La violencia, el temor y la intimidación vinculados al crimen organizado afectan el desarrollo de las ciudades de América Latina y el Caribe. Hoy la delincuencia organizada tiene efectos negativos en la vida cotidiana de miles de personas y cientos de comunidades. Las capacidades del crimen organizado tienen el potencial de afectar de manera directa a las comunidades más vulnerables. Además, están influyendo negativamente en el funcionamiento de las instituciones del Estado. Los ciudadanos están agobiados y exigen respuestas contundentes. Solo basta revisar lo que está sucediendo en Ecuador, Colombia, Chile, Honduras, Venezuela, Costa Rica y México.
Existe una serie de “puntos ciegos” que les impiden a los gobiernos nacionales y locales desarrollar agendas y capacidades integrales y apropiadas para intervenir de manera efectiva la complejidad que hoy tiene el crimen organizado. Las autoridades titulares responsables de la seguridad ciudadana como alcaldes, Policía y Fiscalía están desbordadas y sin una visión estratégica y clara de este problema.
Llama la atención que al inicio de las campañas políticas electorales no se conocen propuestas programáticas serias y simplemente imperan anuncios indecentes e irresponsables como paz total, creación de policías locales, cuerpos elite, escuadrones y comandos especiales con drones, aumento de policías y presencia de militares en las calles, compra de cámaras, más cuadrantes, más CAI, más gestores de convivencia e inspectores de policía. Anuncios tipo “listas de mercado” que carecen de evidencia científica y generan aún más desconfianza en las instituciones y más incertidumbre en las comunidades.
Al menos se identifican cinco “puntos ciegos”: 1) No hay interés político por concentrar esfuerzos en comprender los flujos, los volúmenes y las ganancias del crimen organizado para tener una idea de su dimensión. El peso principal lo han tenido el narcotráfico y los homicidios instrumentales o dolosos, lo que le da menos visibilidad a su conexión con otras economías ilegales. No hay suficientes datos para comprender la relación entre los grupos criminales, el uso de la violencia y otros comportamientos delictivos.
2) Si bien las instituciones nacionales y multilaterales han avanzado en la construcción de sistemas de información, aún se encuentran importantes vacíos e inconsistencias. En el caso de la delincuencia organizada y las economías ilegales, es realmente poca la información con la que se cuenta, la cual en la mayoría de los casos se refiere a número de estructuras, integrantes, capturas, y menos a sus características, dinámicas y contextos. Bajo estas condiciones, es muy difícil avanzar en el diseño e implementación de intervenciones de alto impacto con monitoreo y evaluación rigurosa.
3) También es importante identificar aquellas consecuencias menos perceptibles como el lavado de activos. Solo basta revisar en cada ciudad el número de fiscales y la efectividad de los procesos e investigadores dedicados a la extinción de dominio y lavado de activos. Una de las principales consecuencias del lavado es la consolidación del poder económico de las organizaciones criminales, permitiéndoles penetrar en la economía legítima, sobornar a los funcionarios y crear un entorno en el que la actividad delictiva impregna el sistema político y las instituciones.
4) Otro tema que preocupa es el elevado índice de impunidad. Según el blog “Sin miedos” del BID, mientras que en Europa se condena a 81 delincuentes por cada 100 víctimas, en América Latina y el Caribe este número solo llega a 24. En el caso de los homicidios, mientras que en Asia y Europa se esclarecen el 72 % y 92 % de las muertes violentas, respectivamente, en las Américas la proporción escasamente llega a 43 %. Además, en el mundo en promedio 43 criminales son condenados por cada 100 víctimas de homicidio doloso. En algunos países de la región, esta proporción puede caer hasta menos de diez. 5) El grave problema de hacinamiento carcelario hace que las cárceles sean verdaderas incubadoras de la actividad criminal; desde allí se están formando poderosas organizaciones del crimen y se configuran complejas redes que operan dentro y fuera de las prisiones.
Responder de manera efectiva al enojo ciudadano implica intervenir de manera decidida la fluida relación entre las organizaciones criminales transnacionales y aquellas que operan en el ámbito local, principalmente, el mercado de drogas, armas ilegales, contrabando y extorsión. Además, la decisión de intervenir adecuadamente los entornos de impunidad, corrupción y otro tipo de violencias —no solo la criminal—.
Se trata de un abordaje contextualizado, focalizado y diferencial que, sin lugar a dudas, requiere de una visión estratégica de las autoridades, en la cual impere el diseño de un modelo, una estrategia integral y un plan operacional de intervención que tenga la profundidad y la sostenibilidad necesaria para fortalecer las capacidades institucionales y la gestión pública nacional y local de la seguridad acorde con la realidad que hoy exigen el crimen organizado y las economías ilegales
En principio, este modelo tendría tres niveles de intervención altamente integrados. El primero, a escala internacional que permita una cooperación judicial y policial efectiva libre de obstáculos burocráticos y políticos. El segundo nivel, a escala nacional con un alto grado de coordinación, transparencia e integración de capacidades interinstitucionales e intersectoriales. Y finalmente, un nivel a escala local que logre concretar un verdadero plan operacional con una alta sinergia de las instituciones nacionales y locales. Este último debe al menos iniciar con una verdadera caracterización del fenómeno criminal en el ámbito territorial, la puesta en funcionamiento de un esquema operacional tipo “clúster” contra el crimen organizado que genere capacidades de producción de información decisional, seguimiento y anticipación de alertas tempranas. Todo esto requiere un acertado liderazgo de las autoridades políticas que movilice inversión, integración y coordinación permanente.
No hay soluciones rápidas ni fáciles para responder al crimen organizado y las economías ilegales. Las respuestas sostenibles y el valor real de la seguridad son el resultado de un esfuerzo permanente respaldado por metas realistas. Construir capacidades requiere de tiempo y la habilidad de enfrentar desafíos que son cambiantes. La prioridad es reducir los impactos y los daños, al mismo tiempo que se reducen las dimensiones de los fenómenos criminales. En el centro debe estar la protección de los ciudadanos y la generación de oportunidades para el desarrollo. No más puntos ciegos y propuestas indecentes.
