Rodrigo Uprimny argumentó ante la Corte Constitucional que la oposición obstruyó de tal manera la reforma pensional, que logró engavetarla más de 7 meses y que por lo tanto, habiendo obstruido el debate, no podemos exigir que se cumplan los debates y los tiempos exigidos por la ley para aprobar un proyecto. Así que, concluye el constitucionalista, que la pensional no debe ser declarada inconstitucional.
Sea lo primero decir que es legítimo y legal obstruir los proyectos del gobierno. Si la oposición es minoritaria, la única forma eficaz para atajar un proyecto del gobierno es obstruirlo. Sin embargo, la ley colombiana tiene múltiples guillotinas; mecanismos para limitar y recortar la obstrucción, como veremos a continuación:
Las ponencias de la pensional se radicaron el 4 y 6 de octubre y la reforma solo se anunció el 13 de diciembre de 2023. Pretenden decir que como la mesa directiva era mayoritariamente de oposición, el gobierno y su bancada no pudieron anunciar el proyecto ni ponerlo a consideración de la plenaria. Sin embargo, durante ese período la senadora María José Pizarro presidió 11 plenarias de Senado. Ella pudo haber ordenado el anuncio del proyecto. Nunca lo hizo. Anunciado, el Pacto Histórico podría haber presentado proposición para modificar el orden del día e incluir la pensional. Tampoco lo hicieron. Lo cierto es que para entonces el gobierno no tenía mayorías necesarias para aprobar la pensional, por eso no la sometieron a consideración.
Uprimny afirmó que la oposición rompió el quórum e impidió que la pensional se debatiera. Falso. La oposición en el Senado está integrada por el Centro Democrático y Cambio Radical, 23 congresistas de 105. Así las cosas, si el gobierno hubiera tenido mayorías, 53 congresistas, estos le habría alcanzado para hacer quórum y para votar favorablemente la reforma. Si en 4 sesiones rompimos el quórum fue porque las mayorías así lo permitieron. La oposición solo puede romper el quórum cuando el Gobierno no tiene mayorías.
La pensional se dilató por la presión de las bancadas mayoritarias para lograr un acuerdo con el gobierno. El 15 de abril, el Gobierno llegó a un acuerdo con el Partido Liberal; pese a la reticencia el gobierno finalmente cedió en 3 puntos: bajó el umbral, se fijó la prohibición de usar los recursos del ahorro en subsidios, y se estableció la pertenencia del ahorro a cada colombiano.
Con ese acuerdo el gobierno constituyó las mayorías y aprobó la ponencia y en las siguientes dos sesiones todo el articulado.
Así las cosas, queda bien probado que quienes obstruyeron no fueron solo los miembros de oposición, fueron las mayorías constituidas de varios partidos que lo presionaron durante meses para lograr acuerdos.
Cabe anotar que la naturaleza de los acuerdos que dio lugar a la votación hoy está siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia. Todo parece indicar que la pensional la destrabaron los dineros corruptos de la Unidad del Riesgo.
Tampoco es cierto como sostiene el doctor Uprimny que presentar proposiciones y audiencias públicas sea motivo para reprochar la oposición. Todos los congresistas tenemos derecho a presentar proposiciones y todos los proyectos significativos siempre tienen y deben tener audiencias públicas. Claro que sirven como mecanismo de obstrucción, y de negociación, pero como lo hemos dicho, obstruir es legítimo, válido y es el mecanismo más importante de la oposición para lograr frenar proyectos que considere inconvenientes. Censurar al Congreso y pretender convertirlo en el notario del Gobierno, es no valorar debidamente los frenos y contrapesos propios del Estado de derecho.
Esos mecanismos, si bien pueden alargar el tránsito de un proyecto, jamás serían capaces de atajar una mayoría consolidada: Que negaría rápidamente los bloques de proposiciones, y que agenden las audiencias en días sin sesiones. Además, las audiencias públicas deben ser aprobadas por la mayoría. El Gobierno pudo haberlas negado de haber tenido los votos.
La pensional es que llegó hundida a Cámara. No era culpa de las 700 proposiciones, ni de los días que se tomaran las audiencias. Es que el gobierno no construyó las mayorías necesarias en el Senado a tiempo.
Y su demora en llegar a acuerdos -o en comprar los congresistas como parece que lo hizo- no es una razón suficiente para validar los atropellos del último debate de la pensional. Los congresistas tenemos derecho a que las proposiciones se voten aunque sea negativamente, y tenemos derecho a que se respeten los tiempos mínimos para discutir un asunto.
Vale recordar que los tiempos del debate están bien limitados por la figura de la “suficiente ilustración” que impide que una discusión sea infinita. La figura permite terminar un debate sobre un asunto a las 3 horas de haberse iniciado o habiendo discutido durante dos sesiones.
Así que no hubo debates eternos, lo que sí hubo fue abuso de la suficiente ilustración. El Presidente de la Cámara – hoy en la cárcel- no presidió la sesión clave del 14 de junio. El Vice quería salir rápido del asunto, aunque les quedaban todavía 6 días para discutir. Pero querían votar rápido y no sesionar el fin de semana pues era el día del padre. Suspendió las intervenciones que debatían la conveniencia de acoger el texto de Senado cuando apenas llevaban una hora de discusión. Alegando que era la segunda sesión; sin embargo, como es evidente esta no era la discusión del proyecto, sino de esa proposición que requería al menos 3 horas.
Sorprende que Uprimny para Cámara defienda la “suficiente ilustración” como un mecanismo guillotina -para cortar el debate en cámara- pero evite utilizarlo en su reflexión sobre los hechos del Senado. Si lo de Cámara se podía cortar a los dos días, qué le hace pensar que los partidos de gobierno no lo hubieran podido usar para recortar el tránsito en el Senado.
La plenaria de la Cámara acogió el texto aprobado por Senado e ignoró las 700 proposiciones que habían radicado los Representantes, que no se discutieron ni se votaron.
A la Corte no le corresponde exculpar una elusión del debate bajo el pretexto de que la pensional estaba próxima a hundirse. Este es un vicio insubsanable. Esto abriría las puertas a que el Congreso pupitree los proyectos a las carreras, sin discusión ni respeto a las minorías y, un año después, corrija el trámite tras una orden de la Corte. Más cuando la falta de debate fue producto no de acuerdos sino de negociados.
