Alejandro Toro

Conferencista y defensor de derechos humanos en Colombia. En la actualidad Representante a la Cámara del departamento de Antioquia por el Pacto Histórico, período 2022-2026. ​​​​

Alejandro Toro

Un contrato a dedo de $300 mil millones en tigo-une

Desde hace más de 15 años, distintas administraciones de Medellín se han empeñado en buscar la forma de privatizar a la empresa UNE. En el 2013, la alcaldía de Sergio Fajardo dio un golpe letal al permitir la fusión de la empresa con Millicom, multinacional extranjera de las telecomunicaciones, para dar nacimiento a lo que hoy conocemos como Tigo-UNE.

La nueva empresa, con una participación mayoritaria de EPM pero un manejo financiero y administrativo liderado por Millicom, ha venido en un declive constante que la puso a finales del año 2023 en la necesidad de un acuerdo de capitalización de emergencia so pena de tener que ser intervenida por el Gobierno Nacional. Se supone que se deja el manejo al privado por ser quien está orientado hacia generar ganancias, pero las decisiones que toma hacen pensar que la crisis de Tigo-UNE no es accidental.

La venta de infraestructura que aprobó la asamblea de accionistas de la empresa en enero del presente año es una de esas acciones donde no se entiende si reina la incompetencia para los negocios o si hay un interés malintencionado.

El 24 de enero de 2024 Tigo-UNE anunció que celebró un contrato para la venta de 1.132 puntos de infraestructura con la sociedad Towernex Colombia S.A.S. por valor de USD $76 millones aproximadamente, poco más de $300.000 millones de pesos. Es decir, la venta de 1.132 antenas que deben ser consideradas como patrimonio público, al ser de una empresa con una participación mayoritaria de EPM.

Revisando quiénes son Towernex Colombia, se da uno cuenta que es una empresa creada el 23 noviembre de 2023 en Bogotá, con apenas dos millones de pesos de capital y que por su tamaño se considera como una microempresa. Es decir, Tigo-UNE le va a entregar un negocio de $300.000 millones de pesos a una empresa creada hace apenas tres meses  que se creó con un capital de tan sólo $2 millones.

Es una empresa que se creó con un objeto social que sirve específicamente para servicios de telecomunicaciones, como mandada a hacer con un sastre. Creada, curiosamente, el mismo día que Fico empezó con el show mediático de la auditoría forense, como si desde noviembre supieran que Tigo-UNE, controlada por Millicom, les iba a vender las antenas con la complacencia de los miembros de la junta directiva de EPM nombrados por Gutiérrez.

Además de su poca capacidad financiera, el representante legal es otra empresa, BPO Gestoría SAS, la cual tiene como único fin servir de representante legal de otras empresas cuando los verdaderos dueños no quieren mostrar la cara. Se van a vender $300.000 millones de patrimonio público sin saber quién está del otro lado del negocio, en una maniobra que da cuenta de prácticas empresariales no éticas e irresponsables y que deja una duda inmensa sobre quiénes son los verdaderos dolientes de la infraestructura.

Ahora se hace necesario que la empresa explique cuáles fueron las razones por las que determinó necesario vender los puntos de conexión, cómo va a suplir las necesidades de infraestructura que quedan con la venta y si va a subcontratar con Towernex el uso de lo vendido.

Si se configura este escenario, estaríamos ante un absurdo donde Tigo-UNE le vende a un tercero un bien propio sólo para que dicho tercero pueda recuperar la inversión a punta de contratos con Tigo-UNE, la dueña original. Maniobra que puede ser interpretada como una terrible lectura para los negocios de parte de los directivos o como un intento descarado de acabar con la empresa pieza por pieza.

Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación está condenada a ver cómo día a día hacen los mayores esfuerzos posibles para que se pierda la posibilidad de tener su propia empresa de telecomunicaciones. Tigo-UNE sigue teniendo una participación pública mayoritaria, por lo que la empresa debe dar explicaciones sobre negocios que ponen en riesgo el patrimonio de la ciudad. Así mismo, los entes de control deben poner la lupa para no permitir que se pierda infraestructura por culpa de negocios mal manejados, sin saber con qué intención.

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