El reciente y presunto caso de abuso sexual perpetrado por Freddy Castellanos, coordinador de dos instituciones en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), más allá de la indignación y rechazo que a todos nos debe producir, cuestiona a todos como sociedad. ¿Qué responsabilidad individual y colectiva hemos asumido para que se cumpla el principio constitucional fundamental de que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás? La seguridad que todos reclamamos empieza por los niños. Este caso pone en evidencia las fallas estructurales en el sistema de protección infantil, pero también reitera la urgente necesidad de una reforma integral que garantice la seguridad y el bienestar de los menores bajo la tutela del ICBF.
La reforma al sistema nacional de bienestar familiar debe enfocarse en prevenir futuros casos de abuso y garantizar un entorno seguro para los niños.
En primer lugar, establecer procesos rigurosos de selección y capacitación para todos los empleados del ICBF. Deben incluir evaluaciones psicológicas exhaustivas, verificaciones de antecedentes penales y programas de formación continua en derechos de la infancia y prevención del abuso.
El Sistema Nacional de Bienestar Familiar debe tener un organismo independiente encargado de supervisar y monitorear las actividades del ICBF y sus instituciones afiliadas. Esta entidad debe tener la autoridad para realizar auditorías periódicas, investigar denuncias y tomar medidas disciplinarias inmediatas cuando sea necesario.
Además, desde hoy, desarrollar y difundir protocolos claros y accesibles para la denuncia de abusos. Instaurar mecanismos de atención integral para las víctimas, que incluyan apoyo psicológico, legal y social.
Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas dentro del ICBF que ordene la publicación regular de informes sobre el estado de los programas de protección infantil, así como la realización de consultas públicas para recoger las opiniones y sugerencias de la comunidad.
Es de vital importancia involucrar a la comunidad en la vigilancia y protección de los menores. La creación de comités de vigilancia comunitaria y la promoción de campañas de sensibilización pueden detectar y prevenir situaciones de riesgo.
Una prioridad y el eje un nuevo sistema de bienestar integral son los programas de salud mental y emocional de los niños y adolescentes.
En otro frente, la justicia necesita herramientas para identificar, judicializar y evitar la reincidencia en casos de abuso sexual. El ADN es fundamental porque proporciona evidencia científica forense. La plenaria de la Cámara de Representantes tiene en sus manos para cuarto y último debate, la materialización de este instrumento al servicio de la justicia. El proyecto de ley Sofía (caso de feminicidio de Sofía Delgado de 12 años) permitirá identificar al perpetrador antes de que cobre otra víctima. Brayan Campo, confesó su culpabilidad en el feminicidio de Sofía, pero había quedado libre por vencimiento de términos después de haber violado en 2018 a otra menor.
El ADN significa justicia y protección porque es evidencia que puede ser fundamental para condenar a perpetradores de abuso sexual o absolver a inocentes. También protege a posibles víctimas cuando identifica y procesa a los victimarios antes de que cometan futuros abusos. Desde que el ADN fue empleado por primera vez, los avances tecnológicos han permitido nuevas técnicas de análisis, junto a la expansión y gestión de bases de datos.
El Congreso tiene la palabra.
