Durante el último quinquenio, Latinoamérica se ha visto inmersa en un número importante de protestas sociales, casi todos los países en mayor o menor magnitud, se han enfrentado a marchas, bloqueos, cacerolazos y aglomeraciones, los medios más frecuentemente usados. Pero desde 2019, los eventos aumentaron en magnitud y duración, pasando de un día a meses, en algunos casos. En octubre y noviembre de 2019, fueron más evidentes e intensas las manifestaciones.
En Perú del 9 al 15 de noviembre de 2019, cuando el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra por acusaciones de supuesta corrupción, miles de manifestantes en su mayoría jóvenes, se congregaron en el centro de Lima y marcharon hacia el Congreso en protesta por el autoritarismo y en pro de la democracia, movilizados a través de las redes sociales principalmente, el saldo trágico fue de al menos, dos muertos y afectaciones millonarias en bienes públicos y privados.
En Haití (país afroamericano) en 2019 manifestaciones populares con grandes picos de marchas masivas en febrero, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en busca de mejores condiciones de vida, relacionadas en su mayoría con falta de alimentos y combustibles, resaltando el reclamo de la salida del poder del presidente Jovenel Moïse por corrupción, en noviembre de 2020. En consecuencia, por enfrentamientos entre manifestantes, civiles y fuerzas de orden público, se presentaron 148 muertos.
Recordemos también el caso de Argentina, que desde el 9 de septiembre de 2019 centrales de trabajadores, organizaciones sociales y grupos autoconvocados, participaron en manifestaciones, marchas y acampadas continuas, para exigir un plan de emergencia alimentaria ante la devaluación del peso y la alta inflación que día a día ha reducido el poder adquisitivo de los argentinos. Los manifestantes permanecieron en las calles de Buenos Aires, reclamando al gobierno de Mauricio Macri, políticas para combatir el hambre. De igual forma en 2020 y 2021 de manera esporádica, aún se presentan protestas por la cuarentena y las medidas restrictivas de control de contagio por la Covid-19.
Entre tanto en Bolivia, de julio 18 hasta agosto de 2020, por acusaciones de fraude electoral , la postergación en la no definición de fechas para las elecciones y la percepción de manejo inadecuado de la pandemia, miles de personas marcharon e hicieron más de 70 bloqueos, liderados por organizaciones sociales que terminaron en un cabildo que declaró una huelga general indefinida, con movilizaciones en los nueve departamentos del país, por lo cual se presentaron problemas de suministro de alimentos e insumos de salud contra el virus, además de afectaciones a bienes públicos y servicios.
Pero los casos más relevantes fueron: Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, donde organizaciones estudiantiles y miles de integrantes de pueblos indígenas liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), participaron en las protestas en las que se presentaron saqueos y actos vandálicos contra edificios públicos y negocios privados, así como agresiones por parte de manifestantes a fuerzas de orden público, secuestro a agentes de seguridad, por lo que hubo respuesta de las fuerzas de seguridad. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Gobierno, indican que durante las protestas se presentaron un total de 1.507 personas lesionadas, de las cuales 435 eran agentes de las fuerzas de seguridad, 11 muertos de los cuales 4, fueron atribuidos a las fuerzas policiales, 1.228 personas fueron detenidas en el contexto de las protestas, por distintos delitos como: paralización de servicios públicos, daño a la propiedad y ataque o resistencia a las fuerzas de seguridad. Se bloquearon 132 carreteras principales, reduciendo la disponibilidad de medicamentos, alimentos, gasolina y otros combustibles en gran parte del país. Se presentaron ataques contra pozos petroleros, antenas de comunicación y el suministro de agua en varias ciudades, daños a 108 vehículos policiales, ataques contra 26 estaciones de policía e incendio de un edificio de una unidad de vigilancia policial en el centro de Quito. Todos los desmanes desencadenados, fueron “justificados” entre otras cosas, por la eliminación de los subsidios a los combustibles dentro del decreto de austeridad. Las pérdidas solo en ventas, sin incluir el aumento de los costos por los bloqueos y los arreglos de infraestructura del 3 al 13 de octubre, ascendieron a USD 3.584 millones, según la Cámara de Industrias y la Producción del Ecuador (CIP).
En Chile donde los desmanes iniciaron el 18 de octubre de 2019 y se extendieron hasta el 31 de marzo de 2020, las manifestaciones se desencadenaron por la subida del precio de pasaje del Metro de Santiago y fue el detonante para la manifestación pública, del clamor popular del pueblo contra el gobierno y la desigualdad social, generada por el modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Las marchas como es el común en Latinoamérica, terminaron en su mayoría en episodios violentos, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad, con vandalismo y saqueos a cadenas de supermercados, bancos, farmacias y destrucción de bienes públicos; con bloqueos de vías y daños a vehículos. Según información proporcionada por Carabineros, se presentaron 5.885 situaciones de alteración del orden, 4.302 manifestaciones, 1.090 saqueos en locales comerciales o servicios, tanto en la zona metropolitana, como en las provincias y 441 bloqueos a vías. Se realizaron 25.567 detenciones y quedó un saldo de 23 personas fallecidas.
La economía chilena, que en números era la más sólida de Latinoamérica, se vio afectada según datos oficiales del gobierno, Cámara de Comercio de Santiago y Cámara de Infraestructura, con pérdidas de cerca de 3.000 millones de dólares, (1,08 % del PIB), daño en infraestructura de transporte e infraestructura pública cercano a los 4.500 millones de dólares, que incluye afectaciones en 70 estaciones de metro, quemas de varios centros comerciales, iglesias y edificios históricos, reducción de ventas del comercio en por lo menos un 10 %, 36% en turismo y entretenimiento, además de daños y perjuicios a más del 46 % de las empresas, pérdida de 27.884 millones de dólares en capitalización bursátil y pérdida de por lo menos 150.000 puestos de trabajo.
En Colombia, una primera fase de manifestaciones se dio en noviembre de 2019, las protestas y paro nacional, se presentaron por una propuesta de reformas gubernamentales en el ámbito laboral y de pensiones, los cuales duraron una semana, pero los daños a propiedad privada y pública fueron muy altos, incluyendo saqueos a comercios.
Una segunda fase de manifestaciones inició el 28 de abril de 2021 extendiéndose hasta hoy por más de 15 días, bajo un primer argumento de “tumbar” una reforma tributaria proyectada, ante la dificultad de mantener los subsidios económicos generados por la pandemia entre otras cosas, pero que sin duda no se tuvo en cuenta el momento inadecuado. Lo anterior, generó rechazo por parte de sectores sociales que decidieron protestar, tras sufrir los graves embates de la pandemia, los cuales evidenciaron las inconformidades por el aislamiento y restricciones, que resultaron en un aumento del desempleo y disminución de ingresos; en paralelo a la protesta social, grupos desestabilizadores, cuya pretensión es generar caos y debilitamiento institucional, aprovecharon para replicar los desmanes de Chile y Ecuador. Aunque el gobierno nacional decidió retirar el proyecto de reforma tributaria, el comité del paro nacional, que había prometido parar la protesta si no se hacía la mencionada reforma, decidió continuar con el paro y en contraste presentaron un pliego con más de 100 peticiones, incluyendo retiro de la reforma a la salud, reformas pensionales y laborales, entre otras.
Según el Ministerio de Defensa, los datos oficiales de los daños incluyen 421 bancos y 407 cajeros automáticos vandalizados, 305 establecimientos comerciales saqueados, 155 estaciones de transporte destruidas, 80 CAI vandalizados, 25 peajes afectados, 64 vehículos públicos afectados, 1045 vehículos de transporte público con daños, 840 policías heridos y uno muerto. Además de 637 capturados en flagrancia. Cifras de Fenalco señalan que la afectación económica sobrepasa 1.5 billones de pesos y el cierre de más de 1000 locales comerciales que no resistieron la pandemia y el “estallido social”. Según la ANIF y estudios del diario La República, en promedio, cada día de paro le ha costado al país cerca de $19.000 millones en los últimos siete años, desde entonces se ha presentado por lo menos 13 paros representativos, que en conjunto han costado $9,5 billones al estado. El costo diario de los paros equivale a 0,7% del PIB de un día, que es de $2,57 billones.
En resumen, en los países en donde se han presentado crisis y manifestaciones sociales, se evidencian causas diferentes, pero con desencadenantes similares; lo preocupante es la coincidencia de los mecanismos de protesta con protocolos de actuación y consecuencias comparables. Todo parece indicar que, los líderes o fuerzas detrás de las manifestaciones, aprovechan el descontento del pueblo, de las clases menos favorecidas, para intervenir por medio de actores externos y juventudes inducidas por las redes sociales, cambiando la naturaleza de la protesta pacífica a brotes de violencia que incluyen daños a servicios públicos, a infraestructura de transporte y policial, bloqueos a vías de flujo de insumos y alimentos, convocatoria de minorías protegidas y mediáticas como indígenas, sin que haya un filtro estricto para evitar que grupos delincuenciales cometan actos de vandalismo a establecimientos de comercio, robos, ataques al sistema de transporte en el que se moviliza el pueblo, destrucción de bienes públicos, daños a vehículos públicos y privados, generando inestabilidad en términos de percepción de la seguridad, miedo en los ciudadanos y daño a la imagen de los gobiernos.
Para algunos analistas, existe un patrón común en la articulación de actores y de acciones, para generar indignación en la población, impacto en la economía y deslegitimar a las instituciones. Es como una revolución incubada en un laboratorio, como un “virus”, a la que han llamado revolución molecular disipada, cuyos objetivos -en casi todos los casos- es presionar cambio de gobernantes, en las constituciones y la preparación de elecciones de partidos políticos opositores; sin que la población se percate que uno de los daños más graves, es el detrimento y disminución del presupuesto público y privado.
La pregunta es ¿Quiénes se benefician de la inestabilidad generada por las protestas? porque es el pueblo quien sufre por las extensas caminatas para llegar al trabajo desde su casa y regresar a ella en las tardes, por los daños ocasionados a los sistemas de transporte, son los pequeños comerciantes los que no pueden abrir sus locales, pero deben cumplir con el pago de la renta, servicios, empleados, proveedores, etc., son los campesinos que no pueden sacar sus productos para la venta ¿Será que por el pueblo y para el pueblo se cometen estos actos vandálicos, cuyo fin oculto es el de alcanzar objetivos ilegítimos e ilegales? ¿Por qué no se hace pedagogía para que el cambio se suscite en las urnas como lo ofrece una verdadera democracia? ¿por qué afectar a terceros, coaccionar su comportamiento y limitar las libertades, cuando el soberano derecho de la democracia se consuma en las elecciones? La democracia se hizo para que el pueblo se pronuncie en las urnas, que sean estas los verdaderos jueces que diriman un cambio en el país y no la articulación de modelos de regímenes vecinos y lejanos, a los que no les agrada la estabilidad democrática de Colombia.
Según el BID, es evidente que desde 2013 América Latina se ha estancado, el crecimiento económico ha sido del 1 % y consecuentemente los ingresos per cápita han disminuido, convirtiéndola en una de las regiones más desiguales del mundo, con altas tasas de desempleo, lo que alimenta el resentimiento contra las élites políticas. Los escándalos de corrupción son comunes en casi todos los países, más de una docena de expresidentes y vicepresidentes han sido acusados o condenados por cargos de corrupción en los últimos años, según “Latinobarómetro” el 50 % de los latinoamericanos piensa que la mayoría de sus funcionarios locales y nacionales están implicados en casos de corrupción, y el 65 % afirma que el problema está empeorando.
La problemática se potencializa con la polarización que algunos políticos usan, porque creen que pueden catapultar sus candidaturas presidenciales dividiendo a la sociedad, incentivando el resentimiento y promoviendo un discurso alrededor de la lucha de clases, que en pleno siglo XXI resulta anacrónico, si se tiene en cuenta que los regímenes implementados bajo esos idearios, han demostrado su incapacidad para solucionar las demandas sociales, por el contrario, aumentan el descontento y profundizan las necesidades del pueblo. Según la última encuesta mundial de valores -en la que los encuestados deben posicionarse en una escala ideológica izquierda-derecha- los nueve países latinoamericanos participantes de la región, mostraron en promedio una mayor polarización que el resto del mundo. Esto ha impedido una buena gobernanza que sirva para encontrar soluciones a problemas como la corrupción, la delincuencia y el estancamiento económico. El radicalismo profundiza la crisis, afecta las instituciones y no soluciona el problema.
Por todo ello, hay que hacer un llamado a la reflexión de todas las partes, solo las sociedades que logran el consenso, que allanan los caminos para buscar pacíficamente el acercamiento a las soluciones, lograrán prosperar. La violencia va en detrimento de la democracia, del crecimiento económico, del empleo y del progreso social, todo ello deberá tenerse en cuenta, si se quiere proyectar a Colombia, como una nación próspera a corto, mediano y largo plazo, que garantice a las próximas generaciones una mejor calidad de vida, por supuesto, sin perder de vista la elección del próximo gobernante, que deberá llevar a buen puerto los destinos del país.
