He tenido la oportunidad de conversar con varios gobernadores, alcaldes y concejales electos para el próximo periodo de gobierno regional y local 2024-2027 en Colombia, y me han impresionado algunos comentarios sobre lo que consideran cuáles son los principales retos para generar confianza y lograr una población satisfecha con el ejercicio de lo público. En general, estos nuevos gobernantes entrevistados se eligieron con propuestas en las cuales se privilegió la “securitización”, es decir, sus planes de gobierno identificaron sin mayor profundidad los problemas asociados a la delincuencia, la violencia y la criminalidad como las principales amenazas para el desarrollo y el progreso de sus municipios y departamentos.
Uno de los gobernadores electos, con mucha pasión, me mencionó: “Quiero hacer de mi departamento el mejor lugar para vivir y que la gente sea feliz con mayor crecimiento económico y desarrollo social”. Evidentemente, estaba muy animado por reunir a los mejores para trabajar y ser el mejor ejemplo de gestión a nivel nacional e internacional. Otro alcalde tan pronto lo eligieron, un tanto conmocionado, me comentó que no sabía cómo responder a los graves problemas de inseguridad que atraviesa su municipio. Se veía muy preocupado por los comentarios públicos y por las exigencias que estaba recibiendo desde las redes sociales y desde la misma oposición. Y finalmente, un concejal de una de las ciudades más emprendedoras del país me impresionó con su claridad y entendimiento de la gestión pública territorial, con mucha firmeza me señaló: “Tenemos una historia de varias décadas de administraciones públicas que no funcionan bien, instituciones y burocracias que no han contribuido a crear una población satisfecha…”.
El entusiasmo, la honestidad y la claridad son los principales atributos con los cuales podría calificar estos comentarios. Sin lugar a dudas, en estos hay tres visiones diferentes para enfrentar la ola de descontento que recorre la mayor parte de Colombia. La primera es trabajar con un sentido de propósito superior para aumentar la satisfacción de vida de las personas: crecimiento y desarrollo económico. La segunda es aumentar el nivel de conocimiento de lo que realmente está sucediendo para fijar metas claras y específicas que permitan disminuir la insatisfacción de la población. Y la última consistiría en lograr sentar las bases para una modernización de la administración pública que dé mayor agilidad a las estructuras burocráticas a fin de atender las demandas ciudadanas y la coordinación entre el Gobierno nacional, regional y local.
Si bien cada una de estas percepciones es muy necesaria y loable en un liderazgo público renovado, también debo mencionar que hoy los nuevos gobernantes tienen en sus manos la posibilidad de desarrollar un liderazgo “superconsciente”, es decir, un liderazgo que responda con claridad, seriedad y compromiso a los actuales desafíos, capaz de centrarse en las causas de los principales problemas públicos que enfrentan los ciudadanos y a la vez excluir aquellas decisiones que no contribuyen al interés general.
En todos los estudios que he realizado sobre los buenos liderazgos, he visto que inicialmente se han concentrado en definir muy bien los problemas públicos, han aplicado metodologías ágiles de investigación y análisis para lograr mayor para lograr mayor conocimiento del contexto o del entorno (político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal), y sobre todo han procurado tener la mayor cantidad de información y datos de las entidades públicas y privadas, de la Policía, de la academia, de los “think tanks” y, particularmente, de la población, que permita concretar buenos diagnósticos basados en evidencia y que garantice que las futuras intervenciones públicas tengan alto impacto y efectos duraderos. A propósito de herramientas basadas en investigación que contengan grandes volúmenes de datos antropológicos y que faciliten la evaluación y comprensión de la cultura de un país o región, sugiero consultar Hofstede Insights.
Una línea de visión renovada de los gobernantes recientemente electos debe permitir, desde ya, la identificación de los lineamientos de una verdadera política pública territorial a partir de un enfoque basado en gobernanza, y en especial, la elaboración de buenos planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC), con la aplicación rigurosa de la nueva metodología que plantea el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Para empezar y lograr este propósito, desde el momento del empalme, los nuevos gobernadores y alcaldes deberían organizar y entrenar a sus equipos de trabajo con expertos técnicos competentes. Procurar no contratar o vincular consultores que en el pasado se han caracterizado por copiar y pegar de otros municipios, sin mayor rigor técnico. Una de las tareas más influyentes es garantizar una burocracia especializada, que permita dirigir política y operativamente la seguridad y la convivencia ciudadana a partir de una nueva línea base de información objetiva y de nuevas mediciones. Por ejemplo, es imperativo resolver el problema de coordinación y capacidad entre los distintos niveles de gobierno, así como encontrar nuevas mediciones complementarias a su efectividad.
No sobraría revisar las buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como los fracasos de las administraciones que están terminando. La desfinanciación, la dignificación, la profesionalización y las capacidades de planeación y respuesta de la vigilancia policial son uno de los mayores retos que tendrán los nuevos gobernantes. Llegó la hora de atender con alta voluntad política el deterioro que por décadas han tenido las estaciones de policía. Son la cara más visible y la única representación que tendrán los alcaldes para garantizar los niveles de confianza y legitimidad ciudadana.
En un país que ha tenido una tradición democrática, el tema no solo es cómo se han elegido los nuevos mandatarios sino, más aún hacia un futuro que se avecina, qué tan efectivos son a la hora de resolver las necesidades ciudadanas, la desesperanza y el pesimismo. Los gobiernos locales son la verdadera cara del Estado y el máximo fundamento de la democracia. Los elegimos porque queremos un mejor futuro para nuestras generaciones, no nos defrauden.
