Durante cinco semanas, he intentado en este espacio esbozar el contexto en el que se desarrolla el complejo asunto del comercio y consumo de cocaína en Colombia. Por qué llegó este país a convertirse en el mayor productor de esta droga, cuáles han sido sus consecuencias y cuán inútil ha sido la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Ya ha pasado medio siglo desde que el presidente Richard Nixon acuñó un término más o menos equivalente a ése en inglés, pero el concepto es el mismo. Y a pesar del tiempo transcurrido, agencias de lucha contra las drogas, organismos gubernamentales, portavoces policiales, etc., etc., insisten en Estados Unidos y en Colombia en presentarnos a diario unos hechos y unas cifras que lo único que hacen es certificar su fracaso.
Conscientes de esto último y ante la clara evidencia de que el Estado es el único que debe manejar este asunto (como hizo España en Filipinas con el opio que consumían los chinos allí en el s. XIX, según vimos en la primera entrega de esta serie), un grupo de senadores encabezados por Iván Marulanda, ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley “regulatorio de la hoja de coca y sus derivados”. En otras palabras, el legislativo colombiano deberá estudiar la regulación de la fabricación y el consumo de cocaína en Colombia.
Dicho así es algo que asusta a mucha gente y por supuesto, no tardaron en reaccionar, desde el gubernamental Centro Democrático los primeros, claro: “Colombia no puede convertirse en un país paria y de liberación del mercado de drogas”, según el senador de ese partido José Obdulio Gaviria.
Resumido en pocas palabras, si esta iniciativa llegase a prosperar en forma de ley de la república, el Estado deberá comprar la producción de hoja de coca a los campesinos cultivadores al precio del mercado —previa regulación también de este cultivo— elaborar la cocaína necesaria para abastecer a los 253.000 (dato oficial) consumidores colombianos mediante fórmula médica; destinar otra cantidad al mercado tradicional de las comunidades indígenas andinas y amazónicas que han utilizado la “hoja sagrada” desde siempre con fines alimenticio, medicinal, elemento ritual e incluso como medio de intercambio; y destruir el excedente de la producción.
Este proyecto de ley, producto de una labor de dos años de estudio, que lleva la firma de veintiún parlamentarios de diversos partidos y que aborda de manera honesta y descarnada la forma en que el Estado colombiano debería enfrentar un problema que ha desangrado al país durante varias generaciones, es digno de ser estudiado con rigor no solo por los legisladores sino por la academia, por los analistas, por los líderes de opinión, como la iniciativa más seria que ha habido en Colombia para superar el que es quizá su mayor escollo de progreso.
El cultivo ilegal de hoja de coca y su transformación en cocaína ha martirizado y esclavizado comunidades enteras, destruido la riqueza y el medio ambiente de los colombianos, sembrado el terror en las ciudades, sacrificado las vidas de legiones de jóvenes, arruinado a cientos de miles de familias en este país, poblado las cárceles del mundo con colombianos; ha distorsionado la economía, alimentado una guerra, sojuzgado a la clase política con el poder corruptor del dinero y se ha convertido en la mayor amenaza para la democracia y el factor que más atenta contra la convivencia de los colombianos. ¿Quién quiere que esto continúe? ¿A quién le interesa que esto siga así mientras el consumo de cocaína en el mundo permanece inalterable?
“Ese es el verdadero problema que se ha pretendido esquivar en todos estos años con el sistema de recargar señalamientos y responsabilidades en Colombia, que en su agobio y resignación se destruye paso a paso, invadida de culpas, mientras lleva a cuestas una guerra que no se merece ni le pertenece”, dicen los ponentes en la exposición de motivos de este proyecto de ley.
Cuando se analizan las cifras relativas a este problema te encuentras con el dilema de no saber si estamos ante un caso de maldad o de estupidez humana. Colombia destina más del doble del presupuesto para el sector agropecuario a combatir el tráfico de drogas y desarticular las organizaciones criminales vinculadas a este negocio.
Entre tanto, según el Departamento de Justicia norteamericano, el potencial de producción de cocaína de calidad de exportación pasó de 400 toneladas métricas en 2008 a 887 en 2018; y según la ONU, ese mismo año el número de consumidores era de 19 millones, con tendencia estable en las regiones con el mayor número de estos (Norteamérica y Europa concentran el 61% de los consumidores a nivel mundial).
Con el pretexto de la “guerra contra el narcotráfico”, se han cometido, y se siguen cometiendo hoy en día, toda clase de atropellos y desafueros contra la población colombiana. Es hora de acabar con esto. No sabemos qué recorrido puede llegar a tener este proyecto de ley; en todo caso, pone sobre el tapete un tema hasta ahora tabú en Colombia: la regulación de la cocaína.
Ahora sabemos que, por lo menos, en las próximas campañas políticas el asunto tendrá que ser tema de debate, y todos los candidatos tendrán que retratarse ante este fotógrafo.
