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El documento señala que los recursos corresponden a cooperación técnica ya aprobada y no a un nuevo financiamiento.
La contratación, por más de $78.000 millones, quedó suspendida por orden judicial mientras se resuelven varias acciones de tutela. El proceso ya había sido cuestionado por el presidente electo, Abelardo De la Espriella.
El vicepresidente electo aseguró que los recursos no generan deuda y servirán para estructurar proyectos estratégicos.
La Ley 2590 de 2026 fija penas de hasta 50 años por reclutamiento ilícito y crea nuevas medidas de prevención en Colombia.