Los derechos humanos, la vida pública, la búsqueda de la verdad en una democracia participativa y la transparencia que distingue a las sociedades abiertas, exigen que el expediente del proceso contra el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, sea conocido en su totalidad por Colombia y el mundo. Así lo he solicitado junto con la Senadora Paola Holguín y el Representante Juan Espinal a través de una acción de tutela, porque así lo demandan millones de voces en Colombia y alrededor del mundo.
La investigación en un proceso penal es reservada. Esto significa que cualquier filtración a la prensa es ilegal y el funcionario responsable viola la Ley. Esta premisa, que busca proteger el éxito del proceso, la presunción de inocencia y el buen nombre de un individuo, fue ignorada sistemáticamente en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Los colombianos nos acostumbramos a leer textos parciales y descontextualizados de un expediente que afectaron indiscutiblemente a una de las partes, y lograron contaminar y extraviar a la opinión pública.
Pero las filtraciones a la prensa, fragmentadas estratégicamente, no fueron las únicas ilegalidades. En el proceso contra Álvaro Uribe Vélez se le impidió a la defensa citar a testigos de descargos (Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra y Lisa Ruth) y al propio investigado comparecer en versión libre. En el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, la Corte Suprema aceptó grabaciones obtenidas gracias a la interceptación del teléfono del expresidente, pese a que nunca fueron autorizadas, ignorando así el Artículo 15 de la Constitución Política, que afirma categóricamente que: “(…) la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables”, y que solo “pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.
Está claro, en el proceso contra Uribe se violó la confidencialidad de las comunicaciones entre él y su abogado, Diego Cadena, con el argumento de que faltaba un poder, no obstante que era un hecho que entre ambos ya existía una relación de cliente y profesional del derecho. Efectivamente, a Uribe se le violó el debido proceso: se socavó su presunción de inocencia y emergió la idea falsa de que cometió el delito que apenas se le imputa.
Pero todavía hay una oportunidad para vencer el atropello. Como toda persona tiene derecho a buscar libremente y “recibir información veraz e imparcial”, como lo prevén los Artículos 20 de la Constitución Política y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y como la fuente última de los artículos de prensa en su contra es su propio expediente, la única vía para restablecer el equilibrio en la información y permitirle al pueblo conocer la verdad es publicar ese documento en su totalidad y ordenar la investigación de quienes hicieron las filtraciones malintencionadas a la prensa.
En una democracia como la colombiana, la apertura al escrutinio es un pilar de sus instituciones estatales y, por tanto, un postulado central de la función pública. La responsabilidad que conlleva este valor, que es patrimonio de la inteligencia humana, ordena privilegiar la transparencia y la igualdad en el acceso a la información, esencia de una sociedad abierta.
En 2005, al recibir el Premio Nobel de literatura el escritor, dramaturgo y actor británico, Harold Pinter decía que no hay grandes diferencias entre la realidad y la ficción, ni entre lo verdadero y lo falso en la exploración de la realidad a través del arte, pero que como ciudadano no podía sostener tal afirmación: “Como ciudadano no puedo; como ciudadano he de preguntar: ¿qué es verdad?, ¿qué es mentira?”.
Justo por esto, como ser ciudadano implica, insisto, el deber de preguntarse qué es cierto y qué es falso, como los derechos humanos son de todos y para todos, como un hombre que ha representado la unidad de la Nación colombiana también tiene garantías judiciales universales, como el pueblo colombiano tiene derecho a conocer la verdad, el expediente del proceso en su contra tiene que publicarse sin dilaciones.
