Según la RAE un plan es un “Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla”. Es una hoja de ruta.
Hace pocos días aprobamos en el Concejo de Bogotá el Plan de Desarrollo Distrital –PDD-, en el cual se enmarcan las metas, indicadores y presupuesto, orientados al desarrollo y progreso social, económico y cultural de la capital del país. Este plan, “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, tiene unos énfasis evidentes que le harán bien a la ciudad: enfrenta retos de la coyuntura por la emergencia sanitaria y sus efectos en la economía, innova con el sistema distrital de cuidado, establece lineamientos para la integración con la región, apuesta por la protección ambiental y se le mide a cambiar el modelo de movilidad basado en los buses por uno intermodal.
Sobre la participación ciudadana en este proceso, podemos afirmar que fue avalado por cerca de 1.108.541 bogotanos y bogotanas. Tanto el Consejo Territorial de Planeación Distrital como el Concejo de Bogotá se ocuparon, entre otras, de revisar la consistencia del Plan de Desarrollo con lo planteado por el Programa de Gobierno elegido en las urnas el pasado 27 de octubre.
Ahora bien, el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- a diferencia del PDD, por ley, está orientado para un mayor rango de tiempo. El artículo 28 de la Ley 388 de 1997 establece que su contenido estructural regirá por mínimo 3 períodos constitucionales de la administración distrital, es decir 12 años.
Son tres principios en los que se fundamenta el POT: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Así mismo, este proceso, que modifica y ordena el territorio, debe contar con participación directa de la ciudadanía. El artículo 4 de la ley establece que en “la acción urbanística” la Administración Distrital debe promover e impulsar la concertación entre los diversos intereses sociales mediante la participación.
Recordemos que este instrumento es el que permite ordenar el territorio, buscando mantener un uso equilibrado del suelo para mejorar la calidad de vida de la gente. Debe propender por generar efectos positivos en la Estructura Principal Ecológica, la ocupación del territorio, el transporte, los servicios públicos y la prevención de riesgos, y entre otros, aunque no pocas veces genera lo contrario, o se queda corto para responder a conflictos en la ocupación y uso de los espacios urbanos.
Es la Secretaría Distrital de Planeación a quien corresponde liderar el proceso a través de un análisis profundo y técnico del territorio que incluya las dinámicas territoriales, sociales y económicas, para concluir la formulación del documento. Los diagnósticos, que son la base de dicha formulación, deben ser socializados y complementados en espacios de participación ciudadana en las localidades y con los sectores sociales y agremiaciones, proceso que debe garantizarse en toda la formulación. Según el cronograma, Planeación espera agotar este paso en agosto (inicialmente, julio).
Se requiere luego someter el proyecto a consideración del Consejo de Gobierno Distrital, espacio donde pueden surgir nuevos ajustes.
El paso siguiente es la indispensable concertación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) sobre asuntos ambientales de su competencia. Temas estratégicos para la sostenibilidad ambiental de Bogotá y la región serán parte de esta concertación, como la Reserva Van Der Hammen, el perímetro del relleno sanitario, el río Bogotá y los cerros orientales, por mencionar algunos. De allí, debe pasar al Consejo Territorial de Planeación Distrital –CTPD- para su concepto. Estos dos momentos, concertación CAR (30 días hábiles) y estudio del CTPD (30 días hábiles), tendrían que ser agotados a más tardar a septiembre para cumplir la meta que se ha trazado Planeación de radicar en octubre en el Concejo de Bogotá y lograr su aprobación en diciembre (90 días calendario). Es innegable que los tiempos están muy apretados.
Esto, sumado, a las condiciones particulares en estas épocas de pandemia, afectaría uno de los pilares que debe constituir este proyecto de POT que presentará la administración, una efectiva concertación que nutra estas apuestas de fondo por un ordenamiento sostenible y con visión de futuro.
Se han dispuesto tres canales de información permanente que están abiertos para la socialización y discusión del POT. El primero, es el convencional, como el sitio web de la SDP, el correo electrónico, las llamadas y medios masivos y locales; el segundo, es el canal emergente como las redes sociales y la mensajería instantánea; y el tercero, el perifoneo, la publicidad impresa y espacios locales como medios comunitarios. Con nuestro equipo de trabajo, hemos presentado a la oficina de participación de la Secretaría de Planeación nuestras inquietudes y propuestas para mejorar la interacción con la ciudadanía y las organizaciones.
Aprecio la voluntad institucional de abordar este ejercicio con responsabilidad frente a las comunidades, pero temo que el tiempo juegue en contra. Por ello, a través de una comunicación formal le solicité a la secretaría de Planeación la extensión cronograma expuesto anteriormente.
Mis razones son las siguientes:
Para empezar, se deben socializar todos los diagnósticos elaborados por el Distrito, de manera amplia y clara a cada sector de la sociedad civil y en cada localidad, ojalá por Unidades de Planeación Zonal –UPZ. Además, debe garantizarse el mecanismo para nutrirlos con los aportes ciudadanos.
Algo similar debe ocurrir en la formulación de las propuestas propiamente dichas. Este fue uno de los grandes vacíos del proyecto de la pasada administración, que derivó en una movilización ciudadana que incidió con gran fuerza en el hundimiento del mismo en el Cabildo en noviembre del año pasado. Hoy la ciudad cuenta con una ventaja, cuenta con comunidades más familiarizadas con los temas del ordenamiento, por la necesidad de defender sus barrios, el tejido productivo o la Estructura Ecológica Principal.
No se ve viable que la radicación en el Concejo pueda realizarse el 1º de octubre y se pueda contar con los noventa días calendario para que la deliberación y votación tenga término el 31 de diciembre. Esto pone una presión de tiempo excesiva que no le hace bien al proceso.
Por último, este proyecto coincidiría en pleno con debates del Concejo, como los de la armonización presupuestal (agosto y parte de septiembre), el presupuesto 2021 (noviembre y parte de diciembre) y otros, que ha anunciado la administración en temas de hacienda y crédito público, para tener herramientas que permitan enfrentar de forma más efectiva la situación económica y financiera en esta emergencia. De otro lado, seguramente, este segundo semestre se reactivará el proceso de elección de quienes serán las cabezas de Personería y Contraloría. Claro, siempre trabajamos atendiendo muchos frentes simultáneos, pero estoy convencida que el papel del Concejo en la discusión del POT debe contar las condiciones no solo para el óptimo desempeño en los debates dentro del recinto, sino también para que fuera de él podamos hacer seguimiento a las distintas etapas y acompañamiento a la participación ciudadana. Estamos hablando de la hoja de ruta del territorio de Bogotá por 12 años.
