Recientemente, hemos manifestado desde el Congreso de la República una latente preocupación por los bajos niveles de ejecución presupuestal por parte de algunos ministerios y entidades en sectores fundamentales para el desarrollo de nuestro país. La preocupación cobra más relevancia cuando es bien sabido que los recursos entregados al Gobierno han sido altos con el objetivo de financiar diversos proyectos para mejorar la calidad de vida de los colombianos.
En pasados meses, el legislativo aprobó una reforma tributaria que significó, como es de esperarse, mayores sacrificios para la ciudadanía y los sectores productivos. La idea de buscar mas recursos es precisamente la de dar mejores respuestas a esa misma ciudadanía que reclama mayor y mas efectiva inversión.
Sin embargo, de acuerdo con el informe mensual de ejecución presupuestal con corte a junio de 2023 (sin tener en cuenta el servicio a la deuda), se han ejecutado 124,5 billones, lo que corresponde a un avance de sólo el 38%. Esto se debe principalmente a la baja ejecución de los recursos de inversión, de los que únicamente se han obligado 10,6 billones de pesos, es decir, una ejecución del 27,7%.
Llama especialmente la atención la baja ejecución tanto en el sector transporte como en el de inclusión social, liderado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Transporte
Este sector tiene una apropiación de $14,79 billones para el 2023 de los cuales, a julio, se ha obligado el 19%, sin tener en cuenta el servicio a la deuda. Tristemente, vamos a mitad de año y los recursos de inversión en el sector no han sido gestionados eficientemente, afectando la movilidad, conectividad y por consiguiente la competitividad del país.
Colombia requiere de enormes inversiones en su red vial, que permitan fortalecer las cadenas productivas, hacer más eficiente el transporte terrestre y bajar el flete de transporte para reducir los costos de producción, transporte y comercialización de productos.
De acuerdo con información de Invías, casi el 60% de las vías a cargo de esa entidad se encuentran en estado regular, malo y muy malo. Este escenario es mucho más dramático en el caribe, donde más del 50% de las vías, que de por sí son insuficientes para satisfacer las necesidades de la región, se encuentran en regular o mal estado, lo que afecta las posibilidades de desarrollo de esta zona del país.
Inclusión Social
El DPS, entidad responsable del diseño e implementación de programas sociales para la superación de la pobreza y la equidad social en el país, tiene una apropiación de 6,7 billones de pesos con una ejecución del 43%. A pesar de que la ejecución no es tan baja en comparación con otros sectores, inquieta que 10 de los 13 programas sociales que lidera tienen una ejecución menor del 20%.
Por ejemplo, el programa de Compensación del IVA, el tercero más grande de la entidad, no ha girado a la fecha un solo peso, lo que afecta de manera directa a miles de hogares. Esta situación debe analizarse desde una perspectiva social, dado que muchas de estas familias no cuentan con ingresos diferentes a los que reciben de dichos programas.
Más allá de la frialdad de los números y porcentajes, hay que dimensionar el impacto que lo anterior genera en los colombianos. Cada peso que se deja de invertir en infraestructura o en inclusión social, es una oportunidad menos para mejorar la vida de millones de personas. No es aceptable que, teniendo los recursos en sus arcas, el gobierno no sea más eficiente en su planeación y ejecución de los mismos.
De esta manera, tal como lo hice desde la comisión tercera del Senado, hago un llamado al gobierno para que no relativice la necesidad de invertir eficaz y eficientemente los recursos del presupuesto. Los colombianos claman por más oportunidades y un mayor dinamismo en la economía nacional. Además, muchas familias dependen de los programas estatales para subsistir. No hay más tiempo que perder.
