La semana pasada la Conferencia Episcopal Colombiana, hizo la invitación a los católicos de nuestro país, para que participaran en una celebración eucarística, con el fin de renovar la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Esta convocatoria se dispuso a la consagración de la familia, las comunidades parroquiales y especialmente, para implorar
por el fin de esta pandemia ocasionado por el SARS-CoV-2- Covid-19, que tanto perjuicio ha ocasionado en pérdidas de vidas humanas e irreparables consecuencias socio económicas, que han causado una profunda crisis.
Colombia, se consagró al Sagrado Corazón de Jesús por primera vez en el año 1902, siendo jefe de estado el doctor José Manuel Marroquín y Arzobispo de Bogotá, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, en una acción de exhortación por acabar con otra pandemia de la época: la “Guerra de los Mil Días”. Dicha guerra, comenzó en 1889 y se extendió por tres años, ocasionado una confrontación sangrienta entre liberales y conservadores con graves repercusiones sociales, económicas y políticas, lo que generó la destrucción de la economía, muertes y odios, los cuales aún, muchos colombianos no logran superar.
Posterior a este hecho político – religioso de consagración, el 21 de noviembre de 1902, se firmó el famoso Tratado de Wisconsin, con el que se dio por finalizada una de las guerras más violentas y letales de nuestro país, la cual, según algunos historiadores, dejó más de 100.000 muertes violentas y un país devastado moralmente.
Son muchos los momentos nefastos de nuestra historia republicana, los que han marcado la vida a más de cuatro generaciones de compatriotas, con sucesos de violencia originados, en parte, por el desarrollo de la economía productiva y otras causas histórico-sociales que han profundizado el conflicto y violencia del país; entre ellas, podemos mencionar algunos hechos relevantes de nuestra historia: “La masacre de las bananeras” ocurrida entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga Magdalena, en donde se declaró una huelga llevada a cabo por más de 10.000 trabajadores a la multinacional bananera “United Fruit Company” que generó hechos violentos, por las exigencias de los trabajadores, causando centenares de muertes y heridos, en un enfrentamiento irracional por la defensa de unos derechos laborales. No se sabe a ciencia cierta cuentas personas murieron en ese suceso sangriento, pero Gabriel García Márquez en su obra “Cien años de Soledad”, habla de 3.000 muertes en ese lamentable hecho histórico.
Otro episodio trágico de nuestra , fue el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que generó el “tristemente célebre” “Bogotazo”, que desencadenó una revuelta popular de los seguidores de Gaitán, originando la muerte de cientos de personas y la destrucción de 142 edificios en el centro de la capital de la Republica, destruyendo y saqueando locales comerciales, se calcula que entre 1948 y 1958 entre 500 a 3000 personas murieron en enfrentamientos políticos. Este episodio da inicio a los conflictos armados en el país, con la aparición de las autodefensas guerrilleras campesinas de origen liberal.
Posterior, a esta ola de violencia bipartidista, que dejo más de 200.000 muertos entre 1948 y 1957, se firma un acuerdo de paz entre liberales y conservadores en 1958, conocido como el Frente Nacional, acordándose la alternancia del poder durante cuatro periodos de gobierno consecutivos, es decir, entre 1958-1974, este acuerdo contribuyo a disminuir la violencia bipartidista, sin embargo, las desigualdades sociales, la pobreza, la lucha por la tierra y la escasa legitimidad institucional, dieron origen posteriormente, a la aparición de las guerrillas en Colombia.
El surgimiento de los movimientos insurgentes, se originan en diferentes momentos con matices ideológicas de izquierda, coexistiendo hasta la fecha, mediante dos estrategias: el discurso político y la acción armada a través de actos terroristas, desplazamiento forzado, secuestro, extorsión, emboscadas, siembras de minas antipersonal, reclutamiento de menores, minería ilegal y narcotráfico, todo esto, con costos económicos y sociales de incalculables consecuencias, que no han permitido el desarrollo del país, por el contrario, han generado miseria, pobreza, despojo de tierras, muertes, dolor, desplazamiento y profundizado el odio entre los colombianos.
Son mas de seis décadas de conflicto armado y aunque se ha avanzado en acuerdos de paz con algunos frentes de organizaciones guerrilleras, el conflicto interno, implica para el estado, disponer de importantes presupuestos en defensa, seguridad, recuperación de la infraestructura, lo que afecta sustancialmente la productividad, inversión pública y desarrollo del país.
Uno de los momentos más sangrientos en la historia reciente de nuestro país, fue la brutal y sangrienta toma del Palacio de Justicia, denominada “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, ocurrida 6 de noviembre de 1985 y llevada a cabo, por un comando armado del denominado grupo guerrillero M-19, esta acción brutal, fue neutralizada por el ejército colombiano, el cual recuperó las instalaciones del palacio al día siguiente en defensa de la democracia. En dicho acto terrorista perdieron la vida 111 personas, entre civiles, magistrados, funcionarios judiciales, guerrilleros, uniformados y desaparecidos, la destrucción de los archivos judiciales -en un claro desafío a la institucionalidad democrática- que además pretendía realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur Cuartas, bajo el argumento que se estaban incumpliendo los Acuerdos de Corinto, firmados el 24 de agosto de 1984. Sin duda alguna, un hecho doloroso y lamentable de nuestra larga historia de sangre, violencia, rencores y sufrimiento de nuestra sociedad colombiana.
Otros episodios violentos de nuestra historia, ocurrieron entre los años 1984 y 1993, periodo que fue conocido como la “era del narcoterrorismo” marcado por actos demenciales de violencia, terrorismo y asesinatos, originados por el negocio de las drogas ilícitas y el enfrentamiento entre los carteles de las drogas, los cuales lastimosamente, influenciaron la vida política, social y económica del país, generando una cultura de sicariato y dinero fácil.
La guerra de los gobiernos contra los poderos carteles del narcotráfico en Colombia, inicia especialmente en 1984, con el asesinato del ministro de justicia de la época Rodrigo Lara Bonilla, quien cuestionó duramente la presencia de dineros del narcotráfico en la política, particularmente, al entonces representante a la cámara Pablo Escobar Gaviria, quien posteriormente, ordenó el asesinato del recordado ministro, desatándose una ola de asesinatos selectivos contra jueces, fiscales, periodistas, policías y líderes políticos de izquierda, que marcaron un de terror y dolor en Colombia.
Se estima que entre 1989 y 1990, alrededor de 2.000 personas murieron por las acciones terroristas del cartel de Medellín, incluyendo el asesinato de 400 policías. Si bien es cierto, que los integrantes de los grandes carteles de la drogas, fueros asesinados o encarcelados y desarticuladas sus estructuras criminales de producción y comercialización de estupefacientes, el narcotráfico sigue alimentando la violencia y los homicidios en el país, por el control territorial del negocio entre mafias, organizaciones delincuenciales y ex guerrilleros de las Farc; una actividad delincuencial que los gobiernos no han podido resolver.
No podemos dejar de mencionar, la presencia de otro actor nefasto en nuestra historia de violencia, el paramilitarismo que surge como una estrategia contra-insurgente para contrarrestar las arbitrariedades y crecimiento desmedido de las guerrillas, ocasionando una profundización del conflicto armado, que causó centenares de muertes, masacres, desplazamiento de población civil; organizaciones criminales que posteriormente, fueron alimentadas por el negocio del narcotráfico, permeando todos los estamentos de nuestra sociedad, dejando una mancha de terror y muertes con la complicidad de algunos estamentos gubernamentales.
A lo largo de la historia, hemos estado inmersos de manera sistemática, en hechos violentos que han alimentado los odios por más de dos siglos, generando, dolor, destrucción, polarización política y lucha de clases, los cuales impiden al país desarrollarse, aprovechar de manera eficiente las ventajas comparativas y competitivas que tiene en su diversidad étnica, cultural, territorial y extensa riqueza, con los cuales bien podríamos superar las brechas de la pobreza, desigualdades sociales, económicas y vivir como sociedad civilizada.
En lo que va corrido del año y como parte de la historia más reciente, hemos asistido durante dos meses -mayo y junio- a protestas, marchas, bloqueos de vías y actos vandálicos, en medio de una pandemia que cruza por el peor momento, estos hechos han ocasionado el incremento de contagios y muertes de nuestros compatriotas y paralelo a ello, hemos tenido que observar la destrucción a los bienes públicos y privados en diferentes regiones del país, ataques a la fuerza pública, muertes de civiles, afectando la productividad, el empleo, el libre tránsito de bienes, instrumentalización de algunos jóvenes; en una clara demostración de irracionalidad e insensatez, por parte de unas organizaciones sindicales que perdieron el norte y su verdadera razón de ser, utilizando la protesta social como medio para aspiraciones y respaldos políticos de algunos, por lo que muchos colombianos nos preguntamos ¿ Qué responsabilidad política y judicial, le asiste a los promotores del paro, frente a la profundización de esta crisis sanitaria, social, muertes y deterioro de la economía del país? ¿Cuál es su responsabilidad frente a la incapacidad de encontrar soluciones a los diferentes problemas sociales y económicos por la vía del diálogo civilizado?
Nuestra sociedad necesita superar el fenómeno de la violencia, del odio, nuestra sociedad debe caminar en la búsqueda de grandes transformaciones sociales y económicas. Hoy más nunca, se necesita un líder político que favorezca la reconciliación de los colombianos, no se puede elegir a alguien que siga alimentando la polarización y lucha de clases Colombia requiere de un líder que construya un Acuerdo sobre lo Fundamental en lo realizable y deseable, para tener una sana convivencia, llevar a cabo las grandes transformaciones que se requieren para avanzar, un líder que quiera recuperar la confianza de los colombianos en las instituciones, como lo planteo el asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, hay que cambiar el régimen “el régimen de los compromisos burocráticos y de la complicidad para mantenerse en el poder”. Así que en este país de resiliencia, se requiere también, la inexcusable bondad divina del Sagrado Corazón de Jesús, para superar estos difíciles momentos de nuestra querida patria.
