No hay un colombiano que recientemente no se haya sentido afectado por la ola de inseguridad a nivel nacional, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Es una preocupante realidad que nos llena de temor, zozobra y a la cual debemos hallarle soluciones. Además, el aumento de robos, extorsiones y casos de sicariato en establecimientos de comercio y pymes han generado una alerta por la inminente afectación a la inversión y al sector productivo del país.
La inseguridad, desbordada
De acuerdo al Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, entre enero y abril del 2023 varios delitos aumentaron con respecto al mismo periodo del año anterior: el secuestro un 162%, la trata de personas un 79%, la extorsión un 43%, masacres un 10% y hurto un 10%.
Ya desde el 2022, el DANE había registrado una percepción de inseguridad de los ciudadanos del 53%, es decir, un aumento del 9% respecto al 2021. Nos encontramos ante una problemática que viene en aumento y las alarmas están encendidas por el desbordamiento de casos en el 2023.
En concordancia con lo anterior, alcaldes y gobernadores han denunciado desde hace varios meses el aumento de extorciones y de los índices de criminalidad en sus regiones. Según la Policía, el 2022 es -hasta el momento- el segundo año con la cifra más alta de homicidios desde 2016, pero aún falta consolidar los datos de este año.
El comercio y las pymes, entre los afectados
Como si la inflación, las altas tasas de interés y los precios de los insumos no fueran suficientes, también la inseguridad ataca fuertemente a establecimientos de comercio, tenderos, restaurantes, pymes y mipymes.
Por ejemplo, en Bogotá el 64% de los comerciantes afirma que no se sienten seguros en su zona o localidad de trabajo y el 31% fueron víctimas de robo, tal como lo señala Fenalco en una encuesta realizada en abril de este año. Adicionalmente, en un sondeo de seguridad empresarial en las mipymes del 2022, hecho por Acopi, 32,4% manifestaron haber sufrido robos, extorsiones y violaciones a la propiedad privada.
Lo anterior amenaza fuertemente con una parálisis del sector productivo del país y da pie para que se haga un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades a que tomen medidas efectivas que protejan la actividad empresarial y, por ende, la estabilidad económica para millones de familias.
Garantías de seguridad para el sector productivo
No sólo le corresponde al Gobierno Nacional junto a la fuerza pública redoblar esfuerzos en las operaciones militares y policiales para continuar desarticulando las bandas criminales que tienen atemorizadas poblaciones enteras, sino replantear su estrategia de ‘paz total’ con grupos como el Estado Mayor Central de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN que siguen cometiendo todo tipo de actos delictivos contra los colombianos.
De igual forma, se debe garantizar la seguridad para el sector productivo, comerciantes, tenderos, restaurantes, pymes y mipymes que son quienes generan el empleo en nuestro país. No podemos cometer el gravísimo error de dejar a merced de los delincuentes al motor económico que sobrevivió una recesión casi fulminante por el Covid-19 y que, aun así, mantiene a flote nuestra economía nacional y es, por supuesto, el sustento de millones de familias colombianas.
