Juan Manuel Galán

Politólogo e Internacionalista, Magíster de Artes en Política Internacional de Instituto Politiques de Paris y Magíster de Ciencias en Relaciones Internacionales de Georgetown University. Es trilingüe, domina el español, francés e inglés. Candidato a la Presidencia de Colombia 2022 – 2026 por el Partido Nuevo Liberalismo. Senador de Colombia en tres periodos consecutivos (2006 – 2018).

Juan Manuel Galán

La guerra del Estado contra las víctimas de la violencia política

Para que la democracia colombiana no caiga al abismo, deben combatirse las fallas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró probadas en el caso Integrantes y  militantes de la Unión Patriótica versus Colombia. Según explicamos en la columna pasada,  el exterminio de ese partido solo fue posible porque —primero— se acribilló a los denominados «enemigos internos» brutal y corporalmente, para —luego— consumar la  liquidación mediante la cancelación de la personería jurídica. En otras palabras, las  autoridades electorales se esforzaron en truncar la acción política del partido a través del  exterminio institucional, mientras que los agentes estatales y terceros civiles llevaban a  cabo la aniquilación física de sus miembros. 

El pasado 7 de febrero, se convocó al Congreso a sesionar en pleno para recordar los  hechos censurados y, de esta forma, cumplir una de las órdenes de la sentencia. Aunque  la sesión se instaló pocos días después de la comunicación del fallo, el 30 de enero de  2023, la conmemoración no produjo las reacciones que esperaban las víctimas, y —por el  contrario— faltó un gran número de congresistas y otro tanto salió del recinto en cuanto su  prudencia se lo permitió. Se necesitaba algo más de presencia y de respeto, de la ritualidad  que merecían las circunstancias evaluadas por la Corte. 

La violencia exterminadora objeto de esta condena internacional persiguió simultáneamente tanto a los candidatos del Nuevo Liberalismo como a los de la Unión  Patriótica, por el solo hecho de querer cambiar la forma en la que se hacía política en este  país. El grupo de Rueda Rocha, encargado de la ejecución del homicidio de mi padre, fue  el mismo que asesinó a Teófilo Forero, dirigente de la Unión Patriótica. Los gobiernos de la  época, en alianza con narcotraficantes y paramilitares, como Pablo Escobar y Luís Meneses (alias Ariel Otero), acabaron con la vida de estos aspirantes al poder, por el solo hecho de  ser serios oponentes ideológicos. 

El Estado colombiano ya ha reconocido la responsabilidad de algunos de sus agentes en  el exterminio físico del Nuevo Liberalismo, siendo las condenas más renombradas las del  exministro de Justicia Alberto Santofimio Botero y el exdirector del Departamento  Administrativo de Seguridad, Miguel Maza Márquez. Sin embargo, la justicia colombiana  absolvió al teniente (r) Carlos Humberto Flórez, pese a encontrarse plenamente demostrado  que pertenecía al grupo de sicarios de El Mexicano, José Gonzalo Rodríguez Gacha. 

Con el mismo modus operandi aplicado a la Unión Patriótica, el Consejo Nacional Electoral  y el Consejo de Estado negaron el reconocimiento de la personería jurídica del Nuevo  Liberalismo por razones eminentemente políticas y sin estudiar de fondo y sinceramente  los argumentos propuestos. Durante años, estas decisiones truncaron la participación  democrática de los integrantes del Nuevo Liberalismo hasta que la Corte Constitucional, en  la sentencia SU-257 de 2021, ordenó al Consejo Nacional Electoral que reconociera la  personería jurídica del partido y que, en adelante, interpretara las disposiciones normativas «de acuerdo con el modelo democrático construido a partir de los principios y derechos que  informan el Estado social y democrático de derecho». 

A los clientelistas les sigue horrorizando que los mecanismos que diseñaron para  perpetuarse en el poder les jueguen una mala pasada. Tan solo el año pasado, en abierto  desconocimiento de la orden de la Corte Constitucional de «garantizar condiciones de  igualdad frente a los demás partidos», el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de asignar  los recursos públicos previstos para la financiación de los partidos políticos más representativos. Por supuesto, no tuvieron en consideración que los dirigentes del Nuevo  Liberalismo fueron asesinados, y que la carrera electoral de 2022 ya había empezado  cuando se revivió su personería jurídica. 

La continuación de la exclusión «del que opina distinto» indica que tendrá que reformarse el régimen electoral para robustecer la democracia. Nunca ha habido un verdadero interés  en cambiarlo, y los intentos de reforma al Código Electoral se han hundido para impedir que  la razón jurídica prime sobre los intereses políticos. El fallo de la Unión Patriótica es una  nueva invitación al cambio, a la creación de una corte autónoma e integrada por juristas formados en los principios democráticos que inspiran nuestra Constitución Política. Si por  fin se lograra, podrían corregirse las fallas estructurales, sistemáticas e históricas que  dieron lugar al exterminio institucional de la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo.

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