La emergencia dejó sin agua potable a 4.200 habitantes, destruyó el principal acueducto del municipio y causó graves afectaciones en vías, cultivos y viviendas.
La administración entrante aseguró que su propuesta fue exclusivamente humanitaria y afirmó que cualquier apoyo solo se daría a través de canales institucionales y con respeto a la soberanía venezolana.
