Alejandro Toro

Conferencista y defensor de derechos humanos en Colombia. En la actualidad Representante a la Cámara del departamento de Antioquia por el Pacto Histórico, período 2022-2026. ​​​​

Alejandro Toro

¿Por qué el Gobierno Duque compró un Software para hacer chuzadas?

En marzo de 2024 el medio de comunicación israelí Haaretz reportó que el Gobierno Duque había comprado un software para espionaje de telecomunicaciones llamado Pegasus a la empresa NSO Group, en una transacción hecha en efectivo para no dejar registro alguno sobre el origen de los dineros públicos usados para la transacción y la que además no se informó a Estados Unidos, socio estratégico de Colombia en materias de inteligencia.

Ante tan grave denuncia, la respuesta de quienes fueron parte del Gobierno Duque no se hizo esperar. Negaron todo, dijeron que era imposible haber hecho un negocio así sin consultarlo con Estados Unidos, que una transacción de ese tipo no se podría haber dado sin un proceso de auditoría y verificación, y que ni el entonces Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ni la cúpula militar tenían conocimiento alguno de una compra o intento de compra de este software.

Quiero ver que dicen hoy después de que el Presidente Gustavo Petro revelara el día de ayer un documento oficial, emitido por la autoridad encargada de la lucha contra el lavado de activos en Suiza y dirigido a su contraparte en Colombia, la UIAF, en el que se informa un reporte de actividad sospechosa de un banco israelí a razón de un depósito de $5.5 millones de dólares en efectivo, relacionado con un acuerdo entre la empresa NSO Group y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional - DIPOL por 11 millones de dólares para la adquisición de Pegasus, negocio realizado entre julio y agosto de 2021.

Es decir, el Presidente Petro le enseñó ayer al país la confirmación oficial de que en pleno estallido social el Gobierno Duque decidió utilizar de forma clandestina recursos públicos, pertenecientes a los colombianos, para comprar una tecnología ampliamente denunciada por organizaciones sociales e incluso gobiernos como el de España por ser utilizada para espiar de manera ilegal a periodistas, líderes sociales y en general cualquier persona que un régimen considere disidente y peligrosa. 

Fueron 11 millones de dólares que el Gobierno Duque trasladó de manera clandestina a Israel, en efectivo, en dos pagos de $5.5 millones de dólares, para comprar una herramienta tecnológica que se utiliza para perseguir a quienes piensan diferente, actuando el Gobierno Nacional como una organización criminal que hace negocios oscuros sin reportar el origen del dinero ni el propósito de la compra. En la investigación que ha venido realizando el actual Gobierno ha quedado claro que esta compra ilegal no aparece reportada en ningún informe, no está relacionada en el presupuesto de ninguna de las entidades de inteligencia del país, presuntamente con el objetivo de que no quedara ninguna prueba de la adquisición.

Este es un escándalo que no se puede desestimar, que no se puede minimizar ni reducir a un supuesto intento de distraer la atención frente al paro camionero. Las declaraciones dadas el día de ayer por el Presidente Petro tienen que conmocionar a todo el país, porque es la confirmación de que el Gobierno anterior aplicó una de las prácticas insignias del manual del uribismo, perseguir por todos los medios posibles a quien piensa diferente. Una gravísima violación de los derechos humanos por la que todos los involucrados deben responder ante la justicia.

Empieza a tener sentido la publicación de los videos privados de la campaña del Presidente Petro con la que se trató de influir el proceso electoral. Videos cuyo origen y método de obtención nunca fue explicado por los medios de comunicación que se encargaron de difundirlos y que son el tipo de información que recolecta Pegasus. 

Ahora se hace necesario que las autoridades competentes determinen quién ordenó la compra de Pegasus, qué usos le dio el Gobierno Duque a Pegasus, de dónde salieron los 11 millones de dólares con los que se compró el software y, primordialmente, en manos de quién está Pegasus en este momento. Así mismo, le solicito a la Fiscalía que investigue a fondo tan grave denuncia y determine las responsabilidades penales de todos los involucrados en el Gobierno Duque en la compra ilegal del software de espionaje.

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