Tercera de esa corporación declaró la responsabilidad del Ministerio de Justicia, la USPEC y el INPEC por los daños derivados del hacinamiento y la inhumanidad a la que fueron sometidas las mujeres en ese centro penal.
La sala declaró que el hacinamiento en la cárcel El Cunduy fue en sí mismo un trato cruel, inhumano y degradante que redujo el espacio vital de las internas a unos 2 metros.
El alto tribunal indicó que el hacinamiento en este caso iba acompañado de condiciones de precariedad extrema en temas vitales para las internas como las necesidades fisiológicas y biológicas, especialmente en situaciones como el período menstrual, el embarazo, la lactancia y la crianza de niños.
"Su condición de mujeres no fue neutral en la producción del daño, porque estuvieron sometidas a un impacto diferencial y agravado en el contexto penitenciario, que supuso una violación intensa y particular de su dignidad humana", estableció.
La condena a la Nación reconoció dos tipos de perjuicio inmaterial: el perjuicio moral y el perjuicio a derechos constitucionalmente protegidos.
El Consejo de Estado indicó que ambos deben ser indemnizados a cada mujer que haya estado presa entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013, y que lo acredite en los términos explicados en la sentencia.
"La sala advirtió que esa indemnización respondió al rigor del perjuicio que padecieron como mujeres, y reiteró que los padecimientos y sacrificios a que fueron sometidas, en ese sistema penitenciario masculinizado, perturbaron aspectos exclusivos de su género e identidad, que no podrían ser reparados a los hombres en idénticas circunstancias", resaltó.
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Finalmente, el Consejo de Estado ordenó al Ministerio del Interior y exhortó al Congreso de la República para que, en ejercicio de sus competencias, detengan el populismo punitivo en el diseño de las penas y las medidas de prisión preventiva que afectan desproporcionadamente a las mujeres.
"El Ministerio deberá formular una política criminal y penitenciaria con enfoque de género, según criterios indicados en el fallo, y presentará un proyecto de ley que la concrete ante el Congreso", finalizó.