Siempre he creído que si Kafka hubiese nacido en Colombia habría sido un escritor costumbrista. Les comparto a continuación la experiencia de los vecinos en una vereda antioqueña con una fuente de agua, que avala lo dicho más arriba.
Si usted tiene paciencia suficiente para leer cómo define el ministerio de Ambiente colombiano lo que llama la “gobernanza del agua”, comprobará que no entendió nada. Pero yo le ahorro tiempo y se lo digo aquí en palabras pobres: el agua pertenece al Estado. Si usted en su propiedad abre un pozo y encuentra agua, ese recurso no es suyo.
Si fuera por el Estado el agua estaría en un banco y nos la venderían cara como la gasolina, la energía o el internet. Algo de esto ya hacen, como podemos comprobar cada mes con la factura de los servicios; pero el agua, caprichosa que es ella, brota por ahí donde le da la gana y forma quebradas, arroyos y hasta ríos caudalosos; y la gente se porta mal con ella casi siempre, porque le arroja desechos, basura, estiércol, orines, etc.
Los paisanos que ocupan mi cuento no son de esa clase precisamente. Hace como medio siglo, pusieron en el monte una manguera sobre el cauce de una fuente que brota entre acacias, yarumos, platanillos y rastrojos nativos de su región; y llevaron el recurso hídrico hasta un tanque que lo reparte a unas cuantas casas del vecindario para riego, aseo y otros usos domésticos.
Temerosos de Dios y de las leyes de los hombres hace cosa de cinco años, los vecinos de la historia declararon la situación ante la corporación autónoma regional, CAR, correspondiente que, ni corta ni perezosa, envió una brigada de muchachos provistos de chalecos, cachuchas, mochilas, carpetas y papelería de la entidad a inspeccionar el asunto. “Esa agua no es de ustedes, hagan el favor de dejarla correr libre por el monte”, fue más o menos lo que vinieron a decirles –en un lenguaje y con unos términos, por supuesto, relamidos y leguleyos, muy colombiano todo– después de un lustro que tardó el estudio del asunto.
Ahora esta gente, mayor casi toda y llena de achaques, presentó un recurso con las alegaciones correspondientes para que se les permita seguir utilizando el agua. Cuando la CAR resuelva definitivamente el recurso es muy probable que hayan muerto todos. De hecho, ya alguno de los afectados pasó a mejor vida como suele decirse. Otros decidieron emigrar, convencidos de que la cosa pública en este país nunca estará en manos sensatas y honestas.
Cuando me contaron la historia, les pregunté para qué habían ido a declarar esa modesta infraestructura. Me dijeron que había leyes que así lo exigían y que era lo mejor para no tener luego problemas.
“Miren, las CAR en Colombia son un antro de inutilidad, cuando no de corrupción”, les dije. “Eso está bien documentado, busquen en Google para que vean. Yo puedo hablar con conocimiento de causa: mi predio se inunda cada que llueve en abundancia por causa de unas obras ilegales realizadas en el vecindario. Lo denuncié hace años a la corporación autónoma regional, hicieron una visita así llamada de Control y Seguimiento, emitieron un concepto para que el municipio procediera a subsanar el perjuicio y ahí sigo saliendo en barca de mi casa cada vez que llega el invierno”, rematé al final. Esto último, naturalmente, tengo cómo demostrarlo.
No creo que después de todo el papeleo, idas y venidas, vueltas y revueltas que dieron estos vecinos; después del estudio arrumbado en un polvoriento despacho durante años, de la inspección de los muchachos de chaleco azul y cachucha y de lo que estudien en los años venideros vaya a cambiar nada. Todo seguirá como hace medio siglo. Eso sí, un precioso engranaje de burócratas ha vivido de este cuento y de otros por el estilo durante años.
Las corporaciones autónomas regionales, como la procuraduría, la fiscalía, la contraloría, la registraduría y tantas otras instituciones perfectamente inútiles en muchos casos y hasta perniciosas en Colombia son criaturas de la Constitución de 1991, cuyo origen, en mi opinión, no ha sido suficientemente estudiado por los historiadores.
En las memorias de un amigo del cartel de Cali, Alberto Giraldo, donde se cuenta, entre otras cosas, el dinero que invirtieron los capos caleños (igual que Pablo Escobar) para que la Carta Política del 91 incluyera la no extradición de colombianos, encontré un párrafo en donde habla de un político que “había sido constituyente y redactor de la norma constitucional sobre la No Extradición (sic) cuando apenas alcanzaba los veintisiete años”.
Ahondas en la vida de este “joven e intrépido” muchacho y lo encuentras como gran promotor de la Séptima Papeleta, movimiento estudiantil que hizo posible la convocatoria de la Constituyente del 91. Curioso. Comoquiera que sea, un país que dejó meter mano a la mafia en su Carta Magna está condenado al mundo kafkiano en el que vive inmerso.
