Ricardo Felipe Herrera Carrillo

Abogado, especialista en régimen del Distrito Capital de Bogotá y magister en derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Experiencia de 11 años como servidor público y 23 años como profesional independiente con área de práctica en servicios públicos, derecho ambiental y régimen de contratación estatal.

Ricardo Felipe Herrera Carrillo

El nepotismo extendido del rol de la primera dama

En octubre del año pasado publiqué la columna titulada “Las familias presidencial, vicepresidencial y otras”, en la que me centré en advertir y destacar la ocurrencia de un nepotismo extendido gracias a la intromisión velada de las familias de los servidores públicos en los que haceres del ejercicio de cargos públicos. Las familias y amigos de los elegidos y nombrados, en no pocos casos, terminan siendo irregularmente favorecidos con contratos por interpuestas personas y gozando de privilegios que no les son propios.

La intempestiva visita de la primera dama, Verónica Alcocer, al recinto de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, para sumarse a la reunión de los ministros Alfonso Prada (Interior), Carolina Corcho (Salud), los ponentes de la iniciativa y el presidente de la comisión, Agmeth Escaf, en momentos en los que se hallaban tratando la discusión y enredada aprobación de la reforma a la salud, obliga hacer varias reflexiones. Una vez entró la primera dama al recinto, las puertas de la comisión se cerraron para evitar, seguramente, testigos sobre lo que hablaron.

Es nutrida y al parecer acertada la información periodística en el sentido de que la primera dama de la Nación tiene y ejerce directamente un poder político en el gobierno para el cual fuera electo su esposo, el presidente Gustavo Petro. Según esas informaciones periodísticas al parecer no son pocos los nombramientos de personas en el gobierno gracias exclusivamente a la cercanía personal con la señora Alcocer.

Lo propio, en estricto sentido, no es cuestionable por cuanto quién gana, gobierna con sus amigos. Lo cuestionable es que los amigos nombrados no gocen de las obligadas competencias para el buen ejercicio del cargo asignado y que sufragamos todos los colombianos; así como que el tan anunciado “cambio” en la manera de gobernar, fortaleciendo la meritocracia, parece haberse quedado en una falaz promesa de campaña.

Las tempranas representaciones oficiales del gobierno en cabeza de la primera dama de que dan cuenta las visitas a Reino Unido y a Japón, por ejemplo, sumadas a las referidos nombramientos de servidores públicos escogidos por ser de su círculo de amistad y las intervenciones ante miembros del gobierno y del legislativo como la ocurrida ayer, lejos están, en principio, de poderse reprochar legalmente, por cuanto la primera dama no ejerce cargo alguno sino corresponde a una ciudadana común y corriente, pero lejos está de ser común y corriente, gracias a los privilegios de que goza por ser la esposa del mandatario presidencial.

La señora Alcocer, en principio, no tiene restricciones legales para incidir en el nombramiento de funcionarios, tampoco para el ejercicio de la política electoral o impulsar como ciudadana cualquier proyecto de ley, como el de la salud. Gracias a que no ejerce cargo público alguno está eximida de las consecuencias sancionatorias que prevé el régimen disciplinario y penal previsto para los servidores públicos, como, por ejemplo, son los ministros del Interior y de Salud. Es decir, esta ciudadana goza de poderosos y únicos privilegios en el gobierno, incluso por encima de los servidores públicos del más alto nivel -por ejemplo de la vicepresidente- pero no le aplica responsabilidad gubernamental legal alguna como sí le aplican a aquellos.

Esto amerita reflexión y legislación al respecto. Reconocer la influencia y gestión de la primera dama -o primer caballero- en el gobierno de su pareja, pero también cargarle las debidas responsabilidades es una exigencia democrática pendiente y de urgente trámite. Entre tanto, el exhorto que procede, respetuosamente, a la primera dama, es que asuma la responsabilidad pública y transparente de autorregular su actuar.

Si la decisión es continuar la senda del activismo político durante el gobierno de su esposo, está llamada a abstenerse de servirse de los privilegios y recursos públicos por ser la esposa del presidente. De ser otra la senda, lo que corresponde es abstenerse de intervenir en actos y eventos con un claro efecto político gubernamental y una clara incidencia electoral futura en su inequívoco beneficio.  

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