Heidy Sánchez Barreto

Abogada de la Universidad Libre, especialista en derecho ambiental y cursa maestría en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Se reconoce como una mujer feminista y antimilitarista, que representa desde el Concejo de Bogotá a las nuevas generaciones de la Unión Patriótica, partido del cual es su presidenta a nivel distrital.

Heidy Sánchez Barreto

Crisis ambiental: una prioridad relegada en el Plan de Desarrollo Distrital

La administración de Carlos Fernando Galán inició su periodo atendiendo la gravedad de los incendios forestales en los Cerros Orientales, evidenciando la vulnerabilidad y riesgo del cambio climático en la ciudad producto del aumento de las temperaturas, las inadecuadas prácticas sociales y las históricas malas intervenciones institucionales de restauración, conservación y preservación ambiental que han conllevado a la fragilidad de los ecosistemas estructurantes en Bogotá.

Este panorama se suma a una reducción drástica en los niveles de los embalses que conllevó al llamado de ahorro de consumo de agua, la mala calidad del aire principalmente en la zona suroccidental de la ciudad y la degradación sistemática de los entornos naturales cómo humedales, ocupaciones y redelimitaciones del cauce de los cuerpos hídricos, bosques urbanos, parques de borde y áreas de reserva ambiental de cara al ejercicio rapaz de urbanistas y constructores que han reducido sus áreas a límites históricos.

Bajo ese panorama, el borrador de Plan de Desarrollo Distrital (PDD) propuesto por esta administración, sigue cayendo en el error de ver lo ambiental como algo aislado, de componentes diferenciados agua, aire, suelo, bosques, etc., y por consiguiente plantea su integración a la ciudad desde un solo modelo antropocéntrico y no desde la perspectiva ecosocial que abarca la comprensión ecosistémica, interdisciplinaria, histórica, cultural y comunitaria de los procesos de interacción ambiental y social. Esto, dejando en evidencia que los determinantes ambientales se convierten en un problema para la concepción de “desarrollo” planteada por el gobierno distrital.

Este craso error ha conllevado a disgregar lo ambiental en diferentes programas y artículos en el borrador propuesto de PDD, lo que ratifica la concepción de partes obviando la integralidad ambiental como un todo interconectado y codependiente. Asimismo, limitando las metas a intervenciones reduccionistas de cantidades numéricas y no a programas articulados que permitan abordar los problemas estructurales en materia socioambiental.

En ese sentido, ahondamos el análisis inicialmente en el artículo 13 del borrador que contiene los programas del objetivo estratégico 4 denominado “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”, donde se aborda en gran medida las propuestas de acciones de tipo ambiental insertas al mismo tiempo en temas de movilidad, renovación urbana y vivienda.

Este objetivo cuenta con 9 programas, y el primero de ellos denominado “ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo” (programa 24), esconde una meta que nos parece aterradora pues consiste en viabilizar 1.200 hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, desde los componentes de la Estructura Ecológica Principal (EEP), movilidad, espacio público, revitalización, Sistema de Cuidado, vivienda, servicios urbanos, empleo y productividad. Es decir, bajo la “necesidad del desarrollo” se sigue reduciendo y limitando aún más área a los componentes de la EEP, reviviendo el nefasto discurso peñalosista donde lo ambiental debe convertirse en espacio público efectivo; lo que conllevó en otrora época a la política de endurecimiento de humedales y a la formulación del Sendero de las Mariposas en los Cerros Orientales.

Otro programa que nos llama particularmente la atención, está relacionado con incremento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad (programa 26), el cual pretende abordar la adopción de prácticas y estrategias en el marco del cumplimiento de la Política Pública de Acción Climática (PPAC) y elementos de la gestión del riesgo no mitigable, allí se desarrollarán proyectos de soluciones basadas en la  naturaleza (SbN) y Pago por Servicios Ambientales (PSA), con énfasis en resultados. Cuando realizamos un acercamiento a las metas, evidenciamos que no atienden la problemática relacionada con el déficit de arbolado urbano, incluso con metas inferiores a la administración anterior. Actualmente Bogotá presenta tan solo 0,16 árboles por habitante, lo que implica que a cada 6 personas le corresponde un árbol, a diferencia de ciudades como San francisco y Filadelfia en Estados Unidos, que alcanzan a superar un árbol por habitante, denotando el déficit de cobertura y espacios arborizados en la ciudad, propinciando la contaminación del aire, afectaciones sobre la salud, la baja captura de CO2 y la productividad de las personas.

Siguiendo con la visión fragmentaria de los componentes ambientales, nos encontramos con el programa 29 relacionado con la reducción de emisiones y control del deterioro ambiental, centrado en el ejercicio policivo de la autoridad ambiental y la financiación para la renovación del parque automotor de los vehículos de transporte de carga que circulan en la ciudad (FonCarga), es decir, recursos para movilidad. Allí consideramos que se pierde la oportunidad de plantearnos metas concretas frente a la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el mejoramiento de la calidad de aire en la ciudad en la búsqueda de alcanzar la neutralidad de carbono a 2050.

Por último, dentro de los programas contenidos en el artículo 13 encontramos el denominado “servicios públicos inclusivos y sostenibles” (programa 30), que recoge componentes del sistema de acueducto y alcantarillado, y el componente de residuos sólidos. Es importante aclarar que las metas frente a todo el tema de residuos están contenidas en el programa 26, lo que continúa demostrando una desconexión en la comprensión del tema ambiental. Dentro de las metas de dicho programa, son inexistentes las relacionadas con el modelo de recolección de residuos sólidos, la economía circular, la incorporación de la población recicladora y la necesidad de atender el relleno sanitario Doña Juana. Sumado, es preocupante la perspectiva de reconocimiento del hecho metropolitano de provisión de servicios públicos en el marco de la Región Metropolitana, Pues implica la expansión del sistema de abastecimiento de agua potable, pero deja de lado la preocupación existente frente al manto de corrupción en la construcción y operación de las PTAR en la ciudad, que son parte integrante de los compromisos para la descontaminación del río Bogotá.  

Adicionalmente, pasando de los programas contenidos en el artículo mencionado, nos encontramos con los artículos 70, relacionado con la implementación de la política pública de acción climática 2050 ya contenido en parte en el programa 26; el artículo 71 relacionado con el fortalecimiento de la EEP sin meta alguna, y que no es otra cosa que reducir la intervención pública mediante pago por servicios ambientales (PSA); y, el artículo 110 que plantea la articulación del PDD con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), donde se profundiza la construcción del parque lineal del río Tunjuelo con grandes afectaciones al cauce natural del mismo.

Como se puede observar, esta administración carece de una visión holística de los problemas de ciudad, si bien la seguridad y la movilidad son los temas más sonantes para la ciudadanía, se está perdiendo una oportunidad enorme para la atención de problemas estructurales como la gestión del riesgo, la seguridad alimentaria, la salud pública, la provisión de servicio esenciales y, sobre todo, la garantía de preservación de la vida en Bogotá.

Sin embargo, no todo está perdido, la oposición que planteamos al gobierno Galán se basa en propuestas que permitan dar debates de ciudad para que podamos comprender los conflictos ambientales como oportunidades de transformación social, económica, productiva y cultural para coexistir de manera sustentable. En ese sentido presentamos a la ciudad las siguientes propuestas:

  1. Construir un modelo de ordenamiento y planificación de ciudad tomando como columna vertebral los cuerpos hídricos.
  2. Formular la política pública de transición energética justa, que incluya metas para la descarbonización de la ciudad y la dependencia de fuentes fósiles, componentes frente a comunidades energéticas, debate de tarifas justas y temas de reconversión energética de la movilidad en la ciudad, entre otros.
  3. Creación de un modelo integral, circular, participativo y sustentable para la gestión integral de los residuos sólidos, que tenga como objetivo fundamental la inclusión social y económica de la población recicladora y para los procesos de supervisión y control, mediante el fortalecimiento de las infraestructuras ECA públicas, así como el cierre de Doña Juana de manera gradual a través de la promoción de alternativas tecnológicas que garanticen la sostenibilidad ambiental, social y económica mediante parques tecnológicos y ambientales de valorización de residuos.
  4. Actualización de la política distrital de humedales poniendo como prioridad las funciones ecosistémicas y sus servicios ambientales, la actualización de sus planes de manejo ambiental y la destinación de recursos para su cumplimiento, así como adelantar los estudios necesarios para la declaratoria de nuevos humedales.
  5. Creación del sistema distrital de protección y bienestar animal, como el conjunto de políticas, orientaciones, normas, actividades, programas, instituciones y actores que permitan la protección y el bienestar animal, así como la implementación de la política nacional de protección y bienestar animal.
  6. Recuperación, restauración y constitución de corredores ecosistémicos de la EEP permitiendo el intercambio de materia y energía en la ciudad.
  7. Creación de la comisión interinstitucional de Escazú encargada de la formulación del plan de implementación y creando salvaguardas sociales y ambientales, garantizando la protección de personas y colectivos que defienden los derechos ambientales y territoriales.
  8. Saneamiento predial, recuperación ambiental y cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Van der Hammen.
  9. Fortalecimiento del Desarrollo rural ZRC como figura de ordenamiento social de la ruralidad en Bogotá.

Estas apuestas que proponemos elevar en el debate parten de la premisa de que la configuración moderna de ciudad debe incorporar estructuralmente la naturaleza en su concepto integral, como condicionante de la vida del ser humano, justo ahora que enfrentamos la erosión de las condiciones ecológicas que han puesto en peligro la existencia de la humanidad.

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Heidy Sánchez Barreto
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