La semana termina con desastres provocados por lluvias que no se detienen y las autoridades ambientales ya alertaron sobre la muy probable llegada desde septiembre hasta enero de 2022 del fenómeno de La Niña: el enfriamiento, entre 0,5° y 1° centígrado, de la superficie del océano Pacífico a lo largo de su zona ecuatorial. Hemos visto con preocupación y tristeza lo sucedido en Sarandelo y Palo de Agua, corregimientos de Lorica, en Montería y Cereté, por el desbordamiento del rio Sinú. Hablo frecuentemente con amigos afectados por las inundaciones causadas por las precipitaciones y el aumento en los niveles de los ríos Cauca y San Jorge. Cara e Gato se inundó y tiene en alerta a los 11 municipios de La Mojana. Me inquietan las noticias que informan sobre el colapso de la movilidad terrestre en el Catatumbo, las tormentas eléctricas en el litoral Caribe y las familias afectadas en estos lugares, como en Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca y otras partes de Colombia.
Por eso, al tiempo que me he reunido con la comunidad para escuchar acerca de este y otros problemas, he pedido a la institucionalidad estatal enfrentar con rapidez y lo mejor posible la emergencia invernal. Miles de damnificados, cultivos y trabajos del campo perdidos, daños a viviendas, comercios e infraestructura: un panorama muy difícil. Lo es también porque Colombia, por estar atravesada por la joven Cordillera de los Andes, por ser irrigada por los ríos que nacen en áreas altas, incluso páramos, por tener costas en el Atlántico y el Pacífico y por ubicarse en la zona tropical del planeta, es especialmente vulnerable al cambio climático. Y lo es, además, porque la mayor parte de los colombianos vivimos en las regiones Andina y Caribe.
Efectivamente, el reto que el clima nos crea estas semanas trasciende estas semanas. Nuestra discusión sobre el desafío del fenómeno de La Niña y las pérdidas recientes no será completa si no incluimos en ella una consideración sobre el calentamiento global compatible con el desarrollo económico que garantiza la cohesión social y fortalece la democracia. Y como no es posible alcanzar ese desarrollo con todo su potencial sin generación intensiva de energía y sin la infraestructura física que nos haga más competitivos, la discusión completa debe buscar soluciones que, a largo plazo, hagan de Colombia un país más resistente a los embates de la naturaleza y un gran generador de energía limpia.
Estas soluciones deben venir de un debate incluyente en el que participemos comunidades afectadas, sectores productivos, líderes políticos y sociales, expertos, gobiernos locales, departamentales y nacional y, en general, la sociedad civil. Este diálogo, cuya finalidad es tomar decisiones y presentar proyectos que se traduzcan en reparar los daños que hasta ahora ha causado el invierno y en el fortalecimiento de la infraestructura y la matriz energética nacionales, debe tener presente también que Colombia posee una biodiversidad inconmensurable, una riqueza que debe protegerse al tiempo que se persigue la prosperidad. Y en esta conversación no puede ignorarse que Colombia se ha obligado por los principales instrumentos jurídicos internacionales que reflejan el consenso de la humanidad sobre los imperativos de adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos, el más importante de los cuales es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como Acuerdo de París, cuyo propósito central es mantener el aumento de la temperatura planetaria por debajo de 2º C y aunar esfuerzos para que el calentamiento no supere los 1.5º C.
La situación actual exige de nosotros, por lo tanto, no renunciar a la industrialización de regiones frágiles al cambio climático con la menor emisión posible de gases de efecto invernadero. Esto no se logra abrazando visiones fatalistas o posturas románticas que demonizan los avances técnicos de nuestra especie o sectores claves de la economía. El desafío se vence reduciendo la intensidad del uso del carbono y, en general, de los combustibles fósiles en forma responsable, como hasta ahora se ha hecho. Esto conlleva admitir que crecimiento económico no equivale a mayor combustión, que el desarrollo científico y tecnológico no son enemigos de la naturaleza sino medios para disminuir nuestra huella de carbono y que en la generación de energía hay costos que condicionan la toma de decisiones.
Por eso las acciones de la ciudadanía, los municipios y los departamentos y el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, el Invias, las autoridades ambientales y la Fuerza Pública para reparar las vías -como las troncales que unen al Caribe con el interior del país- y los diques rotos por las fuerzas de las aguas y reubicar a población y llevarle alimentos y medicinas no son aisladas. Este esfuerzo se articula con los proyectos de energía solar y eólica, en los cuales Bolívar y Córdoba son protagonistas, y la ampliación al finalizar el año de la flota de transporte público de vehículos eléctricos hasta 6.000 y la siembra de 120 millones de árboles al cierre de 2021, entre otras medidas para reducir nuestras emisiones en más de la mitad en 2030.
Mientras llegan las soluciones de largo plazo, que también incluyen la infraestructura requerida y el fortalecimiento y la redefinición del rol del Fondo de Adaptación creado para atender la emergencia de 2010 para que sea permanente, ayudemos a los perjudicados y exijamos al Estado cumplirles a éstos y avanzar en las obras que el futuro demanda. Nuestra solidaridad, nuestra compasión y nuestra visión son útiles ahora y serán útiles mañana.
Encima. Una amnistía condicionada a respetar derechos de las víctimas, que no se extienda a responsables de crímenes graves ni a corruptos y restablezca situación de integrantes de Fuerzas Armadas es mejor que la impunidad. Y un acuerdo nacional es mejor que una imposición antidemocrática.
