Hace un par de días la “W Radio” pudo establecer que de los 17.000 jóvenes que esperaba reclutar el Ejército Nacional, en su modalidad de soldados regulares, solo se habían logrado incorporar a 7.300; en cifras porcentuales esto es apenas un 43% de la meta trazada por la fuerza de tierra.
La responsabilidad política de este índice de gestión, por supuesto, debe buscarse exclusivamente sobre los hombros de la dupla Petro-Velásquez y no en el Comando de Reclutamiento y Control Reservas que lidera el Coronel Milton César Escobar Gallego.
No se necesita ser un especialista en asuntos militares para entender que estos indicadores de gestión son efecto directo del caos que viene reinando en el Ministerio de Defensa en virtud de la falta de liderazgo y la nula visión estratégica que, desde el pasado 7 de agosto, invade a este sector vital de la administración pública.
A este caos, se viene a sumar la recientemente aprobada ley de orden público que con su galimatías diferenciador entre el servicio social para la paz y el servicio militar terminaron por enviarle un confuso mensaje a la opinión pública, pues, ni su promotor, el senador Ariel Ávila, ni el ministro Velásquez fueron capaces de explicarle al país, al menos, lo que sucedería en un futuro inmediato con el reclutamiento de los próximos contingentes.
Y sin llamarnos a engaños, todo este ambiente político le viene muy bien a la tan arraigada cultura evasiva del servicio militar en Colombia y a la táctica del antimilitarismo profesada con odio desde las filas guerrilleras a través de sus más feroces voceros quienes, por más de seis décadas, han defendido y legitimado soterradamente la lucha armada a nombre de la paz.
No obstante lo anterior, y a pesar de lo impopular que resulte desafiar una de las bandera preferidas de los amigos de la combinación de todas las formas de lucha, “En defensa del servicio militar obligatorio” expuse siete razones por las cuales no se debe tocar, a menos que sea para mejorar, unas de las principales columnas de la política de Defensa y Seguridad Nacional.
De allí apelaré a dos razones para alertar sobre el problema que el incumplimiento en la meta de reclutamiento produciría en un inmediato escenario y en un corto plazo de la gestión de dicha política.
En el primer escenario, vale la pena preguntarse: ¿cómo van a suplir el vacío, si no logran el reclutamiento, para efectos de guardia interna en batallones, brigadas y divisiones?, ¿habrá personal suficiente para suplir la guardia externa, según la jurisdicción, por ejemplo de viviendas fiscales, clubes militares, centros de salud y otros puestos?, ¿prolongarán el servicio de los contingentes que estarían por licenciarse y que serían reemplazados por los futuros conscriptos una vez juren bandera?, ¿serán ahora soldados profesionales los que estén destinados para esas misiones al igual que a las de policía militar?
Y para un corto plazo, ¿habrán pensado Velásquez y Petro que eso tiene una directa implicación en la conformación de la reserva en su primera línea? Y si eso se hace una tendencia, ¿qué tan disuasivos seremos frente a nuestros vecinos en cuanto a número de efectivos se refiere?
Resulta evidente que el tridente Petro-Velásquez-Ávila ignora por completo que nuestro pie de fuerza se justifica en función del espacio terrestre, marítimo y aéreo (popularmente referido como geografía) y de las volubles condiciones políticas del hemisferio. A esto se le conoce como geopolítica y a la gestión estratégica de nuestros intereses geopolíticos, se le llama geoestrategia.
Fácilmente podemos estar ante un problema estratégico de gran escala si tanto en la Armada como en la Fuerza Aérea no logran llegar ni al 50% del personal reclutado para conformar los primeros contingentes, de soldados regulares y bachilleres, del próximo año.
El balance de las cifras de reclutamiento de soldados debe hacerse para toda la fuerza pública; es decir, en nuestros ejércitos de tierra, mar y aire. Sin por ello, omitir la importantísima incorporación de auxiliares de policía.
En ese sentido, si las metas no se cumplen, los congresistas de la oposición deberían ir organizando una moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien además ha pasado de agache frente a la brutal y espeluznante masacre en el Putumayo, el pasado 22 de noviembre, auto adjudicada por las disidencias de las FARC quienes ultimaron, a la vieja usanza, a 23 personas.
