La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas en la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, zona rural de Aracataca, tras recientes enfrentamientos armados que, aunque han cesado, dejaron a la población en alto riesgo.
Aunque hasta el momento no se reportan víctimas civiles, la entidad advirtió que los habitantes continúan expuestos a múltiples amenazas derivadas de la presencia de actores armados y la posible existencia de artefactos explosivos en inmediaciones de sus viviendas.
46 familias desplazadas y 172 personas afectadas
En el marco del Comité de Justicia Transicional, se confirmó el desplazamiento forzado de al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes. Además, otras familias habrían salido hacia municipios vecinos.
Quienes permanecen en la vereda enfrentan restricciones severas a la movilidad por la presunta presencia de grupos armados. Según la Defensoría, se han denunciado prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, como la retención de teléfonos celulares, la limitación en el ingreso de mercados y la restricción de medios de transporte, incluidas motocicletas.
Las familias que se desplazaron hacia el casco urbano de Aracataca aún no han recibido la atención humanitaria inmediata a la que tienen derecho, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
Riesgo advertido desde la Alerta Temprana 020 de 2025
La Defensoría recordó que estos hechos evidencian la consumación del riesgo advertido mediante la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, emitida para señalar un riesgo alto en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia.
El escenario se configuró por la intensa disputa territorial entre las autodenominadas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), confrontación que ha generado graves afectaciones a la población civil y profundizado la crisis humanitaria en la región.
Llamado urgente a autoridades y Fuerza Pública
La Defensoría instó a las entidades del orden nacional y territorial a implementar de manera inmediata e integral las recomendaciones de la Alerta Temprana y su plan de acción, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos.
Asimismo, solicitó a la administración municipal activar de inmediato el Plan de Contingencia para garantizar la atención humanitaria de emergencia a la población desplazada y, de ser necesario, pedir apoyo a la Gobernación y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
También pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reforzar la atención integral a los niños, niñas y adolescentes afectados.
A la Fuerza Pública le solicitó adoptar todas las medidas necesarias, en estricto respeto del Derecho Internacional Humanitario, para proteger a la población civil, prevenir nuevas afectaciones y evitar la intensificación de la crisis.
Además, pidió coordinar acciones para la recuperación y tratamiento digno de los cuerpos de presuntos combatientes reportados en vías del territorio, así como adelantar procesos de descontaminación de restos de munición y artefactos explosivos, priorizando las zonas de tránsito y permanencia de la comunidad.
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Exigencia a los grupos armados
La entidad exhortó a los grupos armados con presencia en el territorio a respetar los compromisos asumidos con el Gobierno Nacional en el marco de los espacios sociojurídicos de diálogo y reducción de violencia.
Subrayó que estos compromisos deben traducirse en conductas inmediatas, reales y verificables, y en la observancia estricta del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo el principio de distinción y la prohibición de afectar bienes y personas protegidas.
