Se aproxima para Colombia la contratación de la plataforma de expediente electrónico para la rama judicial, para esto el Banco Mundial, esta elaborando los términos de referencia, siendo este uno de los proyectos TIC más importantes. Por lo tanto, el país se encuentra en proceso de definir el camino correcto que conduzca a la implementación del expediente electrónico en la administración de justicia, por esto se debe establecer el modelo de autenticación electrónica (validación de identidad de personas naturales y jurídicas), autenticidad de los mensaje de datos, la firma digital, intercambio electrónico de datos, valoración de pruebas, certificación digital y las sedes electrónicas, entre otros, complementados con la carpeta ciudadana, la interoperabilidad de las entidades intervinientes y la conectividad de todos los juzgados del país, por lo que, de acuerdo al MinTic, debe prevalecer el modelo de competencia, abierto y en condiciones de igualdad. El expediente electrónico esta siendo el foco de atención de la transformación digital en el sector judicial.
De esta transformación digital hace parte el sistema de justicia colombiano, que necesariamente tiene que usar las herramientas digitales como parte de la solución a los cuellos de botella que se presentan y con ello amparar los derechos fundamentales de los ciudadanos de manera eficiente. Por esto las TICs jugarán una función esencial para la transformación del sistema de justicia al garantizar el acceso digital a los ciudadanos y hacer del sistema de justicia, uno más cercano y amigable al simplificar y estandarizar los procesos por medio de servicios en línea permitiendo a usuarios enterarse de las funciones y actuaciones al dar seguimiento en línea a los procesos.
De acuerdo a lo anterior, se podrán fijar audiencias, descargar documentación de un expediente, realizar diligencias e integrar la dinámica del tribunal, de la comunidad, de auxiliares de justicia y de abogados que con identificación digital podrán interactuar con el ecosistema digital de la rama judicial con relación a sus casos, a los servicios vinculados, a recibir notificaciones electrónicas, gestión documental de los procesos y a bases de datos jurisprudencial y legal donde será suficiente el empleo de documentos digitales o electrónicos con mayor eficiencia y eficacia, hasta llegar a la justicia sin papel al hacer más eficiente y económica, impartir justicia.
Los trámites digitales deben garantizar aspectos básicos, como, la identidad de las partes, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos que hagan parte del proceso; la seguridad y debido tratamiento de datos personales de las partes. No obstante, los tiempos procesales establecidos por ley, las excepciones y la alta congestión en los juzgados, nos invitan a innovar y apropiar las TICs, siendo herramientas para agilizar este tipo de actuaciones, comenzando con el expediente electrónico y la aplicación y uso de tecnologías como blockchain e inteligencia artificial, IoT, analítica de datos dirigidos a brindar transparencia, economía, seguridad y agilidad a los procesos judiciales.
Se hace necesaria, en consecuencia, la convergencia de esfuerzos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar la puesta en marcha de proyectos aislados que posteriormente signifiquen esfuerzos adicionales y un mayor desgaste presupuestal. Hay que revisar el camino normativo para que esto suceda y requiere de una labor intensa de propuestas legislativas que modifiquen el procedimiento civil, el recurso de casación y la propia forma de organización judicial, entre otros, que permita la inclusión de las TICs en los procesos, incluso más allá de los dispuesto en el Decreto 806 de 2020.
Colombia está lista para entrar en la era de los servicios ciudadanos digitales, para los cuales las plataformas tecnológicas integradas a soluciones de seguridad como la certificación digital y los métodos de autenticación confiables, que cumplan con los estándares mundialmente aceptados, permitirán avanzar en la construcción de una administración de justicia digital.
Vivimos en una época de grandes cambios que nos obligan a adoptar una actitud muy flexible y abierta frente al impacto de la tecnología, por esto las TICs han llegado para proteger a los ciudadanos y facilitar sus relaciones con entidades del Estado. Algunos despachos han tratado de digitalizar total o parcial los expedientes mediante escáneres, con resultados que se quedan cortos frente a las necesidades de los usuarios de la administración de justicia.
Las notarias han impulsado la aplicación de la autenticación e identificación biométrica en línea, que permite a los notarios validar la identidad de una persona en cualquier lugar sin necesidad de desplazarse, verificando los datos al conectarse con la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que esta tecnología podría apoyar procesos penales con detenidos sin necesidad de desplazarlos fuera del centro penitenciario y carcelario y los jueces podrán interrogar mediante videoconferencia, reducir errores judiciales y mitigar riesgos de suplantación de identidad, fraudes o alteración de los documentos que hacen parte de un expediente judicial.
La apuesta por la digitalización de la justicia merece el apoyo de todos los sectores que ciertamente quieren una justicia pronta, oportuna y eficiente; pero esta, como toda tecnología, requiere además de inversión financiera, una inversión rápida en formación, aceptación de parte de funcionarios judiciales, abogados y jueces de la república.
Las TICs actualmente respaldan el proceso oral en Colombia deben proveer altos niveles de seguridad, al contar con un registro confiable de video o audio, que evite perdida o adulteración, además requiere biometría y firmas digitales y debería preservarse en medios o tecnologías más seguros (por ejemplo, la “nube” de la Rama Judicial) debidamente protegida que registren confiablemente cualquier acceso a la información o intento por modificarla.
La tecnología está disponible para todos, solo falta incorporarla en los planes de la Rama Judicial.
