En materia de policía y seguridad ciudadana, muchos gobernantes no saben o, mejor dicho, no quieren entender que en Colombia hay dos servicios públicos: uno centralizado que se denomina “servicio público de policía”, a cargo de la Policía Nacional, y el otro descentralizado en las alcaldías que se llama “seguridad ciudadana y convivencia ciudadana”. Hoy los alcaldes tienen la responsabilidad política de este último servicio público, el cual requiere un trabajo coordinado con el Gobierno nacional.
Este tema no es menor, entendiendo que hoy por ausencia de una adecuada gestión pública de la seguridad, tanto de las entidades del orden nacional como de las gobernaciones y alcaldías, la responsabilidad en la seguridad se ha descargado por completo en el cuerpo policial. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el DNP y el presidente de la República, cada uno por su lado, hacen anuncios. Es la manera más fácil de no asumir políticamente la responsabilidad en la protección de los derechos y libertades ciudadanas.
Basta solo con escuchar los anuncios en términos de medición que se realizaron esta semana en la Escuela Militar de Cadetes: “El proceso de selección de mandos y los indicadores de evaluación de los comandantes de policía van a cambiar. Los resultados no se medirán por número de muertos, sino en términos de reducción de homicidios. Se van a medir los comandantes por la caída en la tasa de delitos y homicidios. El mando va a ser asumido por las mujeres y los hombres que hayan garantizado más seguridad”, y además, “que las cifras de denuncias se reemplazarán por la medición que hacen las encuestadoras”. Este es un claro eufemismo, como siempre todo cambia para que siga igual o peor. Estos mensajes desconocen por completo la seriedad con la cual se deben analizar e intervenir los problemas públicos relacionados con delincuencia, crimen organizado y convivencia; provocan una descarga total de la seguridad en la Policía que como institución no tiene el poder político para solucionarlos. Es muy diferente medir la percepción de la seguridad ciudadana y la convivencia a medir la efectividad del servicio de policía.
Los ejercicios de acrobacia retórica no los entienden muchos ciudadanos y autoridades. Mientras tanto en la medición que se emplea pareciera que se hace lo posible por no sumar todos los homicidios que suceden. Veamos un poco: a corte 16 de diciembre de este año, vemos un reporte de 12.780 homicidios de acuerdo con los registros administrativos que lleva la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional en el sistema de información sobre delitos llamado SIEDCO, cifra que preocupa por la poca variación con respecto al 2022, a pesar de los cambios metodológicos en la medición del homicidio que ordenó el Ministerio de Defensa a la Policía Nacional – DIJIN a comienzos del 2023. Este año que termina se mide solo el homicidio intencional o doloso; hasta el 2022 se medía el homicidio común, que incluía feminicidio, legítima defensa, muertes accidentales, homicidios por determinar y homicidio intencional. En otras palabras, las cifras de homicidio de 2023 excluyen las muertes por legítima defensa, las accidentales y las que ocurren en procedimientos de la fuerza pública.
La Policía, desde su misión, solo puede señalar en sus registros administrativos que se trata de un homicidio. Es claro que solo un juez con la información del fiscal, policía judicial y de medicina legal define la legítima defensa, las muertes accidentales y las dolosas. Aunque la historia en registros administrativos de las entidades nacionales es más larga y vale la pena seguir teniendo claridad en los criterios de valoración para evitar subregistros y márgenes de error, el mensaje político no se puede quedar en el plano de un juego de números, metodologías y hasta eufemismos, debe incentivar el análisis y la reflexión sobre las causas de los problemas, no debe quedarse jamás en la periferia o superficie.
Es cierto que se requieren mejores indicadores que contribuyan a mejorar la efectividad de las instituciones, no solo la de la Policía, para una correcta administración de sus recursos —principalmente el humano—, pero también es cierto que la preocupación más importante en el caso del homicidio es tener más detalle, diagnóstico y análisis de información cualitativa y cuantitativa para tomar decisiones inteligentes e intervenir las causas raíz del homicidio con una verdadera política pública territorial; es decir, se requiere tener mejor entendimiento e intervención a escala local del homicidio circunstancial —proveniente de asuntos de convivencia ciudadana— y del homicidio instrumental —proveniente del crimen organizado—
La Policía y las alcaldías requieren mejores capacidades institucionales, mejores instrumentos de planificación y coordinación, requieren sistemas de información interoperables, mejores directivos y equipos de trabajo cualificados y, sobre todo, un Gobierno nacional que facilite la integración entre la seguridad ciudadana y el servicio de policía en el ámbito territorial. El trabajo y la motivación de los comandantes de policía y de aquellos policías que hacen todo lo posible por salvar vidas se gesta no con medidas ininteligibles, sino con incentivos inteligentes: indicadores SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada).
Nota bene: Un dato importante para tener en cuenta en este camino espinoso, la Ley 2179 del 2021, actual estatuto de carrera de la Policía, establece en su artículo 117 que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional deben implementar el uso de tecnologías que permitan el reporte en línea de los eventos de delincuencia, indisciplina social, perturbación del orden público y satisfacción y valoración ciudadana a los diferentes centros de análisis policiales como insumo para la planeación operativa y evaluación del servicio de policía, lo que permitiría avanzar hacia indicadores inteligentes.
