El Cartel de las Marionetas estuvo encabezado por el ex senador liberal Mario Castaño, quien llegó a tener influencia en la contratación de diversos departamentos gracias a su investidura y poder político. Controlaba estratégicamente 38 entidades del Estado colombiano, entre las cuales se incluían el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, el Sena, La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como las gobernaciones de Chocó y Caldas. Además, ejercía su influencia sobre las alcaldías de Alcalá, Palestina, Risaralda Pueblo Rico, entre otras.
La Fiscalía General de la Nación logró establecer el hilo conductor de las marionetas: el exsenador Castaño y Jhon Alexander Sánchez (Alias Pato) se encargaban de elaborar pliegos sastre, orientados a favorecer intereses particulares. Junto con los documentos precontractuales, buscaban asegurar que los requisitos exigidos fueran cumplidos rigurosamente por el contratista de su interés. Esto resultó en contrataciones impactantes, como la de 2.500 millones de pesos para obras viales en Caldas, 16.400 millones de pesos con la Unidad de Gestión de Riesgo para llevar a cabo obras de mitigación de riesgo en Manizales, y 10.000 millones de pesos destinados a la mitigación de riesgo en Timbío, Cauca.
A pesar de que, según el acervo probatorio de la Fiscalía General de la Nación, podría haber más de 22 alcaldes involucrados, ya se han producido detenciones significativas. Entre los capturados se encuentra el alcalde de La Merced (Caldas), Jhonathan Vásquez, y el alcalde de Aguadas (Caldas), Diego Fernando González Marín, junto con dos ingenieros de esa misma alcaldía. A todos ellos se les acusa de presunto direccionamiento de contratos con Mario Castaño para la construcción de estadios.
Además, el alcalde de Villamaría (Caldas), Andrés Felipe Aristizábal, detenido por corrupción en un proyecto del programa "Sacúdete al parque". El alcalde de Suárez (Cauca), Ronal Villegas, Gloria Raigoza de Alcalá (Valle), y a Medardo Ortega, alcalde de Armero (Tolima). Detenciones que subrayan la gravedad de la situación y la necesidad de una acción rigurosa para erradicar la corrupción en todos los niveles de la administración pública.
En el escenario político colombiano, la sombra de la corrupción se extiende más allá de los casos conocidos. La pregunta que resuena es: ¿quiénes más entre los congresistas de la República podrían estar involucrados en actividades corruptas o abusar de sus cargos en busca de beneficios personales?
En el transcurso de este año, la Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa al Senador Ciro Ramírez, perteneciente al partido Centro Democrático. La investigación se centró en presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de más de 15 contratos en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca. La respuesta de la Corte Suprema de Justicia no se hizo esperar, condenando a Ramírez por los delitos de Concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Entre los casos que han generado mayor controversia, se destaca la adjudicación de un centro de salud en Ibagué por 9.000 millones de pesos. Se alega que el Senador Ramírez recibió sobornos por parte de la empresa contratista para asegurar la adjudicación a su favor, además de contratos firmados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) con la Empresa Industrial “Proyecta Quindío” por 48.660 millones de pesos, el exsenador por medio de un enlace coordino información de presupuesto, fechas de publicación de licitaciones, condiciones, logrando adjudicar 15 contratos en municipios del Tolima a cambio de 1.000 millones de pesos.
Por lo que la Fiscalía General de la Nación el 21 de diciembre imputo cargos a Pierre García Jacquier, exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, subordinado y títere en el desfalco al país, lo curioso es que en el transcurso de la audiencia se mencionó al senador Miguel Ángel Barreto del partido Conservador, pues al parecer tuvo reuniones con el exdirector de la DNP con miras a asegurar la contratacion de Proyecta- Quindío. Lo que evidencia la fragilidad del sistema de contratación pública en nuestro País.
Dos congresistas han sido señalados por actos turbios en el año 2023: Ciro Ramírez y el ya difunto exsenador Mario Castaño, quien falleció el 18 de noviembre, aparentemente a causa de un infarto en el centro penitenciario La Picota. Sin embargo, no podemos dejar de cuestionar si la sombra de la corrupción también se proyecta sobre el senador Miguel Ángel Barreto.
