Se aprobó en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que define la hoja de ruta del Gobierno en los próximos cuatro años. Como integrante de la Comisión de Conciliación que une los articulados aprobados en Senado y Cámara, quiero resaltar algunos puntos importantes, así como manifestar unas preocupaciones que me surgen del texto final.
Para destacar
Dentro de los puntos importantes, celebramos la intención del Gobierno de consolidar y actualizar el Catastro Multipropósito. Este es el censo de todos los bienes tanto urbanos como rurales y brinda información sobre las características de los predios, de sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), sólo el 9,4% de los predios cuentan con información catastral actualizada. Esta estrategia permitirá articular los procesos de tenencia, valor, uso de la tierra y fortalecer el recaudo tributario de los municipios y, por esta vía, aumentar su autonomía fiscal.
En segundo lugar, resaltamos la creación del Registro Universal de Ingresos (RUI) como instrumento único de focalización de los subsidios y programas sociales. En el corto plazo, se reemplazará el SISBEN IV y el sistema de estratos para asignar los subsidios. De esta manera, se minimizarán errores que ocurren actualmente como, por ejemplo; que familias con ingresos reciban dos o más subsidios, mientras otras que no tienen ingresos no reciben ninguna ayuda.
No obstante, no apoyamos la obligatoriedad a la DIAN de compartir la información de las declaraciones tributarias, aduaneras y cambiarias al Departamento Nacional de Planeación para la construcción de este registro. La DIAN no tendría la información de las declaraciones tributarias de las personas no declarantes de renta que serían las susceptibles de recibir las ayudas que brinda el Gobierno. En defensa de la ley 1581 de 2012, en cuanto al manejo de la información personal de los declarantes, el uso adecuado de sus datos y la no vulneración del derecho a la intimidad, presenté una proposición modificatoria que no contó con el aval del Gobierno.
Artículos que preocupan
En reunión de conciliadores me opuse a la inclusión del artículo 233, el cual había sido eliminado en Senado. Este artículo impone una transferencia de hasta el 6% para las plantas nuevas de energía solar y eólica en las regiones con mayor radiación solar y velocidad del viento. Resulta que los departamentos que más cumplen con estas condiciones, según el IDEAM, son La Guajira, Atlántico, Cesar y Magdalena.
Consideramos que el Gobierno actúa de forma incoherente cuando, por un lado, desincentiva la inversión en energías limpias en esta región del país, siendo la transición energética una de sus banderas. Y, por otro lado, se puede terminar generando un aumento en las tarifas de energía eléctrica; ya que las inversiones por ampliación de la cobertura, mejoramiento de redes y cambio de la matriz energética (sustitución por energía eólica y solar), son inversiones que se remuneran dentro del costo unitario de la prestación del servicio e impulsan al alza las tarifas de la energía eléctrica (BanRep, 2023).
Igualmente, me opuse al artículo 101, eliminado en Cámara, pero aprobado en Senado. El artículo permite celebrar contrataciones directas con asociaciones denominadas público populares en montos de hasta casi $7 mil millones de pesos (6000 SMLMV). Esto puede resultar riesgoso, técnica y financieramente, pues vulnera principios objetivos de la contratación pública. Resulta increíble que un Gobierno que ataca la corrupción, deje abierta la puerta para que se realicen contratos sin garantizar su idoneidad, lo que terminaría afectando la calidad y eficiencia de las obras; y, por ende, golpeando a las comunidades.
Así las cosas, es asertivo afirmar que las discusiones que se dieron al interior del Congreso sobre el PND permitieron entregarle al país una norma más cohesionada y organizada que la presentada inicialmente. No obstante, quedaron algunos puntos discutibles que deberán ser atenuados vía legislativa o vía decretos, para que el desarrollo normativo propuesto sea una herramienta útil para los colombianos en el próximo cuatrienio.
