Cuando se toman decisiones que involucran a un ente territorial en específico, es fácil enarbolar banderas en contra del Gobierno Nacional, acusándolo de estar generando un centralismo asfixiante. No obstante, hay casos donde lo que se considera como descentralización es en verdad la asunción de funciones que le pertenecen a la Nación, y que en manos del Gobierno Central implican una mayor cantidad de recursos institucionales.
Este es el caso de la delegación minera en Antioquia, la cual se venía dando desde el 2001 y se sostenía a la fecha como la única de su clase en su país. Con la delegación minera, la Gobernación asumió competencias que son propias de la Agencia Nacional de Minería, las cuales solo se pueden delegar en un ejercicio de colaboración transitorio entre entidades para que sean constitucionalmente válidas, pero que por medio de sucesivas prórrogas se estaban convirtiendo en una transferencia permanente de competencias.
He aquí una primera señal de alarma. Lo que están tratando de defender los políticos tradicionales de Antioquia bajo el argumento de la descentralización es en verdad una disposición inconstitucional, que contraría las Sentencias C-036 del 2005 y C-727 de 2000 de la Corte Constitucional. Se le exige constantemente al Gobierno Nacional ser obediente de la Constitución y los mandatos de las Altas Cortes, pero cuando indican algo que va en contra de sus intereses se le pide que viole el régimen constitucional para seguir manteniendo potestades que no le corresponden.
Se debe recordar, además, que la delegación era con el departamento de Antioquia, no con la Gobernación. El gobernador electo Andrés Julián Rendón ha tratado de instaurar la idea de que le corresponde por derecho propio la potestad sobre los recursos minerales del departamento, cuando estos le pertenecen es a los antioqueños y al resto de ciudadanos colombianos, pues el dueño primario de todo lo que están el subsuelo es el pueblo colombiano el cual legitima al Estado como encargado de determinar qué se hace con estos.
No obstante, con la delegación minera lo que le ha tocado a los antioqueños que viven en las zonas mineras, especialmente el Bajo Cauca, ha sido ver como transnacionales se quedan con la explotación de las riquezas mientras las condiciones de vida de la gente se mantienen inaceptables. De acuerdo al perfil socioeconómico del Bajo Cauca elaborado por la Cámara de Comercio de Medellín, el 19.74% de la población estaba en situación de
miseria y el 57.79% por debajo de la línea de la pobreza.
No se puede considerar como descentralización el que una Gobernación tenga unas competencias que no le son propias, las cuales implican una imposición de cargas administrativas adicionales que dificultan el trabajo articulado con la Nación. La verdadera descentralización es contar con unas entidades fortalecidas en los territorios, con una mayor capacidad institucional por ser respaldadas con los recursos del Gobierno Nacional, como lo es la Agencia Nacional de Minería, que puedan implementar proyectos sustentados en los derechos de los trabajadores, el reconocimiento de la minería tradicional y pequeña minería y, sobre todo, la protección de la vida.
