María José Pizarro

Activista y política colombiana. Desde el 20 de julio de 2022 ejerce el cargo de Senadora de la República, en representación del Pacto Histórico. Entre 2018 y 2022 fue miembro de la Cámara de Representantes.​

María José Pizarro

Reflexiones sobre el fallo del Consejo de Estado

Son muchas, y muy preocupantes, las interrogantes que deja el fallo del Consejo de Estado, mediante el cual se pretende declarar la nulidad de mi elección como primera vicepresidenta del Senado de la República de Colombia. Quizás una de las que más se repite es ¿por qué para esta entidad el Pacto Histórico es una coalición de partidos por separado para unas cosas pero un partido mayoritario que actúa en bancada para otras?

En períodos anteriores, el cargo del cual me despojan estuvo consecutivamente en manos del Partido Liberal, Partido de la U, Liberal nuevamente, Centro Democrático, dos veces seguidas la U, Cambio Radical, Partido Conservador, y así sucesivamente. ¿Por qué, entonces, el Consejo de Estado no aplicó el mismo criterio que hoy aplica, cuando ninguno de estos partidos fue minoritario? Este fallo nunca se había aplicado antes a ningún otro partido.

De hecho, cuando estuve en la segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes en la legislatura 2019-2020, gracias al Estatuto de la Oposición, el primer vicepresidente fue Óscar Villamizar del Centro Democrático, tiempos en los que dicho partido era la primera mayoría de la cámara. ¿Y el Consejo de Estado? Bien, gracias.

Podría también plantear algunas interrogantes más de fondo, como por ejemplo, ¿por qué se juzga mi elección como parte de una coalición electoral citando el artículo 40 de la Ley 5 de 1992, cuando este señala que el cargo es para un partido? Debo recordar a la opinión pública que hago parte del MAIS, partido que cuenta con cuatro curules en Senado, una de ellas de la circunscripción indígena; y si 4 de 108 senadores no es ser una minoría, entonces ¿qué es?

Estas interrogantes nos dejan ver que aparentemente se estaría aplicando un criterio de valoración distinto para los partidos que hacemos parte del Pacto Histórico, y otro para aquellos que por décadas se han repartido el poder. Esta situación afecta el sano ejercicio de la democracia y lleva al país a una sensación de inestabilidad jurídica, pues no puede ser que el mismo ente judicial tenga dos criterios para fallar sobre asuntos de elección popular: el fallo contra mi elección como vicepresidenta del Senado, es sustancialmente contradictorio con las bases que fundaron los fallos contra Alexander López, César Pachón y Roy Barreras, todos del Pacto. Pasa lo mismo con la argumentación con la cual le quitaron la personería jurídica a Fuerza Ciudadana. ¿Por qué, por el contrario, no se investigó la personería del Centro Democrático debido a los recursos Odebrecht en la campaña de su candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga?

Las acciones del Consejo de Estado, entonces, afectan el libre ejercicio político de las coaliciones en materia electoral y castiga a las minorías cuando llegamos a las mesas directivas, protegiendo a las mayorías que históricamente han controlado el Congreso. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en la necesidad de que el ordenamiento jurídico colombiano respete la autonomía de las elecciones que se desarrollan en el país. La decisión del Consejo de Estado no brinda garantías democráticas y contravendría, además, los derechos protegidos para las mujeres en política que se señalan en la Convención de Belém do Pará.

Actualmente, soy la única mujer en las Mesas Directivas del Congreso, y también la primera mujer de la izquierda progresista en la historia del país en presidir el Senado de la República. Mi compromiso es con Colombia, por lo que hoy desde la vicepresidencia -en la que aún continúo y desde la cual expondré mis argumentos para permanecer allí-, y mañana desde cualquier espacio, defenderé mis convicciones, nuestro proyecto político y la agenda del cambio en beneficio de las gentes de mi tierra.

En este orden de ideas, en los próximos días anunciaremos acciones para defender mis derechos políticos, pero también para defender el libre ejercicio de la democracia en toda la nación. No podemos seguir en un país donde las entidades a cargo de velar por el cumplimiento de la ley actúen ambiguamente, o mantengan interinatos cuestionados a nivel internacional. Si queremos construir una Colombia a la altura de nuestros sueños, todo el país debe estar al nivel del llamado de la época.

Por más que intenten amedrentarnos, desgastarnos, arrebatarnos la alegría y la moral, no lo van a lograr; no pueden frenar el cambio. Firmes y adelante, seguimos.

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María José Pizarro
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