Nicolás Salazar Ortiz

Administrador de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad Texas A&M. Es epecialista en Mercadeo Estratégico del CESA y magíster en Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como Director de Transferencias Monetarias, a cargo de programas como Familias en Acción e Ingreso Solidario, y como Director de Contratación y gobierno en el sector privado.

 

Nicolás Salazar Ortiz

¿Dónde están los recursos del IVA?

Estamos a semanas de finalizar el séptimo mes del 2023 y el programa Devolución del IVA aún no ha realizado su primer pago del año. dos millones de hogares en el país no han recibido los 80 mil pesos que este programa promete de manera bimensual. Pasan los meses y los 240 mil pesos acumulados, correspondientes a tres ciclos de pagos, no se ven reflejados aún en las cuentas de los beneficiarios.

Por otra parte, tan sólo a enero del 2023 la variación anual del IPC alcanzó un nivel del 13,25%. En los últimos días el Ministerio de Transporte comenzó a revisar el alza de algunas tarifas de transporte público. El aumento constante al precio de la gasolina comienza a afectar de manera directa e indirecta el bolsillo de los colombianos. ¿Por qué han abandonado el programa Devolución del IVA y así mismo, a sus beneficiarios, a pesar del aumento en el costo de vida?

El programa Devolución del IVA fue creado por el Congreso de la República a partir del Artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 con el fin de generar mayor equidad en la regresividad causada por el impuesto que grava el consumo de productos y servicios (IVA) sobre la población más vulnerable. La regresividad significa que el impuesto tiene mayor afectación en población en situación de pobreza que en personas con mayores ingresos. El mencionado artículo de la Ley estableció que esta compensación corresponde a un valor monetario establecido por el gobierno nacional, basado en el promedio que pagan en IVA los hogares de menores ingresos, y el cual debe ser pagado cada dos meses.

Desde la creación del programa hasta que Gustavo Petro asumió la presidencia, el Gobierno Nacional invirtió más de dos billones de pesos para combatir el impacto negativo que genera el impuesto sobre población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Tan solo en Bogotá, este programa apoyó a 43.374 hogares de la ciudad, con una inversión de más de 41.500 millones hasta agosto del 2022.

Entonces, es necesario preguntarse que ha pasado con la continuidad de este programa durante el presente año y por qué el Departamento de Prosperidad Social, no ha cumplido con lo establecido en la Ley 2010 del 2019 respecto a la obligatoriedad de realizar pagos bimestrales. ¿A dónde han ido a parar los 10.500 millones de pesos que los bogotanos debieron haber recibido durante el transcurso del año? ¿Si estamos hablando sobre el incumplimiento de una Ley, que investigaciones se han llevado a cabo hasta la fecha?

Según la información publicada en el portal del DPS, el pago del ciclo 12 del programa fue el último registrado, y fue realizado en diciembre del 2022. Se aproxima el fin del año 2023 y aún no hay fechas claras para entregar los recursos del programa a los beneficiarios. Según el DPS, se encuentran realizando un proceso de refocalización de beneficiarios del programa. Todas las iniciativas para garantizar que los recursos lleguen a la población que más lo necesita son bienvenidas. Sin embargo, ¿hasta cuando tendrán que esperar estos hogares?

Sumado a lo anterior y a pesar de las largas filas que se han visto recientemente en las sucursales del Banco Agrario para el cobro del programa Tránsito a Renta Ciudadana, y de los sobrecostos generados por la comisión bancaria cobrada por este banco, presuntamente la entidad estaría pensando contratar a este mismo banco para la entrega de los recursos de este programa.

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