Ricardo Felipe Herrera

Abogado, especialista en régimen del Distrito Capital de Bogotá y magister en derecho con énfasis en derecho administrativo. Docente universitario con una experiencia profesional de cerca de 35 años con área de práctica como profesional independiente en régimen de los servicios públicos, derecho ambiental, régimen de contratación, arbitraje y amigable composición.

Ricardo Felipe Herrera

¿Fraguándose la “responsabilidad de mando” del presidente Uribe?

Se cumplió la Audiencia de Reconocimiento de Verdad -Subcaso Casanare- presidida por los magistrados Catalina Díaz y Oscar Parra. La diligencia estuvo lejos de ser el escenario en el que las víctimas pudieran expresar sin restricciones su legitima molestia y hacer los requerimientos de cara a las que parecieron más bien libreteadas palabras de reconocimiento cobarde de los entonces militares asesinos.

Fueron repetitivas las intervenciones de los magistrados Díaz y Parra para impedir que las víctimas se extendieran para expresar su dolor y los reclamos de rigor. Se les dijo una y otra vez que “no hay casi tiempo”, pero los magistrados, paradójicamente, se despachaban con extensas y tediosas disertaciones reiterativas.

El protagonismo de quienes presidieron la Audiencia puso al desnudo que pareciera existir un desatado sesgo ideológico con el peso suficiente para buscar aparentemente la justificación parcial en el actuar de los confesos ex militares.

El Gral. Torres -quien hasta hace poco lloraba diciéndose inocente-, otros oficiales y suboficiales, aceptaron haber sido protagonistas de los macabros “falsos positivos”, pero se excusaron ante los ojos de la JEP de haber actuado así porque durante el gobierno de Álvaro Uribe y la comandancia del Gral. Montoya se les presionaba para que obtuvieran resultados positivos en combate en contra de los facinerosos de la guerrilla y se premiaban a los destacados en el cumplimiento de sus deberes.

El entonces comandante del Gaula del Ejército, Gustavo Enrique Soto, expresó en Blu Radio que actuaron así -como asesinos- por la presión de los altos mandos. Adicionalmente, trató de justificar su accionar en el supuesto y exótico hecho de que el Gral. Montoya les mandaba mensajes subliminales y la captura de terroristas no daba lugar a reconocimientos. 

¿Quiere decir ello, entonces, que los 21 militares frente al hecho de que fracasaron en su tarea de contrarrestar a los terroristas en combate, decidieron ir a buscar y matar inocentes desarmados para acceder a los reconocimientos y ahora se escudan en que sus superiores les exigían mucho? Excusa por demás inaudita, inaceptable e indignante de estos incompetentes uniformados.   

Pareciera continuarse elaborando una velada trama que lleve al presidente Álvaro Uribe a ser el responsable de los “falsos positivos”. El camino parcializado que recorrió la “Comisión de la Verdad” que recoge una mirada sesgada del conflicto, no resulta aceptable en ningún caso para la magistratura.

La perspicaz y no suspicaz -términos muy diferentes- observación de la columna del abogado Rodrigo Uprimny en el periódico El Espectador, en la que invita a debatir sobre la presunta “responsabilidad de mando” del presidente Uribe en estos actos, me deja la sensación de no ser una desprevenida y casual opinión.

Si al presidente Uribe y al Gral. Montoya les asiste una responsabilidad en los “falsos positivos” la Justicia está en el deber de actuar, pero sobre la base de verdaderas pruebas que así lo señalen, las cuales lejos están de corresponder a las “declaraciones” de estos 21 delincuentes que portaron sin honor el uniforme y los símbolos patrios. Las versiones de esos ex militares no merecen credibilidad alguna.

No puede perderse de vista que los 21 ex militares en el pasado no tuvieron recato humano alguno para participar en el asesinato de inocentes con el único propósito de obtener beneficios institucionales por el éxito de unas operaciones militares inexistentes. Por lo que me asiste razón para creer que aquellos puedan estar dispuestos a decir cualquier cosa y en contra de cualquiera frente a la expectativa de acceder ahora a otro tipo de beneficios.

El profesor Antonio Rocha Alvira en su cátedra de pruebas recalcaba esta premisa: “Dame las pruebas, que yo te daré el derecho”, lo que lejos está de corresponder a las insostenibles excusas de estos indignos ex militares y colombianos confesos de actos atroces para pretender, por ejemplo, vincular al presidente Uribe.

Espero que las decisiones que algún día expida la JEP respecto de estos vergonzantes ex militares despejen con contundencia y rigor jurídico las apreciaciones sobre lo que hoy se percibe pueda estar pasando.

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