Nicolás Otero Álvarez

Nicolás Otero Álvarez es abogado especialista en derecho contencioso-administrativo de la Universidad Externado. Se desempeña como asesor y litigante independiente en derecho administrativo, inmobiliario y urbanístico. Lector y fotógrafo aficionado.

Nicolás Otero Álvarez

Reforma a la justicia y democratización de la Jurisdicción

En los debates sobre la reforma a la justicia en Colombia, se ha evidenciado una tendencia marcada por las visiones de las altas cortes. Esta perspectiva vertical, distante de las vivencias cotidianas de los ciudadanos de a pie, suele desconocer las dificultades enfrentadas por aquellos que, por cuestiones de mínima cuantía o en procesos trascendentales que definen sus vidas, chocan con un sistema judicial diseñado para ser inaccesible, costoso y excesivamente especializado. Lejos de adaptarse a la complejidad del mundo contemporáneo, esta aproximación perpetúa una barrera que limita el derecho fundamental de acceso a la justicia, especialmente para las comunidades más vulnerables. Estas últimas, marginadas de los debates sobre reformas, ven cómo el sistema jurídico favorece el mantenimiento del statu quo y se consolida como un mecanismo de elite que profundiza las desigualdades sociales, en vez de ofrecer soluciones justas para todos.

La necesaria reforma de la justicia en Colombia debe trascender la mera revisión de procedimientos y formalismos para incluir un profundo examen de la legislación sustantiva del país. Esta aproximación holística es esencial para superar la actual predisposición hacia soluciones formulistas, promovidas bajo la bandera de la eficacia y la economía procesal. Si bien estos factores son importantes, no deben prevalecer a expensas de los principios básicos del Estado social y democrático de derecho. En un momento en que las democracias occidentales enfrentan una crisis de legitimidad, amenazadas por opciones totalitarias, privilegiar la celeridad sobre la verdad representa un fallo estructural de nuestro sistema judicial y es inaceptable en un orden liberal. Por tanto, es imperativo reformar nuestro ordenamiento para que refleje un equilibrio entre la eficiencia procesal y la fidelidad a los valores fundamentales de justicia, verdad y acceso equitativo para todos.

Con base en algunas experiencias como litigante, compartiré ideas que, si bien no pretenden ser soluciones definitivas, aspiran a enriquecer el debate con una dosis de pragmatismo y justicia. Estas reflexiones emergen de la práctica directa y tienen la intención de aportar perspectivas que contribuyan al debate.

La propuesta de unificar la jurisdicción y establecer una sola alta corte con diferentes especialidades es una iniciativa que busca simplificar y aumentar la eficiencia del sistema judicial colombiano. Es razonable argumentar que en el ámbito jurisdiccional solo sean admisibles dos grandes regímenes procesales: el penal y el general. La existencia de códigos específicos para lo contencioso administrativo y lo laboral en Colombia, aunque históricamente justificada, parece ahora una redundancia innecesaria.

La integración de principios del derecho de familia dentro del Código General del Proceso demuestra que es posible contemplar la especificidad de ciertos ámbitos del derecho sin necesidad de recurrir a legislaciones fragmentadas. Esta experiencia sugiere que los principios particulares del derecho laboral y contencioso administrativo podrían incorporarse eficazmente dentro de un código procesal general que establezca las directrices específicas para cada tipo de juicio, como las causales de nulidad de los procesos contencioso-administrativos (Art. 137 del CPACA). Esto contribuiría a una mayor coherencia y eficiencia en el sistema judicial, reservando la distinción de un régimen procesal penal especial por las particularidades del sistema acusatorio, que justifican su tratamiento diferente. La nueva codificación debería distinguir de forma expresa, al estilo del artículo 164 del CPACA, la caducidad de la acción en materia civil, según las pretensiones que se persigan.

Igualmente, es necesario unificar la jurisdicción y establecer una sola alta corte con diferentes especialidades que hagan más coherente el funcionamiento del sistema jurídico. Actualmente, el estudio del daño atribuible al Estado difiere del de los particulares principalmente por los títulos de imputación y la distribución de la carga de la prueba, por ejemplo, en el régimen de riesgo excepcional establecido por el Consejo de Estado. Sin embargo, algunas de estas reglas se asemejan a las de los regímenes subjetivos de culpa presunta por el hecho de las cosas animadas o actividades peligrosas, que son conceptos desarrollados por el Código Civil y reforzados por la histórica Corte de Oro. No obstante, esta dualidad de jurisdicciones puede resultar en que, ante un mismo hecho, la indemnización de la víctima varíe significativamente dependiendo de la jurisdicción competente.

Para superar esta fragmentación, propongo la incorporación de las especialidades constitucionales y administrativas dentro de una jurisdicción unificada, que dejaría de ser ordinaria en contraposición a la contencioso-administrativa. Una sola especialidad debería conocer todas las nulidades, así como las acciones populares, de tutela y de cumplimiento: el interés general y particular de raigambre constitucional. Los asuntos contractuales y de reparación directa, tradicionalmente desarrollados por la doctrina civil y mercantil, serían atendidos por los jueces de estas especialidades, eliminando las barreras artificiales que se han construido entorno al contrato estatal y la responsabilidad extracontractual del Estado. Esta reforma estructural no solo facilitaría la resolución de conflictos bajo un marco jurídico unificado, sino que también pondría fin a la división del Poder Judicial, que con las extraordinarias potestades que la Constitución le otorga al presidente, contribuye al desequilibrio en la distribución del poder en Colombia.

La segmentación del Poder Judicial en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema ha favorecido históricamente una concentración de potestades en las ramas Legislativa y, sobre todo, Ejecutiva. Una alta corte unificada con diferentes especialidades promovería la coherencia en la interpretación y aplicación del derecho, fortaleciendo el contrapeso judicial frente a las otras ramas del poder. Esto es crucial para materializar los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, mediante jueces que, ejerciendo su poder con convicción, puedan garantizar la justicia.

Es cierto que nos encontramos frente a la crisis de la separación de poderes, pero esta no necesariamente debe interpretarse como su terminación. El análisis del funcionamiento de las estructuras de poder sirve para controlarlo, racionalizarlo y democratizarlo. Esta visión implica una faceta organizativa, pero no por esta razón deja de ser sustancial.

La propuesta de enfocar el sistema judicial en la búsqueda de la verdad, revitalizando los juicios de conciencia en el ámbito penal y promoviendo la implementación de procedimientos con jueces y jurados para otras materias, apunta hacia una justicia más participativa y democrática. En el contexto civil y administrativo, donde la competencia de los jueces se define principalmente por el valor económico de las pretensiones, es crucial reconocer que no todos los conflictos requieren de un juicio extendido, con todas sus etapas e instancias. Sin embargo, aquellos que ameritan toda la atención de la Jurisdicción, no solo por su relevancia económica, merecen un proceso que refleje el principio democrático mediante la inclusión de jurados. La participación de ciudadanos comunes en los veredictos aportaría una perspectiva más humana y sensible a la resolución de disputas, contrastando con una práctica judicial donde, en ocasiones, la eficiencia y las estadísticas pueden priorizarse sobre la justicia sustantiva.

Los jurados, al estar compuestos por miembros de la comunidad sin la carga de metas de eficiencia o bonificaciones, estarían menos inclinados a descuidar la importancia de las pruebas o la intervención activa en el juicio. Esta inclusión de la ciudadanía en el proceso judicial no solo democratiza la justicia, sino que también contribuye a una mayor legitimidad y aceptación de las decisiones judiciales. Al sumar diversas perspectivas y experiencias de vida al análisis de los casos, los jurados pueden enriquecer el proceso de toma de decisiones, garantizando que se considere una gama más amplia de factores humanos y sociales en la resolución de conflictos civiles, administrativos y penales.

En conclusión, la reforma de la justicia en Colombia demanda un enfoque holístico que no solo revise los aspectos procedimentales, sino que también reconsidere las bases estructurales y filosóficas del sistema judicial. Es imprescindible que estas reformas se orienten hacia la promoción de una justicia accesible, eficiente y, sobre todo, equitativa, asegurando que el sistema sirva realmente a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y democrática, donde el derecho a la justicia sea una realidad tangible para todos.

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Nicolás Otero Álvarez
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