María José Pizarro

Activista y política colombiana. Desde el 20 de julio de 2022 ejerce el cargo de Senadora de la República, en representación del Pacto Histórico. Entre 2018 y 2022 fue miembro de la Cámara de Representantes.​

María José Pizarro

Educación, un derecho fundamental para Colombia

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Regular el derecho fundamental a la educación es una tarea que el país ha pospuesto por 30 años. A pesar de la jurisprudencia, no hay una norma que regule los contenidos, principios y elementos esenciales de este derecho. El Gobierno del cambio se ha propuesto transformar esta realidad, a través de un proyecto de ley cuya discusión estaremos liderando y defendiendo esta semana en Comisión Primera de Senado, en su tercer debate. A continuación, te cuento algunos elementos esenciales sobre el contexto de esta propuesta.

Actualmente, el derecho a la educación en el país enfrenta múltiples desafíos en términos de calidad, acceso, condiciones de permanencia y cobertura, entre otros. La situación es compleja. Por ejemplo, 1 de cada 5 niños y niñas del país está matriculado en la educación inicial. Y en cuanto a cobertura, la capacidad del sistema educativo para atender la población que demanda el servicio, llegamos al 11% en prejardín y 17% en jardín, mientras que en transición se alcanza el 95%, puesto que es el único nivel obligatorio.

La situación de la educación básica y media no es muy diferente. A nivel nacional, si bien la cobertura bruta para básica primaria y secundaria es casi universal, la cobertura neta para media es del 49%, y de cada 100 estudiantes que ingresan a primaria, sólo 54 logran culminar la enseñanza media, y de éstos apenas 11 lo hacen con las competencias necesarias.

En educación superior, el escenario se repite: no se cumplió la meta de cobertura del 60% en el periodo 2018-2022, quedando apenas en un 54%. Si bien este dato es sustancialmente mayor que hace 30 años, aún sigue estando lejos de lo deseado. Además, solo el 34% de los municipios ofrece algún programa de educación superior, y el 64% de las matrículas se concentran en Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico y Santander.

Estos escenarios descritos empeoran aún más si los desglosamos entre población urbana y rural, o si los comenzamos a analizar en términos de condiciones materiales: solo uno de cada cuatro jóvenes en la ruralidad ingresa a la universidad; también, existe una correlación entre deserción, mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas, departamentos con baja cobertura y bajos indicadores económicos. Incluso, en departamentos con peores condiciones educativas, se observa mayores tasas de matrimonio infantil.

Por todo lo anterior, debemos trabajar para garantizar sin discriminaciones ni barreras, la formación integral en todo el ciclo de vida y contribuir a que cada persona pueda vivir con dignidad. El proyecto que presentó el gobierno, que ya surtió dos debates en Cámara, con decenas de mesas y audiencias, con la participación de más de 4.500 personas, con cerca de 1.000 proposiciones y votado de forma unánime, busca justamente desarrollar las garantías del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, regular su ejercicio y establecer condiciones y obligaciones para su protección.

A su vez, se recogen luchas históricas de los movimientos estudiantiles, como la progresividad y la gratuidad para lograr la cobertura universal, y los principios democráticos de participación directa y vinculante en los gobiernos de las instituciones de educación superior. Recordemos que, no hay autonomía sin democracia.

A pesar de esto, y que beneficia a todo el país, el proyecto aún enfrenta resistencias, varias basadas en mentiras. Por ejemplo, la ponencia alternativa tiene una preferencia por el mercado, antes que garantizar el derecho a la educación, pretendiendo generar una falsa dicotomía entre el rol de la educación en la sociedad, y la posibilidad que hoy tienen, y tendrán, privados y particulares para ofrecer programas educacionales.

Incluso, va más allá, eliminando la garantía del derecho a la educación de sectores poblacionales vulnerados históricamente, sosteniendo las desigualdades y barreras en la educación y, buscando repetir la historia de violencia, permitir el ingreso de oficio de la Fuerza Pública a las universidades en caso de manifestaciones y castigar a los estudiantes que participen en ellas.

Por todo lo anterior, invito a toda la comunidad educativa, profesores, estudiantes y familias, a estar pendientes del debate, a acompañarnos en la discusión de este proyecto esencial para las nuevas generaciones. El país está en deuda con la educación. Y a mis colegas de la Comisión Primera de Senado, les invito a que demos la discusión, con altura y visión de país, para que logremos un acuerdo transversal para garantizar la educación como derecho fundamental en Colombia.

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