Las autoridades ejecutivas territoriales, tienen la obligación legal de conservar y garantizar el orden público en su respectiva jurisdicción, de conformidad con las leyes y a lo establecido en la Constitución Política de Colombia (Artículos 303 para el caso de los gobernadores y 315 en relación con las competencias de los alcaldes municipales o distritales) Por lo tanto, los alcaldes como primera autoridad de policía, son responsables de garantizar el orden público y deben disponer de los medios necesarios para mantener la seguridad ciudadana, protección de los derechos y libertades públicas.
Lo que hemos presenciado en los últimos meses con las protestas, manifestaciones, marchas, bloqueos, vandalismo y actos terroristas en ciudades como Cali, Popayán, Bogotá y Medellín, es que a sus mandatarios, se les ha olvidado su obligación legal de ejercer la autoridad e imponer el orden, trasladando su responsabilidad al gobierno nacional, lo que evidencia una falta de gobernabilidad e innegable permisividad con algunas organizaciones como las que se autodenominan “Primera Línea en las manifestaciones del país, algunas de estas, infiltradas por estructuras delincuenciales (ELN, disidencias de las FARC, narcotráfico), que han ocasionando un grave deterioro del orden público, generando caos, destrucción de bienes públicos, culturales, patrimonios históricos y privados, afectando la tranquilidad ciudadana, la libre circulación, el empleo, la productividad y la inversión en esas ciudades.
Para nadie es un secreto, que detrás de este accionar de las protestas, bloqueos, actos vandálicos y actuaciones terroristas en diferentes ciudades, hay un claro propósito político de desestabilizar al país, para influir en los resultados electorales de las próximas elecciones para elegir un nuevo congreso y la presidencial que se celebrarán el próximo año, desdibujando con ello, las verdaderas causas y demandas de la protesta social que promueven algunas organizaciones sindicales serias, juveniles y movimientos sociales, que se manifiestan de manera pacífica.
Sin embargo, ha sido notorio el rechazo que ha estos actos, en la gran mayoría de los colombianos, especialmente, de pequeños y medianos comerciantes, empresarios, trabajadores independientes, empleados y sociedad en general, que han visto afectado el transporte para llegar a sus sitios de trabajo y regresar a sus hogares, que han visto afectada su tranquilidad, que ven como tarda la reactivación económica y la generación de empleos. Quienes se han dedicado a impulsar y financiar estas estrategias maquiavélicas, de desestabilización institucional y caos, nunca imaginaron que les crearía un efecto boomerang de rechazo y repudio por la mayoría de los ciudadanos, afectando sus pretensiones politiqueras.
Lo que está sucediendo en Bogotá, es un episodio deprimente, en el que se demuestra una crasa falta de autoridad para establecer el orden, ocasionando un grave deterioro del orden público, a través de actos vandálicos, terroristas y aumento desmedido de los niveles de inseguridad en varias localidades, mostrando una ciudad anárquica, caótica, desorganizada, con una autoridad local que deslegitima el accionar de la fuerza pública, ocasionando además, un gran deterioro de los bienes públicos, aumento del desempleo y pocos avances en la obras de inversión dejadas por la administración anterior. En consecuencia, lo que vemos los bogotanos, es un lamentable retroceso del desarrollo de la ciudad, que demuestra la falta de gerencia pública y exiguos resultados en la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital, que se manifiestan en las cifras de desaprobación de la gestión de la alcaldesa por la ciudadanía capitalina.
Según cifras de la empresa Transmilenio, 101 estaciones y 546 buses (342 troncales y 204 zonales) fueron blanco del vandalismo durante los meses de protestas. Estos hechos criminales han afectado a más de 500.000 usuarios al día, principalmente de los estratos 1, 2 y 3, por ser quienes más utilizan este servicio de transporte, lo cual implicará unos costos incalculables para el bolsillo de los bogotanos, porque es de los recursos de todos, que saldrá el dinero para reparar el daño a la infraestructura de movilidad, los CAI, sin incluir los daños y costos colaterales al comercio, sistema financiero, al sector productivo, que deben cerrar sus actividades por los bloqueos, actos de vandalismo y terrorismo puro, cometidos por algunos desadaptados que participan en estas protestas.
Hay que garantizar la protesta pacífica, y atender las justas demandas de los jóvenes en la capital de la República, pero la línea que debe atender e impulsar la administración distrital, es “ Primera Línea del Metro de Bogotá”, que avanza a paso lento en los casi dos años de desgobierno. Una de las preguntas que surge es ¿A dónde quedó esa visión de la Bogotá progresista que dejó instalada la anterior administración? Si bien, la pandemia ha hecho mucho daño, no es disculpa para perder la brújula frente a los avances que se habían obtenido y continuar por la senda del desarrollo y progreso de la ciudad.
El caso de la ciudad de Cali, ha sido el de mayor gravedad, la situación caótica a la que se han visto enfrentados los habitantes de esta ciudad, originada por los actos de destrucción que dejaron las protestas, demuestran una profunda falta de gobernabilidad por parte de su administración. Según palabras del mismo alcalde, las pérdidas en la ciudad y el resto del Valle, ascienden a 2,5 billones de pesos, lo que ha afectado la industria avícola, azucarera y el comercio en general, aumentando las cifras de desempleo, desestimulando la inversión y aumentando los niveles de pobreza en esa región del país, con altos índices de desigualdad social que llevará varios años recuperar los avances obtenidos en el pasado.
Preocupa mucho y genera gran indignación, lo que viene sucediendo en la ciudad de Medellín, con el adoctrinamiento, instrumentalización y entrenamiento de menores de edad y adolescentes por parte de integrantes de la llamada “Primera Línea” encargados de generar odio a la fuerza pública y prepararlos para posibles enfrentamientos, en contextos de protestas y marchas; urge que las autoridades de derechos humanos tomen medidas frente a la instrumentalización de los menores, que haya acciones contundentes por parte de la administración de la ciudad, para hacer respetar los derechos de los niños y así prevenir o evitar que sean usados como escudos en posibles actos de vandalismo y terrorismo.
¿Cómo puede progresar un país, que está destruyendo la mente y el corazón de los niños y adolescentes?, ¿A quiénes les interesa destruir de esta manera los sueños de los niños?, ¿A quiénes les es útil instaurar el anarquismo en nuestra patria?, ¿Por qué algunos gobernantes de turno ignoran esta realidad y no toman medidas necesarias?
Estos episodios de falta de gobernabilidad, populismo y permisividad con estas organizaciones vandálicas en algunas ciudades, deja grandes preocupaciones y reflexiones de cara a las próximas elecciones, pues la falta de gerencia pública, ejercicio de la autoridad y orden, afectan el progreso de las regiones generando desempleo, miseria, limitando la reactivación económica. Lo que estamos viendo es una pérdida total del rumbo de ciudades tan importantes como Bogotá, Cali y Medellín. Por ello, hay que prestar mucha atención a este desafío y tomar las medidas oportunas que sean necesarias en el marco de la constitución y la ley para contrarrestar estas acciones desestabilizadoras de nuestra democracia que pueden llevarnos a instaurar regímenes populistas en nuestro país.
Nota: Hay que hacer un reconocimiento al gobierno nacional y las autoridades sanitarias por la forma como viene avanzando el Plan de Vacunación en todo el país, 22-241.399 dosis aplicadas, 9.415.025 esquemas completos a la fecha. Contrario, a lo que pensaban algunos escépticos, se va alcanzar la inmunidad de rebaño al finalizar el año 2021.
