Después de una semana larga de paro, en la que ha habido multitudinarias manifestaciones pacíficas y libres de ciudadanos inconformes que debemos respetar y actos de terrorismo urbano que nada tienen que ver con la protesta civilizada y deben ser enfrentados por la autoridad, he pensado mucho en lo importante que es recordar que somos ciudadanos del mismo país, que hay dolores y preocupaciones que nos unen. Porque el Capitán Solano y los demás compatriotas asesinados, Lucas Villa -baleado con sevicia en el viaducto que comunica a Pereira y Dosquebradas-, la mujer que perdió a su bebé cuando la ambulancia que la transportaba en labores de parto desde Chocontá a Bogotá fue agredida por una multitud, el niño que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo en una estación de Metroplus en Medellín atacada por un manifestante con un coctel molotov, los más de mil civiles y policías que han recibido heridas -incluso los uniformados atacados con fuego en la capital de la República-, los muchísimos comerciantes y trabajadores afectados por los nada pacíficos bloqueos y la destrucción de sus locales y bienes -como el dueño del hotel en Cali que todos vimos llorando y quienes laboran en granjas avícolas y porcícolas- y los millones de perjudicados por los daños a la infraestructura de transporte y el desabastecimiento y el encarecimiento creados por los bloqueos de alimentos, víveres de primera necesidad y medicinas -como el oxígeno para pacientes de Covid-19 y las vacunas contra esta enfermedad- somos colombianos.
Y los colombianos enfrentamos una crisis económica y social, una pandemia, una compleja situación de violencia y, en algunas partes del país, una crisis humanitaria representada en Cali y el bloqueo de casi todo el Valle del Cauca. La situación es tan dramática que distintos sectores tuvieron que pedir la habilitación de corredores humanitarios –aunque lo más humanitario sería levantar los bloqueos y suspender el paro.
Ante el elevado costo humano y material de estas jornadas y las rupturas existentes entre colombianos que ellas han reafirmado, cuando el llamado Comité del Paro ya presentó un pliego de peticiones (cuyo costo se calcula en más de 81 billones de pesos) y el Gobierno ya retiró el proyecto de reforma tributaria, cuando cada vez se unen más voces que piden un acuerdo nacional para salir de estas dificultades a través del diálogo incluyente basado en el rechazo de la violencia y la participación de la institucionalidad democrática y la sociedad civil y pacífica -para lo cual hay innumerables iniciativas públicas y privadas, como la invitación del Centro Democrático a organizar mesas regionales-, valdría la pena parar el paro.
En otras palabras, es momento de volver a la normalidad y buscar acuerdos para combatir el desempleo, la pobreza, la corrupción, las deficiencias de los sistemas de educación y de salud, la inseguridad, el gasto estatal, la impunidad; eso sí, admitiendo que diálogo útil no es en el que uno impone los puntos de vista sino en el que todos tenemos garantías iguales para participar y buscamos compromisos que beneficien a ambas partes.
Esta conversación, que informará decisiones que tomará el Congreso de la República, podría incluir entre sus preacuerdos i) la determinación del Estado de hacer rendir cuentas ante la justicia a los responsables de la violencia -tanto civiles como servidores del Estado- y condenar todos los atentados contra la vida, la integridad, las libertades y la propiedad con independencia de quién es la víctima; ii) el compromiso de no divulgar mentiras ni apelar al discurso de odio sino de discutir a la luz de la evidencia; iii) la aceptación de que el disenso es inherente al debate democrático y por ello no debe estigmatizarse al contradictor político; iv) el rechazo a cualquier injerencia internacional o de grupos armados ilegales; y, v) el entendimiento de que estamos en una democracia: el ejercicio del poder depende del juicio ciudadano de los votos y los cambios son graduales, no transformaciones abruptas y violentas en nombre de la sociedad ideal. Estas premisas podrían guiar el intercambio entre colombianos acerca de aspectos de la crisis y cuestiones que provocaron el paro y dividen profundamente a la nación.
Entre nosotros hay discrepancias sobre cómo enfrentar los desafíos, pero gran acuerdo en que deben ser superados. Coincidimos en que hay que vencer la pobreza, creemos condiciones para generar más riqueza y fraternidad solidaria entre ciudadanos para lograr más bienestar. Todos queremos un país en paz, entonces discutamos sin temor si la impunidad y que criminales de guerra conocidos den lecciones de ética desde el Capitolio Nacional gracias a un acuerdo rechazado por la mayoría de colombianos es mejor que la verdadera justicia. Atendamos los reclamos justos de los movimientos sindicales que sean compatibles con los derechos de los niños y procuremos volver a clases presenciales con las precauciones de salud necesarias: el Covid no se ha ido. Corrijamos las deficiencias de nuestro sistema de salud, financiado por empleadores, trabajadores y el Estado, y discutamos su desempeño sin ignorar que ha logrado cubrimiento universal, que los colombianos gasten en salud menos que el promedio en América Latina y que superó el modelo anterior, que dejaba a millones de colombianos sin protección. Y mejoremos la oferta social del Estado a partir del empleo de la razón, no de la pasión y la violencia que se nutre de rabia, y la paciencia que exige la vida en democracia. Y no presentemos ante audiencias extranjeras la movilización callejera de estos días como una revolución contra una dictadura opresora y asesina de su propio pueblo: todos sabemos que el Gobierno del Presidente Iván Duque, imperfecto como toda obra humana pero respetuoso de los derechos humanos, fue escogido por la mayoría de los colombianos para un período de cuatro años.
Las divisiones no pueden ser más poderosas que el amor al mismo país. Que pare el paro que nos divide y siga la conversación que nos puede unir.
